Escándalo financiero: siete meses de preventiva a la contadora Villarroya
El juez Héctor Salomón rechazó todos los planteos realizados por la defensa de la acusada y ordenó que siga tras las rejas.
La Justicia de Control y Garantías, representada por el Dr. Héctor Salomón, ordenó la prisión preventiva de Nora Isabel Villarroya por siete meses, quien está imputada por defraudación por uso de datos bancarios, administración fraudulenta y estafas reiteradas.
La acusación fue impulsada por las fiscales Celia Mussi y Melissa Fadel Pagani y acompañada por cuatro querellas particulares.
Según la investigación judicial, operaba desde Vilmer, departamento Robles, donde tenía su estudio contable. Aprovechaba relaciones de confianza y poderes de administración para acceder a cuentas de sus clientes.
La maniobra consistía en usar usuarios, contraseñas, tokens, mails y claves fiscales de ARCA que le confiaban los damnificados. Con ese acceso habría emitido cheques electrónicos, gestionado préstamos, transferencias y facturación por operaciones inexistentes. Entre las víctimas hay productores agrícolas, una profesional médica y la firma DEJDE S.R.L.
El juez consideró probados dos riesgos procesales para justificar el encierro. Por un lado, el peligro de fuga por haber incumplido una citación a indagatoria y permanecer casi dos meses con orden de detención vigente.
Por otro lado, el riesgo de entorpecimiento porque aún faltan informes bancarios, trazabilidad de fondos y pericias de dispositivos electrónicos.
La medida no implica una condena anticipada y la imputada conserva su estado constitucional de inocencia. Fue dispuesta para asegurar su sujeción al proceso y preservar la prueba pendiente de producción.
Por ese motivo, el juez interviniente rechazó el pedido de excarcelación de la defensa de la acusada, a cargo del Dr. Manuel Zavalía y las alternativas como caución o presentaciones periódicas.
Ahora la Fiscalía deberá impulsar con celeridad las diligencias pendientes, entre ellas la reconstrucción de operaciones bancarias y el análisis de los informes técnicos.
La prisión se cumplirá en el establecimiento que corresponda con pleno respeto de sus derechos. La resolución establece que podrá ser revisada, sustituida o dejada sin efecto si cambian las circunstancias.