Crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema desestimó la denuncia de los rugbiers contra la fiscal
El máximo tribunal de la Nación rechazó un recurso presentado por siete de los condenados por el homicidio en Villa Gesell. La acción judicial apuntaba contra la fiscal instructora y otros funcionarios por presuntas anomalías en las primeras indagatorias de 2020.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró definitivamente una vía procesal paralela impulsada por siete de los ocho jóvenes sentenciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, perpetrado en enero de 2020 en Villa Gesell. El máximo órgano judicial desestimó un planteo con el que los acusados buscaban avanzar penalmente contra los funcionarios que intervinieron en la etapa inicial de la instrucción.
El pronunciamiento llevó las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces determinaron el rechazo del recurso al advertir que la presentación adolecía de falta de fundamentación autónoma y no rebatía con solidez los argumentos fijados en la sentencia previa que se pretendía apelar.
Esta resolución no interfiere ni modifica las sentencias dictadas por el homicidio del joven estudiante, sino que clausura el litigio que pretendía imputar a los instructores judiciales por supuestas faltas funcionales.
El origen del conflicto: impugnaciones a las indagatorias
El reclamo inicial fue articulado por el letrado Hugo Tomei en momentos en que ejercía la defensa técnica de Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Desde los primeros momentos del caso, el representante legal objetó la validez de las audiencias indagatorias tomadas a pocas horas del hecho.
En su argumentación, la defensa alegó que no se les explicaron adecuadamente a los jóvenes los cargos atribuidos ni los elementos probatorios acumulados. Asimismo, cuestionó la confección de las actas procesales al sostener que se vulneraron las garantías establecidas en el Código Procesal Penal bonaerense.
En febrero de 2020, Tomei remarcó públicamente que existían irregularidades en los registros horarios de las declaraciones, señalando que la escasa diferencia de minutos entre una y otra volvía inviable el cumplimiento de las exigencias normativas, tales como la lectura de derechos y la exhibición de evidencias. Con esa base, intentó sin éxito desplazar a la fiscal Verónica Zamboni de la causa central.
La causa penal contra los funcionarios judiciales
Al margen de incorporar estos cuestionamientos en el expediente principal por el asesinato, la defensa promovió un expediente penal independiente bajo acusaciones de privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.
La denuncia apuntó directamente contra la fiscal Zamboni, integrantes del Ministerio Público Fiscal, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi y el titular del Juzgado de Garantías, David Mancinelli, quien había dictado la prisión preventiva de los imputados.
Aunque en febrero de 2022 la Cámara de Apelaciones de Dolores reconoció a los condenados el rol de particulares damnificados, la investigación penal preparatoria no prosperó. El expediente fue desestimado por inexistencia de dolo, al tiempo que se denegó la toma de declaraciones testimoniales a los propios acusados y se descartaron diversas medidas de prueba requeridas.