Presupuesto 2027: el oficialismo intensifica negociaciones con gobernadores y aliados para emitir dictamen

El oficialismo encara jornadas determinantes en el Congreso con el objetivo de encauzar los acuerdos políticos que destraben el tratamiento del Presupuesto 2027. La Libertad Avanza (LLA) se enfocará esta semana en mantener conversaciones informales con mandatarios provinciales y bancadas dialoguistas, en un contexto donde los sectores aliados no solo condicionan su acompañamiento a modificaciones en el articulado de la ley de leyes, sino también a la sanción de normativas complementarias.

De acuerdo con lo informado por fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, la meta de la bancada gubernamental es sellar los consensos necesarios para rubricar el dictamen de comisión entre el 17 y el 18 de noviembre, con la intención de llevar el proyecto al recinto para su debate el 25 de noviembre. Esta hoja de ruta se fijó luego de que el miércoles pasado el titular de la Cámara baja, Martín Menem, mantuviera un cónclave con referentes de la UCR, el PRO y Argentina Federal, reunión que derivó en la postergación de la firma del despacho de mayoría. En paralelo, continúan los canales de diálogo con legisladores de Provincias Unidas, Elijo Catamarca e Independencia.

Demandas compartidas y agenda de los gobernadores

A pesar de la heterogeneidad de los planteos, existe un reclamo común entre las fuerzas dialoguistas: la reducción del Impuesto a los Combustibles. Desde estos espacios argumentan que el fin recaudatorio de dicho gravamen —orientado al sostenimiento de la traza vial federal— no se está cumpliendo. Asimismo, solicitan asegurar el financiamiento destinado al área de discapacidad.

En simultáneo, la discusión presupuestaria quedó atada a otras iniciativas legislativas. Desde la bancada radical exigen dar curso al proyecto de incentivo a inversiones relevantes que ya cuenta con media sanción del Senado, impulsado por el legislador radical Eduardo Vischi.

Por su parte, los mandatarios provinciales Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) reclaman reactivar el debate sobre el marco regulatorio de Biocombustibles, cuyo tratamiento se vio paralizado días atrás a raíz de un planteo de diputados bonaerenses.

Los condicionamientos del PRO y las diferencias por las universidades

El PRO incorporó a la mesa de discusión una serie de solicitudes puntuales: la garantía sobre los fondos de coparticipación que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, una rebaja en la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados —pasando del 21% al 10,5%— y el diseño de un esquema que fije plazos y tarifas para las obras en corredores nacionales. En relación con el diferendo por los recursos porteños, en el Poder Ejecutivo confían en que el conflicto podrá canalizarse mediante tratativas directas entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En tanto, el radicalismo pide, en sintonía con otros bloques afines, la supresión de cuatro artículos del articulado vinculados al área. A su vez, persiste sin definición el esquema presupuestario para la educación superior: el texto del Gobierno asigna $7,3 billones a las universidades nacionales, mientras que los rectores sostienen el requerimiento de alcanzar los $11 billones.

Los números en el recinto

Para abrir la sesión y validar el tratamiento legislativo, la bancada libertaria debe asegurar el quórum de 129 diputados, frente a una dotación propia de 95 bancas.

Para conformar una masa crítica, el oficialismo apunta a sumar el concurso de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires (que aportarían en conjunto 22 adhesiones), a los que se agregarían los 9 miembros de Argentina Federal, 2 de Producción y Trabajo y cerca de 10 escaños de Provincias Unidas. En caso de alinear a todas estas voluntades, el Gobierno podría estructurar un piso cercano a los 138 votos entre propios y aliados, número que quedará sujeto al curso final de las tratativas.

Variables macroeconómicas y proyecciones de gasto

El esquema trazado por el Ejecutivo para 2027 contempla un nivel de gastos totales consolidados de $216 billones, cifra que representa una variación del 25,3% respecto al parámetro comparativo oficial. En contrapartida, los recursos totales —sostenidos principalmente por la recaudación impositiva y los aportes a la seguridad social— se calcularon en $219,3 billones, equivalente a una suba estimada del 26,2%.

En materia de indicadores macroeconómicos, la iniciativa oficial proyecta:

Inflación anual: 21,3% para el período 2027.

Tipo de cambio: cotización del dólar a $1.847 para el cierre de diciembre, con una cotización media de $1.728 a lo largo del año.

Consumo: un incremento del 3,4% en el consumo privado y una suba del 0,6% en el consumo público.

En cuanto al destino de las erogaciones, los servicios sociales concentrarían $150.913.491,9 millones, mientras que los compromisos por servicios de la deuda pública se llevarían $18.609.176,1 millones.

El plan económico plasma la expectativa de un incremento de ingresos suficiente para financiar la suba del gasto público dentro de un programa fiscal que incorpora pautas inflacionarias y cambiarias de magnitud. La brecha favorable entre recursos y gastos brindaría margen para cubrir el endeudamiento y los programas sociales, supeditada al cumplimiento efectivo de las metas y a la evolución de la coyuntura económica.