Sesión clave en Diputados: debate por propiedad privada, discapacidad, créditos y medicamentos
La Cámara baja aborda un amplio paquete de proyectos que incluye la restitución de la Ley de Tierras, reformas al régimen de desalojos, el nuevo marco para discapacidad y fuertes sanciones al vandalismo rural.
Cambios en propiedad privada y marcha atrás con la Ley de Tierras
El debate sobre la protección del dominio privado arriba al recinto con media sanción del Senado, aunque con un texto sensiblemente recortado por la oposición peronista. Durante su paso por la Cámara alta quedaron fuera del articulado tanto las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego como la pretensión de suprimir la Ley de Tierras Rurales, vinculada a la previa anulación del artículo 154 del DNU 70/23.
En esta instancia, la administración central promueve la ratificación de la normativa de tierras ante el rechazo público hacia la extranjerización y las advertencias opositoras respecto a la validez integral del DNU 70. El esquema ratifica el límite del 30% a la titularidad de extranjeros en las escalas nacional, provincial y municipal, además de sostener la restricción de 1.000 hectáreas en zonas de frontera, cursos de agua y áreas de mayor productividad agrícola.
La versión sometida a votación focaliza en dos ejes principales:
Régimen de expropiaciones: se limitan las facultades del Estado para catalogar inmuebles de utilidad pública y se fija un tope indemnizatorio del 30% por lucro cesante, siempre que sea probado fehacientemente (condición que no figuraba en la propuesta original). Desde sectores opositores se cuestiona que supeditar el interés público al cálculo financiero lesiona la "función social de la propiedad".
Procedimiento abreviado de desalojo: frente a hechos de usurpación, la justicia tendrá potestad de ordenar la entrega inmediata del bien y emplazar su restitución en 72 horas, requiriendo que el dueño acredite su titularidad formal. En casos de mora en alquileres sin ocupación ilegal, se otorgan 10 días de plazo tras la intimación de pago antes de admitir la demanda. El procedimiento contempla un protocolo de amparo de 10 días para proveer soluciones habitacionales provisorias mediante el Ministerio Público Tutelar si se detectan niños, ancianos en desamparo o personas con discapacidad.
Asimismo, la iniciativa actualiza la denominada ley "Pierri", permitiendo escriturar la vivienda única a quienes prueben una posesión pacífica e ininterrumpida durante 10 años, e instrumenta la figura de "ocupación temporánea anormal" por un término de 90 días prorrogable una vez ante catástrofes naturales, crisis sanitarias o conflictos bélicos.
Reforma y controversia en el régimen de Discapacidad
El oficialismo cuenta con dictamen mayoritario gracias a acuerdos alcanzados con el MID y Argentina Federal para sancionar la "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad". La propuesta recoge gran parte de los derechos de la ley 27.793 pero descarta la figura de emergencia para constituirla como una estructura de orden público con vigencia definitiva.
Desde las filas de La Libertad Avanza se califica esta salida como "superadora" respecto del reclamo opositor (impulsado por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca), que exige prorrogar el marco de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 para forzar una resolución célere de 324.303 trámites de pensión pendientes y pagos postergados a prestadores.
El articulado oficial preserva la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva (equivalente al 70% de la jubilación mínima) y el trabajo registrado o monotributo —con tope de dos salarios mínimos—, mantiene el nomenclador unificado, ratifica la movilidad arancelaria atada a los haberes previsionales y sostiene el Plan Federal Incluir Salud. El presupuesto asignado a la cartera sanitaria no podrá ser menor en términos reales que el del ciclo previo. A su vez, se prevén controles cruzados entre ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS, junto a una cláusula que concede al Ejecutivo 30 días para reglamentar un calendario de cancelación de deudas con los prestadores del sector.
Los bloques opositores objetan que la norma disocia la invalidez laboral de la discapacidad ordinaria, transfiere facultades clave a la reglamentación y carece de garantías presupuestarias frente al desfasaje arancelario actual del 30,67%.
Dos miradas sobre el endeudamiento de las familias
El plenario analiza posturas antagónicas para dar respuesta a la morosidad crediticia:
Dictamen mayoritario (Oficialismo, PRO y UCR): la "Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores" no prevé fijar tasas máximas ni reestructuraciones obligatorias. Apunta a transparentar costos financieros en créditos de corto plazo, habilitar la cancelación anticipada y garantizar el acceso libre al perfil de riesgo financiero del usuario.
Dictamen de minoría (UP, Provincias Unidas y Coalición Cívica): la "ley de regularización y alivio financiero" declara la emergencia económica por 180 días. Propone planes de rescate en un mínimo de 12 cuotas para moras mayores a dos meses y pasivos de hasta dos canastas básicas tipo 2 ($3.265.010). Las cuotas no podrán insumir más del 30% del ingreso familiar. Incluye condonación total de punitorios, topes a intereses compensatorios y mediación del Banco Central en caso de negativa del acreedor.
Trazabilidad farmacológica tras la tragedia del fentanilo
Con consenso unánime, se tratará la creación del Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), elaborado en base al texto de Silvana Giudici (LLA) con aportes de Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (UP). El proyecto surge de las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora creada tras los incidentes de abril de 2025, cuando partidas contaminadas de fentanilo de las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo provocaron la muerte de al menos 90 pacientes y secuelas en otras 44 personas.
La norma impone el rastreo digital obligatorio e ininterrumpido de drogas parenterales inyectables e insumos primarios desde su ingreso al país o fabricación hasta su suministro hospitalario final. Asimismo, busca "establecer el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública".
Bajo la órbita de ANMAT y en coordinación federal a través del COFESA, el sistema faculta el bloqueo precautorio de lotes en un plazo no mayor a 6 horas y la activación de denuncias conjuntas en 24 horas. Las sanciones por incumplimiento contemplan clausuras, decomisos y multas económicas severas.
Tipificación penal contra el vandalismo rural
La jornada legislativa contempla además la iniciativa redactada por Martín Ardohain (PRO) y respaldada por LLA, la UCR y fuerzas provinciales para sumar la figura de daño a la producción agropecuaria al Código Penal.
El texto prevé arrestos de un mes a un año por intrusión ilegítima en campos e inmuebles rurales. Para los atentados contra la cadena de valor agraria, el proyecto estipula que "será reprimido con dos a ocho años y multas de hasta 12 veces el valor del daño quien destruya o dañe el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario, o cereales u oleaginosas todavía no cosechadas, o que luego de recolectadas se conserven o guarden en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros sitios o unidades de almacenamiento".