La Defensoría de Santiago del Estero rechazó el recorte de medicamentos y reclamó respuestas a Nación
El organismo expresó su rechazo a la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud nacional, que redujo de 128 medicamentos a seis principios activos el listado de referencia vinculado al programa Remediar. Advirtió sobre los riesgos para pacientes con enfermedades crónicas y reclamó garantías para evitar interrupciones en los tratamientos.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero manifestó su rechazo a la reducción del listado de medicamentos esenciales asociado al programa Remediar y reclamó al Gobierno nacional que revise la medida para garantizar el acceso a los tratamientos, especialmente entre las personas que no cuentan con recursos económicos para comprarlos.
El pronunciamiento, firmado por el organismo que conduce Luis Ger, cuestiona la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada el 15 de octubre, que reemplazó el vademécum aprobado en 2021 —que incluía 128 medicamentos en distintas presentaciones— por una nómina de seis principios activos destinados a enfermedades vasculares.
La Defensoría advirtió que, aunque la normativa no implica la suspensión automática de toda provisión de medicamentos y continúan vigentes otros listados nacionales, el cambio reduce significativamente el alcance de esta referencia para las compras y la distribución de insumos sanitarios. Además, señaló que no se detalló un mecanismo que garantice cómo se cubrirán los tratamientos que quedaron excluidos.
La preocupación se extiende a pacientes con diabetes, enfermedades respiratorias, hipotiroidismo e infecciones, entre otras patologías. Según el organismo, si no se implementan alternativas suficientes y oportunas, podrían producirse interrupciones en las terapias, complicaciones de salud y un incremento de las consultas de urgencia.
Desde la institución sostuvieron que la atención de las enfermedades vasculares no debe realizarse en detrimento de quienes necesitan medicamentos para otras afecciones, cuyos tratamientos también resultan fundamentales para prevenir complicaciones.
"Resulta inadmisible que una persona deba interrumpir su tratamiento porque no puede comprar un medicamento. La responsabilidad nacional debe expresarse en provisión, financiamiento y coordinación federal suficientes para garantizar el derecho a la salud", expresó Ger.
El reclamo también contempla la situación económica de las provincias, que deben afrontar sus obligaciones sanitarias en un escenario de restricciones presupuestarias. La Defensoría citó estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), según las cuales las transferencias automáticas de la Nación a las provincias acumularon una caída real del 0,6% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.
A ese panorama se suman las dificultades de la actividad económica. De acuerdo con los datos mencionados en el pronunciamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó una baja real interanual del 5,8% en la recaudación del IVA durante septiembre, mientras que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó una retracción real acumulada del 2,1% en las ventas minoristas de las pymes entre enero y septiembre.
Para la Defensoría, la caída del consumo, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas reducen los ingresos de las familias y su capacidad para afrontar gastos de salud. Al mismo tiempo, pueden incrementar la demanda sobre hospitales y centros públicos, que tendrían que responder a nuevas necesidades si los tratamientos dejan de ser provistos a nivel nacional.
El organismo recordó que el derecho a la salud está reconocido en tratados internacionales con jerarquía constitucional y sostuvo que cualquier retroceso en su protección debe contar con una justificación rigurosa, en particular cuando puede afectar a personas en situación de vulnerabilidad.
Ante este escenario, anunció que impulsará distintas gestiones dentro de sus competencias. Entre ellas, solicitará al Ministerio de Salud de la Nación que revise la resolución y suspenda sus efectos restrictivos hasta que exista una cobertura alternativa suficiente y continua.
También reclamará información pública sobre los medicamentos incluidos y excluidos, las cantidades disponibles, las compras realizadas y los cronogramas de distribución. Además, pedirá que se identifique qué programas garantizarán la continuidad de cada tratamiento durante la transición.
Otro de los ejes será exigir un esquema de financiamiento federal que tenga en cuenta las posibilidades presupuestarias de las provincias y evite que los mayores costos recaigan sobre los gobiernos locales o directamente sobre los pacientes.
La Defensoría adelantó, asimismo, que remitirá su pronunciamiento a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación para solicitar la intervención de las comisiones correspondientes. También propondrá coordinar acciones con la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), reunir información sobre faltantes y evaluar eventuales presentaciones judiciales ante interrupciones concretas de tratamientos.
Finalmente, el organismo reclamó una respuesta urgente de las autoridades nacionales y advirtió que cualquier modificación en la provisión de medicamentos debe contemplar mecanismos efectivos para que las personas que dependen del sistema público no queden sin atención.
La principal exigencia de la Defensoría es que el cambio en el programa Remediar no se traduzca en pacientes sin medicamentos ni en mayores gastos para las familias que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos.