Fondos universitarios: la carta secreta del Gobierno para aprobar el Presupuesto
La Casa Rosada ofrece sostener alícuotas previsionales reducidas ante ARCA a cambio de reformar la ley de financiamiento. La UBA y las casas de altos estudios advierten por el impacto en sus cuentas, mientras se suman sanciones judiciales.
En el marco de las tratativas para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo nacional puso sobre la mesa de diálogo una propuesta para sostener la reducción en las contribuciones patronales que abonan las universidades públicas. La medida atañe a las cargas sociales que las instituciones educativas pagan en calidad de empleadoras por sus plantas docentes, no docentes y jerárquicas con destino a la seguridad social.
La intención oficial apunta a articular una solución sobre el esquema tributario gestionado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en paralelo a una ampliación de las partidas destinadas a educación superior en el proyecto de Presupuesto 2027. Fuentes de Balcarce 50 confirmaron la inclusión de esta variable en las conversaciones, aunque aclararon que el porcentaje definitivo de la alícuota se mantiene en debate y que los intercambios con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) continúan siendo de carácter informal, sin haberse formalizado todavía un pacto definitivo.
El origen del beneficio previsional y la escala de convergencia
El tratamiento impositivo en pugna se remonta a 2010, año en que se instauró un sistema específico para sanear los pasivos de la seguridad social que arrastraban diversas casas de altos estudios. Mediante el Decreto 1571/2010, se determinó una tasa especial del 10,17% aplicada a la masa salarial —repartida en 8,67% para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y 1,5% para el PAMI— dirigida a aquellas entidades que mantenían deudas al 31 de diciembre de 2009 y suscribieron planes de pago. Dicho alivio se extiende mientras dure la cancelación de las cuotas.
No obstante, las condiciones variaron en 2023 con la sanción del Decreto 645/2023, que reconfiguró la salida del esquema. La norma dispuso que, al extinguir la deuda, las instituciones no saltan automáticamente a la tarifa general del sector público, sino que deben ingresar en un sendero progresivo. De acuerdo con esa pauta, el aporte conjunto para SIPA y PAMI quedó fijado en 13,65% para 2026 y escalará a 14,52% durante 2027. Las subas continuarán con 15,39% en 2028, 16,26% en 2029 y 17,13% en 2030, alcanzando recién el 1 de enero de 2031 el porcentaje pleno exigido a los organismos públicos.
La postura de la UBA y las diferencias entre instituciones
Este mecanismo escalonado se convirtió en un eje determinante de las conversaciones. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) remarcaron que el incremento que se avecina no implica pasar de forma inmediata al 24%, sino amoldarse a la tabla progresiva fijada por el decreto de 2023. La casa de estudios porteña se encuentra próxima a finalizar su plan de regularización, por lo que busca evitar un encarecimiento marcado de sus costos laborales.
Voceros de la UBA recalcaron que no existen definiciones formales y alertaron sobre la sensibilidad de sus balances frente a cualquier suba en las cargas patronales, considerando que alrededor del 90% de sus fondos se canaliza al pago de sueldos y cerca de un 10% financia los gastos operativos.
El impacto del régimen, además, presenta disparidades en el sistema:
Las condiciones del Decreto 1571 no rigen de forma homogénea para todas las casas de estudio, sino únicamente para las que cumplían las pautas de deuda previsional fijadas oportunamente.
Un grupo de universidades ya canceló sus compromisos e inició la transición dentro de la escala progresiva.
Otro conjunto de instituciones aún conserva la tasa diferencial reducida del 10,17%.
La estrategia de la Casa Rosada y la presión en los tribunales
La táctica del oficialismo consiste en atar este alivio fiscal a la discusión presupuestaria del próximo año. Aunque en el Ejecutivo admiten márgenes para elevar las partidas universitarias por encima de la propuesta girada al Parlamento, rechazan alcanzar los cerca de $11 billones que solicita el CIN. Por ello, consideran que aminorar las cargas tributarias ante ARCA permitiría compensar la brecha sin apelar exclusivamente a un incremento directo de giros presupuestarios.
En simultáneo, la administración central procura reformular la Ley 27.795, intento que no prosperó durante las sesiones extraordinarias de febrero y que ahora busca reflotar con el respaldo de bloques parlamentarios afines y sectores de la comunidad académica.
El escenario se complejizó en las últimas horas a raíz de una resolución judicial. El juez Martín Cormick aplicó multas coercitivas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, tras considerar incumplida la medida cautelar que instruye al Estado a recomponer los salarios del personal docente y no docente, así como las partidas de becas estudiantiles. La orden precautoria permanece operativa mientras corre por carril separado la apelación gubernamental contra el fallo central.
Frente a este panorama, el plan integral de la Casa Rosada apunta a resolver en simultáneo la asignación para el Presupuesto 2027, el régimen de contribuciones y el frente judicial, condicionando la mejora financiera y tributaria a una modificación concertada de la ley de financiamiento. La tasa definitiva, el alcance específico por universidad y el vehículo legal que instrumentará la medida permanecen abiertos a la negociación.