Malvinas: Argentina viajará a Hamburgo para pedir que frenen la explotación petrolera británica
La Argentina se prepara para las audiencias del 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde pedirá medidas urgentes para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion. Ya fueron designados dos representantes oficiales, aunque aún resta definir la delegación completa.
El Gobierno nacional avanza en la preparación de la estrategia que llevará a Alemania para defender el reclamo argentino vinculado con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La próxima instancia será el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, cuando se desarrollen las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El objetivo de la presentación argentina es conseguir medidas provisionales que impidan el avance del proyecto Sea Lion, mientras continúa el procedimiento arbitral iniciado contra el Reino Unido.
La Cancillería y los equipos jurídicos del Estado trabajan por estas horas en la definición de la delegación que participará de las exposiciones. Hasta el momento, la Argentina ya formalizó la designación del embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, como agente del Estado.
A su vez, la embajadora Betina Pasquali de Fonseca fue nombrada como coagente en la causa. Ambos figuran en la documentación presentada ante el tribunal, aunque todavía no se informó oficialmente cuál será la composición definitiva de la delegación que estará presente en Hamburgo.
Dentro del Ejecutivo consideran probable la participación de Oyarzábal, debido a su intervención directa en la elaboración de la estrategia jurídica internacional. También permanece abierta la definición sobre la representación de otros organismos que colaboraron en la preparación del reclamo.
En ese sentido, la discusión alcanza a la Secretaría Legal y Técnica y a la Procuración del Tesoro, cuyos equipos participaron en el trabajo previo a la presentación argentina. Por ahora, no está confirmado si sus máximas autoridades viajarán a Alemania o si la representación quedará en manos de otros integrantes de los equipos técnicos y jurídicos.
Otro elemento que condiciona la agenda es la coincidencia de las audiencias con la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días, el presidente Javier Milei y distintos integrantes del Gabinete tendrán actividades oficiales vinculadas con la llegada del pontífice.
Fuentes oficiales indicaron, además, que la Argentina no contrató estudios jurídicos alemanes ni firmas privadas internacionales para intervenir en este proceso. La postura del Gobierno es que la defensa puede ser llevada adelante por los representantes diplomáticos y los profesionales que integran los equipos estatales.
El cronograma previsto por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar establece que el martes 10 de noviembre la Argentina expondrá entre las 10 y las 13, mientras que el Reino Unido tendrá su turno entre las 15 y las 18, según el horario local de Hamburgo.
La segunda jornada comenzará el miércoles 11, con una nueva presentación argentina prevista entre las 10.30 y las 12. La representación británica realizará posteriormente su última exposición, entre las 17.30 y las 19.
Las audiencias serán públicas y podrán seguirse a través de los canales oficiales del tribunal. En esta instancia, los jueces deberán analizar si existen elementos jurídicos y razones de urgencia suficientes para dictar medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral que tratará el conflicto de fondo.
La convocatoria a las audiencias no implica una decisión favorable para ninguna de las partes. El Tribunal deberá resolver, entre otras cuestiones, si corresponde intervenir de manera urgente mientras avanza el proceso principal.
La controversia comenzó el 28 de septiembre, cuando la Argentina inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Luego de que Londres rechazara los planteos argentinos, el Gobierno presentó el 13 de octubre un pedido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener una intervención urgente.
Entre los principales reclamos, la Argentina busca impedir que el Reino Unido autorice o permita el inicio y la continuidad de actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion.
También solicita limitar la utilización de información obtenida durante las tareas de exploración cuando pueda afectar los derechos reclamados por el país, proteger el medio marino y evitar nuevas medidas que, según la postura argentina, puedan profundizar o agravar la controversia.
El proyecto Sea Lion se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte y está impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. De acuerdo con los planes conocidos, las perforaciones de desarrollo comenzarían en 2027 y la producción comercial se proyecta para 2028.
La estrategia argentina apunta a obtener una resolución antes de que esas tareas avancen. El planteo sostiene que la explotación de recursos y las modificaciones sobre el lecho marino podrían generar consecuencias difíciles de revertir.
Uno de los puntos centrales del debate será determinar el alcance de la competencia del Tribunal del Derecho del Mar. La Convención permite intervenir en controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de sus normas, pero no otorga una competencia general para resolver disputas sobre soberanía territorial.
Por ese motivo, la presentación argentina busca centrar el reclamo en los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones vinculadas con la protección ambiental, sin requerir en esta instancia una definición del tribunal sobre la soberanía de las Islas Malvinas.