La UBA marchó con velas a Tribunales para reclamar el financiamiento universitario
Estudiantes, docentes y trabajadores no docentes participaron de una movilización desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Justicia. La comunidad universitaria exigió que el Gobierno nacional cumpla con la ley que establece fondos para las universidades públicas.
Miles de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) participaron este miércoles de la denominada Marcha de las Velas, una movilización que partió desde Plaza Houssay y llegó hasta el Palacio de Tribunales. La protesta tuvo como eje el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La convocatoria fue impulsada por las representaciones gremiales ADUBA, APUBA y FUBA, que acompañaron a la comunidad educativa en el recorrido. Desde la universidad señalaron que el Gobierno nacional lleva más de un año sin implementar la normativa, pese a su aprobación legislativa y a los pronunciamientos judiciales que respaldan su cumplimiento.
Al llegar a Tribunales, los manifestantes participaron de una clase pública de Derecho Constitucional, que estuvo a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli. La actividad buscó poner en discusión el alcance de la ley y las obligaciones del Poder Ejecutivo frente a las decisiones del Congreso.
La jornada concluyó con la entonación del Himno Nacional y el encendido de velas frente al Palacio de Justicia, como símbolo del reclamo universitario. La movilización se sumó a otras expresiones de protesta del sector en medio de la disputa por los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.
El conflicto se profundizó luego de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario y ratificara la norma con los dos tercios de ambas cámaras, tras el veto presidencial. El Poder Ejecutivo promulgó la legislación mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento y a la asignación de partidas presupuestarias.
Posteriormente, la Justicia declaró inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la ley y ordenó avanzar con su cumplimiento, especialmente en lo referido a la actualización salarial de docentes y no docentes y al refuerzo de las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno nacional apeló los fallos, por lo que la disputa continúa en el ámbito judicial.