Argentina prepara una presentación internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae
La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas.El lunes 12 de octubre vence el plazo otorgado al Reino Unido para detener las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. La Cancillería busca que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúe medidas provisionales para evitar que avance la explotación de petróleo.
El Gobierno nacional se prepara para dar un nuevo paso en la disputa con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El lunes vencerá el plazo de dos semanas que Argentina concedió a Londres para frenar las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte. Ante la falta de una solución, la Cancillería trabaja en una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas urgentes.
La estrategia fue anunciada el 28 de septiembre por el presidente Javier Milei, quien instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los equipos jurídicos a iniciar un arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pedido de medidas provisionales busca preservar los derechos que Argentina considera afectados mientras se tramita el proceso, aunque la intervención del tribunal no se activa automáticamente con el vencimiento del plazo diplomático.
El proyecto Sea Lion ya cuenta con inversiones comprometidas y tiene prevista su primera producción de petróleo para 2028. Está a cargo de Navitas Petroleum, que controla el 65% de la iniciativa, y Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El desarrollo contempla pozos submarinos y una plataforma flotante para producir y almacenar crudo. En paralelo, las gestiones diplomáticas argentinas ya tuvieron repercusiones empresariales, entre ellas el anuncio de que Halliburton no prestará servicios al emprendimiento.
Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno busca que el tribunal evalúe si corresponde restringir nuevas actividades mientras se resuelve la controversia. Entre los argumentos argentinos figuran el reclamo de soberanía sobre las islas, las disposiciones internacionales vinculadas con los recursos marítimos y la necesidad de evitar acciones unilaterales. Sin embargo, el organismo no tiene competencia general para determinar a quién pertenecen las Malvinas, por lo que la presentación deberá centrarse en las obligaciones establecidas por la Convención del Mar.
La presentación todavía no tiene una fecha confirmada. Si se formaliza durante octubre, una primera resolución podría conocerse en noviembre, aunque el plazo dependerá del procedimiento y de la evaluación de los jueces. El tribunal podría ordenar medidas para preservar los derechos en disputa, imponer restricciones o rechazar el planteo. En cualquier caso, esa eventual decisión no resolvería la cuestión de soberanía, cuyo tratamiento constituye el eje histórico de la controversia entre Argentina y el Reino Unido.