Juicio político a Santiago Peña: Diputados aprueban la medida pese a su renuncia
La Cámara Baja aprobó por unanimidad el proceso de destitución del mandatario, quien había dimitido acorralado por la crisis financiera del Ueno Bank y la pérdida total de respaldo político. El Senado deberá definir si avanza con el enjuiciamiento o si acepta su renuncia. El vicepresidente Pedro Alliana fue excluido del procedimiento.
En un escenario de profunda tensión política e institucional, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político en contra de Santiago Peña, a pesar de que el mandatario ya había presentado formalmente su renuncia a la Presidencia de la República. Con el voto favorable de los 78 legisladores presentes en el recinto, se dio luz verde al libelo acusatorio de manera unánime. Ahora, el futuro de Peña quedó en manos del Senado, que deberá resolver si continúa con el proceso de destitución o si deja sin efecto el enjuiciamiento para aceptar su dimisión.
Crisis financiera y el quiebre del apoyo político
La salida de Peña del Ejecutivo se precipitó en medio de un delicado panorama económico que estalló luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara el procedimiento de resolución de la entidad Ueno Bank. Este conflicto financiero actuó como detonante para agudizar la crisis política en el país.
El ministro Enrique Riera fue quien reveló que el mandatario tomó la determinación de dar un paso al costado tras constatar que había perdido por completo el respaldo necesario para sostener su gobierno.
El escenario terminó de volcarse en su contra durante la mañana, cuando los legisladores del Partido Colorado —tanto de las líneas oficialistas como de la disidencia— confirmaron que respaldarían el enjuiciamiento. La estocada final llegó con la postura del titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien también hizo público su acompañamiento al juicio político. Este consenso permitió la rápida y unánime aprobación en la Cámara Baja.
Alliana, excluido del enjuiciamiento
Si bien los sectores de la oposición habían presentado el día de ayer los libelos acusatorios buscando la caída de los dos máximos integrantes del Poder Ejecutivo, la suerte de la vicepresidencia tomó un rumbo diferente. En una sesión ordinaria previa, la Cámara de Diputados rechazó el inicio del juicio político contra Pedro Alliana.
La presentación formal de la renuncia de Peña ocurrió, precisamente, luego de que el oficialismo y la disidencia colorada acordaran avanzar únicamente con la destitución del presidente, salvando al vicepresidente del proceso.
El rol del Senado y la disputa por los fueros
La resolución del conflicto institucional se traslada ahora a la Cámara Alta, que deberá definir qué camino seguir al tener sobre la mesa dos opciones de peso: la dimisión presidencial y el juicio político con media sanción. La decisión que tomen los senadores será determinante para el futuro judicial que deberá enfrentar Peña.
Si el Senado decide llevar a cabo el juicio político y lo destituye de su cargo, Peña no podrá acceder a la condición de senador vitalicio. En este escenario, el mandatario saliente no contará con fueros y quedará inmediatamente expuesto a un eventual procesamiento penal por la denuncia presentada en su contra, sin que la Justicia requiera solicitar un trámite de desafuero.
Por el contrario, si la Cámara Alta opta por aceptar la renuncia y desestimar el proceso de destitución, Peña pasará a ocupar una banca como senador vitalicio. Al adquirir esta figura, obtendrá fueros parlamentarios; por lo tanto, para que pueda ser sometido a un proceso penal, el Congreso se verá obligado a tramitar previamente su desafuero.