Malvinas: el Gobierno argentino le resta impacto al pedido de Estados Unidos de cerrar el Comité de Descolonización de la ONU

La administración argentina optó por relativizar las consecuencias del planteo formal de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, donde la delegación alineada con Donald Trump reclamó la disolución del Comité Especial de Descolonización (C-24). Se trata del órgano multilateral ante el cual el país reitera anualmente su reclamo sobre las Islas Malvinas.

El pedido de la Casa Blanca tuvo lugar durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, dedicada a debatir sobre Política Especial y Descolonización. Durante el encuentro, la enviada estadounidense solicitó la clausura definitiva del mandato del comité, al considerar que ha "sobrevivido a su propósito original" y al calificar varias de sus tareas como "un despilfarro de recursos".

Establecido en 1961, el C-24 se encarga de monitorear a los 17 territorios no autónomos del planeta, un listado donde el Reino Unido controla diez jurisdicciones, entre ellas el archipiélago austral. En esa misma tribuna, el canciller Pablo Quirno había expuesto en junio pasado contra la "militarización" implementada por Londres y la "explotación unilateral de los recursos naturales" en la región.

Aunque este comité aprueba cada período resoluciones instando a Gran Bretaña a reanudar el diálogo bilateral, en Balcarce 50 descartaron cualquier daño a la estrategia argentina. "La posición del comité no ha servido para recuperar las islas…", remarcó una fuente con acceso al despacho presidencial en declaraciones a TN.

Las críticas de Washington y las coincidencias con la Casa Rosada

La diplomacia norteamericana fundamentó su embestida asegurando que el C-24 quedó desactualizado, ya que "actúa como si nada hubiera cambiado" y se limita a revisar idénticos documentos anualmente, pese a la adhesión de más de 80 antiguas colonias como miembros plenos de la ONU. La delegada de Washington cuestionó además los viajes de rutina hacia "centros turísticos" en el Caribe y el Pacífico Sur, actividades a las que definió como "un derroche de tiempo y recursos de la ONU".

Esta línea de acción se acopla a las intenciones de la administración de Donald Trump orientadas a recortar el presupuesto y la plantilla del organismo internacional. Se trata de un enfoque similar al expresado por Javier Milei en sus recientes discursos ante la Asamblea General en Nueva York, donde sostuvo: "Han montado un leviatán burocrático, abocado a decidir cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos".

Durante aquella presentación, el mandatario nacional también había reprochado la ineficacia de las Naciones Unidas frente a la ocupación en el Atlántico Sur: "¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: su autoridad".

Tensión por sanciones y la controversia del yacimiento Sea Lion

En la misma comisión, la portavoz de Washington objetó un proyecto promovido por Rusia sobre el tratamiento de las nuevas formas de colonialismo. Aquella resolución, que cosechó 85 apoyos, 49 votos en contra y 23 abstenciones, advierte que tales prácticas subsisten a través de "medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajustan al derecho internacional ni a la carta orgánica de la ONU".

Frente a ello, la delegación norteamericana reivindicó el uso de sanciones, restricciones a la exportación y políticas comerciales autónomas como "instrumentos legítimos de la política estatal", reflejando la doctrina de Trump orientada a ejercer presión en negociaciones mediante aranceles y penalidades económicas. "Toda nación tiene derecho a elegir a sus socios comerciales y a responder a las amenazas", remarcó la funcionaria estadounidense.

El debate adquiere relevancia para la Argentina —que optó por la abstención— en el marco del diferendo con Gran Bretaña por el proyecto petrolero Sea Lion. Con el fin de frenar la extracción de hidrocarburos, el Ejecutivo recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar e impulsó en el Congreso una Ley de Soberanía que contempla penalidades contra firmas vinculadas a estas tareas, iniciativa ante la cual empresas norteamericanas manifestaron reparos sobre el alcance de su articulado, según informó TN.

Pese a que la posición de Washington en defensa de las sanciones unilaterales podría interpretarse en sintonía con las medidas impulsadas por el Gobierno nacional frente a Malvinas, desde Balcarce 50 aclararon que la justificación norteamericana responde estrictamente a su enfrentamiento geopolítico con Moscú. "Nada que ver con nosotros", puntualizaron desde la sede de gobierno, mientras la Cancillería evalúa el escenario sin emitir por el momento una comunicación oficial.