Caen nueve miembros de una banda oriental y liberan a cuatro peones
La Policía Federal Argentina desmanteló una red que captaba personas vulnerables en territorio santafesino para someterlas a trabajos forzados en una quinta de Pilar. Secuestraron armas, vehículos, sumas millonarias en pesos y dólares, y detuvieron al presunto reclutador en Antonio Obligado.
Cuatro trabajadores de nacionalidad argentina recuperaron su libertad tras permanecer sometidos a condiciones de servidumbre en un establecimiento hortícola bonaerense, en el marco de una serie de allanamientos que permitieron desbaratar a una organización delictiva compuesta principalmente por ciudadanos asiáticos. En total, nueve adultos terminaron tras las rejas acusados formalmente de incurrir en el delito de "trata de personas".
El operativo general, fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), tuvo su génesis a partir de un reporte emitido por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RE.NA.TRE) a la Línea 145, donde se advertía sobre posibles situaciones de reducción a la servidumbre en la zona norte del conurbano bonaerense.
Frente a la denuncia, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, tutelado por el Dr. Adrián González Charvay y mediante la Secretaría Nº 3 a cargo del Dr. Máximo Castrillo, encomendó las pesquisas a la División Trata de Personas de la fuerza federal.
Engaño en Santa Fe y explotación armada en Pilar
Las averiguaciones policiales y tareas encubiertas permitieron reconstruir la cadena operativa del grupo criminal. El circuito comenzaba en la provincia de Santa Fe, donde captadores contactaban a personas en extrema vulnerabilidad socioeconómica mediante promesas falsas de empleo. Una vez reclutadas, las víctimas eran trasladadas hacia la localidad bonaerense de Pilar y alojadas en casillas sumamente precarias.
En el predio, los damnificados eran despojados de su documentación personal y coaccionados a cumplir extenuantes jornadas de recolección y cultivo de verduras. Las directivas de la banda se imponían bajo permanente intimidación con armas de fuego.
El allanamiento y el intento de escape en el predio rural
Con las pruebas reunidas, la Justicia federal libró la orden de allanamiento para la finca ubicada sobre la calle El Pial, en Pilar. Al irrumpir los uniformados, los sospechosos intentaron huir hacia los fondos del inmueble, pero fueron reducidos de inmediato.
En ese lugar se concretó el rescate de las cuatro víctimas argentinas —quienes recibieron asistencia médica y contención psicológica inmediata por parte de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata— y se apresó a ocho sospechosos: dos mujeres chinas, cinco hombres de esa misma nacionalidad y un individuo argentino.
Dentro de las instalaciones, los investigadores incautaron un arsenal y elementos claves para la causa:
Una escopeta calibre 12/70, un revólver calibre 32, un revólver calibre 22, un rifle de aire comprimido, cartuchos y vainas servidas.
Una camioneta presuntamente empleada para el traslado de los peones.
Más de 20 millones de pesos, 21.000 dólares estadounidenses y una máquina contadora de billetes.
Una computadora portátil, una tablet, un pendrive, ocho teléfonos móviles y documentación de interés judicial.
Cayó el reclutador en Antonio Obligado
La inspección de los papeles hallados en Pilar aportó una pista determinante sobre el centro logístico de captación, localizado sobre la calle 3 de la localidad santafesina de Antonio Obligado. Con carácter de urgencia, el magistrado ordenó un procedimiento coordinado con la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Resistencia de la PFA.
El registro en esa localidad del norte santafesino culminó con el arresto del noveno integrante de la banda: un ciudadano taiwanés sindicado como el responsable del reclutamiento inicial de las víctimas. En dicho inmueble se incautó moneda de su país de origen, un celular y constancias migratorias.
Los nueve acusados quedaron formalmente incomunicados y a disposición del Juzgado Federal de Campana, mientras avanzan las pericias sobre los dispositivos electrónicos y el material secuestrado.
(La Línea 145 es un canal nacional, anónimo y gratuito que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para denunciar casos de explotación sexual, trata laboral o delitos conexos).