Juicio por YPF: 15 estados de EE.UU. piden a la Corte Suprema anular el fallo favorable a la Argentina
Encabezados por Missouri, fiscales generales presentaron un escrito de amicus curiae en apoyo a los fondos demandantes para restablecer la sentencia de US$ 16.100 millones. Expertos relativizan la solidez del planteo judicial.
La disputa judicial por la estatización de YPF sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Washington. Una coalición integrada por 15 estados y territorios estadounidenses recurrió a la Corte Suprema de los Estados Unidos para respaldar la postura de los fondos litigantes que buscan revertir la decisión que eximió a la República Argentina de abonar una condena de 16.100 millones de dólares.
La iniciativa, liderada por el estado de Missouri, ingresó el pasado viernes 30 de octubre bajo el formato de amicus curiae, una figura legal que faculta a terceros no involucrados en la contienda a brindar consideraciones jurídicas al tribunal.
Cuestionamientos a la Cámara de Apelaciones y la Ley de Inmunidad Soberana
El núcleo de la presentación apunta contra la resolución dictada el 27 de marzo de este año por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que revocó el resarcimiento económico multimillonario fijado originalmente en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska.
Para los fiscales promoventes, los magistrados de apelaciones incurrieron en una aplicación errónea de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA, por sus siglas en inglés), el marco normativo que delimita en qué situaciones los tribunales federales pueden juzgar a un Estado extranjero. Según argumentan, la justicia estadounidense debe intervenir cuando rigen excepciones comerciales con impacto directo en su territorio.
Desde la óptica de los demandantes, convalidar la postura del Segundo Circuito sentaría un peligroso precedente que permitiría a otros países eludir litigios en EE.UU. mediante la sanción de normas domésticas a medida. Para ilustrar su posición, los funcionarios citaron las demandas que Missouri y Mississippi entablaron contra China por conductas comerciales durante la pandemia de coronavirus, donde se denunció acaparamiento de insumos sanitarios, productos defectuosos y prácticas desleales. En ese sentido, remarcaron que si Pekín pudiera blindarse con su propia legislación para litigar únicamente en suelo chino, se perjudicaría la protección de los ciudadanos estadounidenses.
El perfil partidario del escrito y la réplica jurídica desde Buenos Aires
La embestida de los fiscales generó reparos inmediatos entre especialistas en litigios internacionales. Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro, desestimó la fuerza del planteo al poner la lupa sobre la filiación de los firmantes: "Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es 'independiente'). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo", sostuvo en su cuenta de X.
Asimismo, Soler rebatió la línea técnica del amicus al remarcar que la Cámara neoyorquina jamás renunció a su jurisdicción: "La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio", afirmó.
Bajo este razonamiento, el tribunal de alzada asumió el caso y determinó que, de acuerdo con el marco societario argentino, los demandantes carecían de legitimidad para reclamar la indemnización contractual derivada de la expropiación del 51% de las acciones de YPF ocurrida en 2012, reclamo que alegaba la falta de una oferta pública de adquisición hacia los accionistas minoritarios.
Plazos y próximos pasos en el máximo tribunal norteamericano
El expediente llegó al máximo escalón de la justicia estadounidense por iniciativa de Petersen Energía y Eton Park, firmas financiadas por el fondo Burford Capital, con el objetivo de resucitar la condena económica contra el Estado nacional.
Pese a la presión ejercida por el grupo de estados, la Corte Suprema de los Estados Unidos aún no resolvió si aceptará tomar la apelación o si desestimará el recurso, lo que dejaría firme la sentencia que benefició al país. De momento, la presentación actúa como un respaldo de parte pero no altera la vigencia del fallo actual.
En las semanas venideras se prevé el ingreso de nuevos escritos de amicus curiae a favor y en contra de la posición argentina. Paralelamente, se aguarda una posible intervención del procurador general estadounidense, John Sauer —con pasado como fiscal general en Missouri—, en caso de que el tribunal supremo decida requerir formalmente el criterio del gobierno federal.
En lo inmediato, el calendario procesal establece como fecha límite el próximo 2 de diciembre, plazo concedido tras una prórroga otorgada a la defensa del Estado argentino y de YPF para contestar las presentaciones. A partir de esa etapa, los magistrados de la Corte definirán si dan curso a la revisión o sellan de forma definitiva el resultado del pleito.