El Gobierno sigue la ruta de un buque chileno a Malvinas y evita una crisis diplomática
La embarcación Danstar tiene previsto comenzar sus viajes desde Punta Arenas hacia las islas en noviembre. La principal preocupación de la Argentina es determinar si transportará suministros vinculados con el proyecto petrolero Sea Lion, mientras la Casa Rosada busca evitar un conflicto diplomático con Chile.
El Gobierno argentino mantiene bajo seguimiento los preparativos para la próxima salida del buque comercial chileno Danstar, que conectaría Punta Arenas con las islas Malvinas mediante viajes regulares. Aunque la operación podría comenzar en noviembre, la administración nacional todavía evalúa qué medidas adoptar y, por el momento, evita avanzar con una protesta formal ante el gobierno de José Antonio Kast.
La estrategia oficial apunta a preservar el vínculo bilateral con Chile y evitar que una controversia comercial derive en un enfrentamiento diplomático que termine desviando la atención del reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.
En la Casa Rosada consideran que cualquier decisión debe tomarse sobre la base de información concreta acerca de la operación. Por eso, uno de los aspectos centrales del análisis es conocer qué mercancías transportará la embarcación y cuál será su destino final.
Desde el Ejecutivo sostienen que la prioridad es mantener abiertos los canales de diálogo con Santiago, especialmente después de los compromisos expresados por Kast en respaldo al reclamo argentino y frente a las actividades petroleras británicas en el Atlántico Sur. Sin embargo, todavía no existe una definición sobre la respuesta que podría adoptar el país si el servicio marítimo comienza a funcionar.
Según la información difundida, el contrato para operar el servicio ya estaría cerrado y el primer viaje se realizaría entre el 10 y el 15 de noviembre. La planificación contemplaría una frecuencia aproximada de una travesía mensual para abastecer a las islas. De todos modos, esos detalles todavía no cuentan con una confirmación formal de las autoridades argentinas.
La discusión principal gira en torno a la posible relación entre los cargamentos y el desarrollo de Sea Lion, el proyecto de explotación de hidrocarburos impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas de las Malvinas. La Argentina cuestiona estas actividades por considerar que se desarrollan sin su autorización en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa.
En ese contexto, el Gobierno distingue entre el abastecimiento comercial habitual del archipiélago y el eventual traslado de equipos, materiales o insumos destinados a la actividad petrolera. Para las autoridades, establecer esa diferencia será determinante a la hora de evaluar si corresponde tomar medidas.
El análisis también contempla las normas internacionales que regulan la navegación marítima. En particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece condiciones para el paso inocente de embarcaciones extranjeras por el mar territorial. No obstante, la aplicación de esas disposiciones depende de las circunstancias concretas y no habilita automáticamente a detener o inspeccionar cualquier buque.
Por ese motivo, en ámbitos militares consideran que no basta con conocer el destino de la embarcación para determinar si existe una infracción. También será necesario establecer la naturaleza de la carga, sus destinatarios y su posible vinculación con las operaciones petroleras cuestionadas por la Argentina.
La intervención de la Prefectura Naval Argentina también forma parte de las evaluaciones, aunque en el Ministerio de Defensa sostienen que, por ahora, no hay instrucciones operativas para las Fuerzas Armadas. La definición sobre una eventual respuesta permanece en el terreno diplomático y jurídico, bajo la órbita de la Cancillería.
El canciller Pablo Quirno afirmó que la Argentina no había recibido una notificación oficial sobre el viaje del buque chileno y destacó la importancia del diálogo con las autoridades de ese país. Desde Chile, el ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió la posibilidad de que las empresas privadas desarrollen actividades comerciales internacionales y llamó a actuar con prudencia.
Por su parte, el embajador argentino en Santiago, Jorge Faurie, sostuvo que los intercambios comerciales deben mantenerse dentro de ese ámbito y no afectar el compromiso chileno con la reivindicación argentina sobre las Malvinas.
La controversia se desarrolla mientras el Gobierno profundiza sus acciones diplomáticas y jurídicas contra la explotación británica de hidrocarburos en la zona. En esa línea, la Cancillería anunció una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas cautelares relacionadas con el proyecto Sea Lion.
Por ahora, la Casa Rosada busca evitar una reacción anticipada que complique la relación con Chile. La eventual respuesta argentina dependerá de la información que se reúna sobre el recorrido y la carga del Danstar, así como de la evaluación jurídica acerca de una posible vinculación con actividades petroleras consideradas ilegales por el país.