Juicio Hotesur-Los Sauces: las pruebas documentales y bancarias que apuntan al rol de Máximo Kirchner

En la antesala del inicio del proceso oral por las causas Hotesur y Los Sauces, programado para este viernes 23 de octubre, el foco del Ministerio Público Fiscal estará puesto en el rol operativo que desempeñó Máximo Kirchner al frente de las sociedades familiares. Luego de que la Cámara de Casación determinara este martes unificar ambos expedientes en un único debate, el legislador nacional se sentará en el banquillo junto a su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, en un proceso que suma un total de 19 imputados.

Dentro del tramo correspondiente a la inmobiliaria Los Sauces S.A., los fiscales le endilgan los presuntos delitos de lavado de activos y haber actuado como organizador de una asociación ilícita. La hipótesis acusatoria sostiene que el dirigente no fue una figura pasiva, sino que intervino de forma concreta en el manejo societario: suscribió convenios, retiró dividendos, representó formalmente a la firma y ejecutó diversas transacciones financieras que ahora son aportadas como elementos de cargo para fundamentar su responsabilidad penal.

A lo largo de la instrucción judicial, los peritajes relevaron una marcada evolución en los números de la inmobiliaria. De acuerdo con la acusación, la entidad experimentó un salto patrimonial neto superior al 12.000%, pasando de una base inicial de $100.000 a superar los $12,1 millones. Cabe precisar que estos registros corresponden estrictamente al balance contable de la sociedad y no al patrimonio individual del actual diputado.

El cobro de cheques y la conexión con Valle Mitre

Entre los elementos documentales reunidos en la causa, se le adjudica al hijo de la exmandataria haber gestionado el ingreso de fondos girados por Valle Mitre, la compañía administrada por Lázaro Báez abocada a la explotación hotelera de la familia Kirchner.

En ese sentido, el expediente resalta: "Quien se encargó de cobrar los fondos provenientes de la firma Valle Mitre fue Máximo Kirchner". De acuerdo con los detalles del escrito, el diputado depositó más de trece cheques —cuyos montos oscilaban entre $68.209,50 y $45.497— en una cuenta alojada en el Banco Santa Cruz.

Una de las constancias agregadas muestra un cheque emitido en diciembre de 2011 por $68.209,50 en favor de Los Sauces S.A. En el dorso de dicho valor consta un sello identificatorio con el nombre de Máximo Kirchner en calidad de titular de la firma, acompañado por una rúbrica. Para los acusadores, la mecánica grafica un doble circuito: la emisión de la orden de pago por parte de Valle Mitre y la posterior intervención del legislador para endosarlo y percibir el dinero.

La teoría de la fiscalía señala que tanto las locaciones como los diversos pagos efectuados por firmas de Lázaro Báez y Cristóbal López habrían tenido por objeto dotar de apariencia legal a recursos provenientes de actividades ilícitas, imputación que constituirá el núcleo central del juicio.

La operación inmobiliaria en Madero Center

Otra pieza documental describe las maniobras vinculadas a un dúplex y cinco unidades accesorias en el complejo Madero Center de Puerto Madero. El texto judicial detalla que el expresidente Néstor Kirchner concretó dicha adquisición el 8 de abril de 2008 "para y con dinero" de Los Sauces, mediante una erogación de US$1.407.000.

La acusación señala una participación directa de Máximo en el primer desembolso de la compra. El expediente marca que el entonces mandatario, "a través de su hijo Máximo Kirchner", pagó a la parte vendedora un monto de US$422.000, suma que por aquel entonces equivalía a $1.341.960.

La transacción se canalizó a través de un cheque fechado el 7 de abril de 2008, proveniente de la cuenta personal de Néstor Kirchner en el Banco Santa Cruz. La pericia reconstruyó que dicho instrumento fue endosado por Los Sauces —también bajo la representación de Máximo— y finalmente cobrado por la vendedora el 15 de octubre de ese año. En el reverso del documento incorporado a la causa figura la inscripción que identifica a Máximo como presidente de la firma. Posteriormente, estas propiedades fueron alquiladas a compañías ligadas a Cristóbal López, conformando una relación comercial que la fiscalía investiga como parte del mismo esquema de pagos.

El complejo construido por Báez y el volumen de facturación

Las actuaciones judiciales también abarcan un desarrollo edilicio levantado sobre un terreno aportado por Néstor Kirchner. En el expediente se incorpora la imagen de un complejo de cuatro departamentos que Lázaro Báez edificó para Los Sauces, junto a una factura de la constructora Loscalzo y Del Curto. La documentación pericial indica que, el 30 de enero de 2009, la constructora facturó a la sociedad presidencial la suma de $1.478.158,62 por dicha edificación.

La causa compila un abanico de operaciones que comprende transacciones inmobiliarias, contratos de locación, movimientos bancarios, obras y la intervención del diputado en la compra de uno de los hoteles familiares. Asimismo, los peritajes señalan que entre 2009 y 2016 las empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo representaron alrededor del 88% de la facturación global de Los Sauces S.A., una concentración que el Ministerio Público considera clave dentro de la acusación.

Modalidad del debate oral y posiciones previas

El inicio del juicio oral se produce en un contexto de declaraciones políticas. Recientemente, durante un discurso por el Día de la Lealtad en Chaco, Máximo Kirchner respaldó a su madre y cuestionó las presiones judiciales y del poder económico, asegurando que la tienen "secuestrada" en su domicilio de la calle San José.

En el terreno procesal, las defensas de Cristina y Máximo Kirchner elevaron un pedido para quedar exceptuados de asistir presencialmente a las audiencias. Previamente, el Tribunal Oral Federal 5 había resuelto que el debate se llevara a cabo de forma presencial, fijando pautas para las indagatorias de los procesados y las declaraciones testimoniales. Con la unificación de los dos tramos de la causa, el tribunal deberá determinar a partir de ahora si los movimientos patrimoniales y societarios investigados configuraron el delito de lavado de dinero y cuál fue la responsabilidad penal de cada imputado.