Ocho narcos, con 301 kilos de droga, operaban en Santiago, Tucumán, Corrientes y Bolivia
El proceso se sostiene en escuchas, redadas en Capital, Banda y Añatuya. Piezas clave, una mujer de Corrientes y viajes a Bolivia. TRIBUNAL ORAL FEDERAL Desbaratada la banda en 2024 con arsenal de marihuana, arranca el juicio el 30 de octubre
Ocho individuos serán juzgados por el Tribunal Oral Federal el 30 de octubre próximo, "pegados" al secuestro de 301 kilos de marihuana atribuida a una banda con vínculos en Salta, Corrientes, Tucumán y Bolivia, valuada en más de U$S 700.000.
Los jueces analizarán las conductas de Leonardo Daniel "Bocha" Martínez, Ángel David Figueroa, Santiago Gastón Figueroa, Daniel Ignacio Leopoldo Paz, Lucas Federico Gómez, José Ariel "Negro" Alvarado, Juan Gabriel Aguirre y Juan J. Ramón Pereyra.
El día "D" para el octeto fue el 31 de octubre de 2024. Tras dos años de escuchas telefónicas, los gendarmes golpearon en las ciudades Capital, La Banda y Añatuya.
Drogas al por mayor
En diferentes viviendas, se incautaron 301 kg de marihuana, 809 gramos en cogollo de marihuana, un plantín de marihuana, 88 gramos de cocaína, 7 autos y 11 motos, casi $ 3 millones, $ 6 millones en cheques, 58 celulares, 2 notebooks, 6 armas, 4 cartuchos, y 6 balanzas.
La figura clave del grupo era "Bocha" Martínez. "... Es así que la prevención comenzó a investigar al denunciado y con el transcurso del tiempo, se logró determinar que "Bocha" Martínez era integrante de una red de narcotráfico interprovincial, con contactos en Salta y en Corrientes y que traficaba tanto con marihuana como con cocaína", destaca la investigación.
Asimismo, se obtuvo de consulta a la Dirección Nacional de Migraciones, que el investigado Martínez registraba salidas a la República de Bolivia en los meses de marzo, agosto, octubre y noviembre del pasado 2023.
"Destacándose, que en algunos meses realizó dos o más salidas del país", destacaron los investigadores, quienes fueron armando un rompecabezas con cómplices en La Banda, Añatuya, Tucumán, Corrientes y otras regiones.
Procesamientos
En diciembre de 2024, el juez Federal, Sebastián Argibay, refrendó procesamientos y preventivas de siete sujetos: recién al año siguiente cayó Pereyra.
Según el resolutorio, fueron procesados "Bocha" Martínez y Lucas Federico Gómez, por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de más de tres personas para cometerlo en concurso real con la tenencia de armas de fuego". La Justicia incluyó "prisión preventiva" y embargos de $ 4.000.000 a cada uno.
Procesamientos
También, el procesamiento recayó en Juan Gabriel Aguirre, pero sin la figura de "tenencia de arma de fuego" y fijado un embargo de $ 2.500.000.
Le siguieron, José Ariel "Negro" Alvarado (con residencia en Añatuya, General Taboada) y Ángel David "Monchi" Figueroa y trabado embargos por $ 4.000.000 a cada uno; Santiago Gastón Figueroa y Daniel Ignacio Leopoldo Paz, con $ 2.000.000 y meses después siguió idéntico derrotero, Juan José Ramón Pereyra.
Gómez por fuera del "septeto" y maduran abreviados, antes que el fantasma de penas máximas de 20 años
Los abogados defensores de Lucas Federico Gómez, Aída Farrán Serlé y Gilberto Perduca, solicitaron a la Justicia la "separación de juicio" del imputado.
En un extenso escrito, requirieron "que su situación sea sometida a debate de manera independiente respecto de los restantes imputados".
Para la defensa, su cliente no conocía al resto de la banda, según se desprendería de las comunicaciones telefónicas mantenidas del resto de imputados.
Sobre esa base, los abogados pidieron que Gómez vaya por un carril paralelo, ya en la cuenta regresiva del juicio. Es más, un vocero adelantó que todo asoma imprevisible y posible: inclusive, el cierre de juicios abreviados, en razón de que las imputaciones vislumbran penas máximas de 20 años, un fantasma que nadie desea se cristalice en realidad.
Penas altas
Los funcionarios adelantaron que la docena de abogados es partidaria de un cierre previo, más no exponer a los ocho sujetos a un veredicto que podría acabar con máximos 20 años de prisión.
Todos los individuos se encuentran alojados en unidades penitenciarias de Colonia Pinto y de Alsina 850, deslizaron los voceros a esta redacción.