Estados Unidos pidió finalizar el mandato del comité de la ONU clave en el reclamo argentino por Malvinas
Una delegada del gobierno de Donald Trump solicitó dar por concluido el Comité de Descolonización (C-24), ámbito central donde la Argentina demanda negociar por la soberanía del archipiélago, al considerarlo un esquema agotado y oneroso para Naciones Unidas.
El gobierno de Donald Trump solicitó ante la Organización de las Naciones Unidas dar por terminado el mandato del Comité Especial de Descolonización (C-24). Se trata del órgano que anualmente insta a la Argentina y al Reino Unido a entablar conversaciones diplomáticas en torno a la soberanía de las Islas Malvinas. La postura fue manifestada por una delegada de Washington durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, dedicada a cuestiones políticas especiales y descolonización. Si bien la funcionaria formalizó la petición para que cese el funcionamiento del área, no existió presentación ni sufragio de ningún proyecto de resolución para su disolución.
La objeción norteamericana coincidió con una jornada en la que la comisión dio luz verde a una decisión y a más de una veintena de iniciativas elaboradas a partir de recomendaciones del propio C-24. De acuerdo con los registros oficiales de la ONU, la enviada sostuvo que el cuerpo "ha sobrevivido a su propósito original". En su fundamentación, remarcó que, a pesar de que más de 80 antiguas colonias lograron sumarse como Estados soberanos al organismo internacional, el comité "actúa como si nada hubiera cambiado" y reitera año tras año el análisis de idénticos documentos.
Cuestionamientos a gastos y alcance del organismo
La representante de la Casa Blanca también apuntó contra los traslados y misiones del comité. En ese sentido, calificó las "excursiones anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur" como un "desperdicio de tiempo y recursos de la ONU".
A su vez, recordó que Puerto Rico dejó de integrar el listado de territorios no autónomos por decisión de la Asamblea General en 1953, pese a lo cual el comité mantiene audiencias periódicas sobre la situación de la isla. En esa línea, aseveró: "Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos" de campañas políticas.
Aunque la funcionaria omitió menciones explícitas a Malvinas, el pedido repercute de lleno en los intereses argentinos. Fundado en 1961 para fiscalizar los procesos emancipatorios y examinar los casos pendientes, el C-24 recibe periódicamente las exposiciones de la diplomacia argentina, que apela a las resoluciones de la ONU para que Londres retome el diálogo. Actualmente, la administración británica ejerce el control de diez de los 17 enclaves no autónomos bajo la lupa del comité. En la última cumbre de junio, el canciller Pablo Quirno denunció en ese ámbito la "militarización" de las islas por parte del Reino Unido y la "explotación unilateral de los recursos naturales", ratificando la convocatoria a negociar.
Tensiones por recursos naturales y votaciones divididas
La jornada legislativa en la Cuarta Comisión expuso marcadas diferencias en torno a los territorios administrados. Una resolución referida a las actividades económicas que inciden negativamente en las poblaciones locales cosechó 163 adhesiones, dos abstenciones (Reino Unido y Francia) y solo dos votos en contra: Estados Unidos e Israel. Idéntico rechazo de Washington y Tel Aviv —junto con la abstención británica— se registró ante una propuesta que exige a las potencias administradoras suministrar informes sobre el estatus político y constitucional de cada región.
El debate coincide con una etapa de alta fricción bilateral por la explotación hidrocarburífera en las proximidades del archipiélago austral. Mientras la administración argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo para procurar frenar el emprendimiento petrolero Sea Lion, el gobierno británico ratificó su respaldo a las compañías involucradas. En el ámbito interno, el Poder Ejecutivo nacional remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Soberanía con penalidades para prestadores vinculados a dichas actividades energéticas, lo que motivó reparos de firmas estadounidenses por la extensión de las sanciones previstas.
El contexto institucional y las críticas presidenciales
El posicionamiento sobre el archipiélago también había sido expuesto recientemente por el presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. En esa oportunidad, el mandatario catalogó a la institución de "inútil", le reprochó "mirar hacia otro lado con la causa" de las islas y exhortó a las autoridades británicas a "dialogar para encontrar una solución pacífica" que contemple además el aprovechamiento de los recursos naturales.
La arremetida de Washington se inscribe en la estrategia de la gestión Trump orientada a reducir aportes financieros, achicar la estructura de personal de la ONU e imponer reformas administrativas en un organismo donde figura como principal aportante. Este escenario se desenvuelve, a su vez, en paralelo a las negociaciones internacionales abiertas para definir a la figura que sucederá a António Guterres en la Secretaría General.