Crimen de Fernando Báez Sosa: critican a la Corte Suprema y llevan su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El defensor de cuatro de los jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa cuestionó el rechazo del máximo tribunal a su denuncia por presuntas irregularidades en actas judiciales de Villa Gesell y confirmó que recurrirá a instancias internacionales.
La defensa de cuatro de los jóvenes sentenciados por el homicidio de Fernando Báez Sosa sumó un nuevo capítulo judicial tras la reciente determinación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal desestimó un planteo relacionado con una denuncia penal contra operadores judiciales por presuntas anomalías cometidas durante los primeros momentos de la instrucción penal.
Frente a esta resolución, el letrado Hugo Tomei anticipó que elevará una presentación formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar la falta de investigación sobre el accionar de los funcionarios provinciales señalados.
Cuestionamientos al fallo judicial
En declaraciones formuladas a TN, Tomei remarcó el impacto institucional de la determinación del máximo tribunal del país: "Con este fallo, se perdieron los límites constitucionales".
El representante legal, quien actualmente ejerce la defensa técnica de Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Blas Cinalli y Enzo Comelli, advirtió sobre el alcance general de la medida: "Más que a mis defendidos, la decisión afecta a la sociedad en su conjunto. De ahora en más, el poder punitivo del Estado en manos de los fiscales tienen amplia libertad para llevar adelante actos con personas detenidas y luego registrar aquello que en el momento le dicte la conciencia. Se niegan a visibilizar a través de un fallo que lo represente lo que han hecho durante la investigación del caso Baez Sosa".
La acción judicial en cuestión se remonta a los primeros meses posteriores al crimen ocurrido en la costa bonaerense. Al respecto, el abogado detalló: "El fallo de la Corte Suprema de Justicia se dictó en el marco de la denuncia que investigaba los funcionarios judiciales que habrian falsificado el contenido de las actas del expediente judicial con registros que jamás ocurrieron. Ya en el 2020 se había denunciado la maniobra dada entre la Fiscalía, la defensa oficial y el juez de garantías, que a pesar se ser parte de la maniobra nunca se apartó del cargo. Siguió a cargo de la causa como si nada pasara cuando debió excusarse".
El recorrido del reclamo y la vía internacional
La acusación impulsada por la defensa ya había sido descartada en las instancias precedentes de la justicia de la provincia de Buenos Aires. En su derrotero procesal, las objeciones fueron desestimadas sucesivamente por la Cámara de Apelaciones de Dolores, el Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte de Justicia bonaerense, antes de alcanzar la instancia nacional.
Sobre la intervención del máximo tribunal argentino, el letrado sostuvo: "En un caso de tanta repercusión pública, el Poder Judicial perdió la oportunidad de ratificar que en un proceso penal las formas son tan importantes como el fondo de la contienda".
Asimismo, alertó sobre los efectos que, a su criterio, genera la desestimación de la pesquisa sobre las actas de Villa Gesell: "De aquí en más, en nuestro país los funcionarios judiciales podrán alterar las actas de los expedientes para adaptarlas a un criterio legal y no tendrán ninguna consecuencia".
Con el trámite local agotado, Tomei ratificó que formalizará el planteo ante la CIDH bajo el argumento de que el Estado argentino se negó a esclarecer las supuestas faltas atribuidas a los funcionarios judiciales durante el inicio de la causa. Como cierre de su postura, el defensor sentenció: "La fuerza de la opinión pública que se cuela por las ventanas de los Tribunales pudo más que el imperio del derecho".