Hotesur-Los Sauces: la Fiscalía reveló la "matriz de corrupción" y el entramado de fondos de los Kirchner y empresarios

El proceso judicial unificado por las causas Hotesur y Los Sauces sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales. En el marco del debate que encabeza el Tribunal Oral Federal N°5 (TOF N°5), el Ministerio Público Fiscal avanzó con la exposición de los fundamentos que sustentan los cargos contra la expresidenta Cristina Kirchner y el legislador nacional Máximo Kirchner.

De acuerdo con el planteo del fiscal Diego Velasco, la pesquisa apunta a una "compleja maniobra delictiva" en la que Néstor y Cristina Kirchner "montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa" y a su propio núcleo familiar. Para los acusadores, el mantenimiento del mecanismo a lo largo de más de una década demandó "la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de personas", espectro que comprendió a descendientes de los mandatarios, exfuncionarios y hombres de negocios con inserción en las sociedades investigadas.

El origen de los fondos y los vínculos societarios

La reconstrucción de la Fiscalía sostiene que la facturación de la firma Los Sauces dependió de manera casi exclusiva de dos conglomerados: el 65% correspondió al Grupo Indalo y el 23% al Grupo Báez. El monto global facturado por contratos locativos de complejos hoteleros e inmuebles ascendió a $25.968.042,30.

En ese sentido, el dictamen fiscal remarcó: "Los fondos que ingresaban a la empresa o bien provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa".

Respecto del nexo con Báez, la parte acusatoria postuló que los hechos guardan correlato directo con el expediente Vialidad, argumentando que "ambas configuran distintos planes criminales de una misma asociación ilícita tendientes a sustraer —mediante la defraudación al Estado— y a apoderarse —a través de una maniobra de lavado de dinero— del trabajo de la comunidad". En cuanto al Grupo Indalo, se señaló una expansión económica al amparo de actividades reguladas por el Estado y ventajas fiscales, tras lo cual se pactaron alquileres de oficinas en el complejo Madero Center "a valores mayores que los de mercado".

El reparto de funciones y el manejo de Los Sauces

La acusación indicó que los empresarios Báez, López y De Sousa "aportaron a la organización criminal la ingeniería societaria y contable" destinada a captar fondos del erario y garantizar el retorno parcial de ese capital hacia los exmandatarios. Al respecto, el fiscal aseveró: "Cada una de las personas cuya participación ha podido acreditarse en la organización criminal, cumplió un rol trascendental en el desarrollo de los planes criminales a los que aquella se avocó".

En ese esquema, la sociedad Los Sauces —creada en 2006— habría operado como estructura interpuesta. En su constitución intervinieron el contador Víctor Manzanares y el escribano Jorge Ludueña, quedando la presidencia a cargo de Máximo Kirchner, a quien se le atribuye además la cesión de inmuebles a Austral Construcciones "con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad", la suscripción de arrendamientos hoteleros y el retiro de dividendos de Hotesur.

Por su parte, la acusación señaló que Romina Mercado, sobrina de la pareja presidencial, "participó dentro de la asociación ilícita al incorporarse en los dos mecanismos de lavado de activos" desempeñándose en la conducción de ambas sociedades.

A nivel corporativo, el fiscal subrayó que se conformó "un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar" para asegurar el resultado de las maniobras. Máximo Kirchner ejerció la titularidad de Los Sauces hasta 2015, cuando asumió Mercado; Néstor Kirchner fue suplente hasta su muerte en 2010; Cristina Kirchner permaneció en ese rol hasta 2014; y Florencia Kirchner ingresó como vicepresidenta en 2012.

El dictamen advirtió que las modificaciones en la cúpula coincidieron temporalmente con el surgimiento de denuncias y el inicio del caso Hotesur en 2014. Además, se puntualizó que "llamativamente el arrendamiento de ninguna propiedad de la firma fue tratado, analizado ni aprobado por el órgano de administración", sino que las locaciones se otorgaron de manera directa.

La Fiscalía también detectó irregularidades en los libros contables tendientes a "enmascarar o recortar la verdad de los hechos", junto con la ausencia de una sede formal y de una estructura habitual para una firma inmobiliaria, que llegó a registrar formalmente solo a dos dependientes: Florencia Kirchner —actualmente sobreseída y excluida del debate— y el jardinero de la expresidenta.

Propiedades bajo sospecha y continuidad de las audiencias

El requerimiento fiscal detalló que las adquisiciones inmobiliarias de Los Sauces no respondieron únicamente a fines comerciales de locación, sino también al uso particular de integrantes del grupo. Entre las propiedades enumeradas figuran departamentos en Madero Center, parcelas en Río Gallegos, el hotel La Aldea situado en El Chaltén, un terreno atribuido a una presunta donación encubierta por parte de Austral Construcciones y un inmueble en Santa Cruz.

A esa nómina se agregó el departamento de la calle San José 1111, locación donde la exmandataria cumple arresto domiciliario tras la condena a seis años de prisión dictada en la causa Vialidad. Dicho inmueble se escrituró en 2015 por USD 370.000 mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES).

Tras concluir la sesión, el tribunal dispuso un cuarto intermedio. La lectura del tramo acusatorio correspondiente al expediente Los Sauces continuará el próximo lunes 2 de noviembre, fecha tras la cual el debate dará paso a las actuaciones vinculadas a la causa Hotesur.