Falso juez Horacio Rosatti: piden juicio para cuatro presos por estafas y extorsiones desde una cárcel de Jujuy

La Justicia federal avanza contra una audaz organización criminal que operaba desde el interior del Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy. El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, Franco Picardi, solicitó que cuatro detenidos enfrenten un juicio oral bajo la acusación de hacerse pasar por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para concretar múltiples estafas y extorsiones.

El pedido de elevación a juicio fue formalizado el pasado miércoles ante el juez federal subrogante Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12. Los acusados, identificados con las iniciales C.M.A.A. (38), R.A.R. (40), S.A.L. (31) y W.R.V. (32), ya cumplen condenas previas por delitos graves que incluyen homicidio, robos y tentativas de homicidio.

Picardi les imputa los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, extorsión mediante simulación de autoridad pública y usurpación de autoridad reiterada en ocho ocasiones. Según el expediente, la banda operó sistemáticamente entre noviembre de 2024 y fines de octubre de 2025 desde el complejo carcelario ubicado en el Barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.

El modus operandi del falso Rosatti

La maniobra delictiva constaba de dos etapas bien definidas. Primero, los detenidos se comunicaban desde la cárcel con comisarías, unidades penitenciarias y dependencias de fuerzas de seguridad de todo el país. Invocando ser el titular de la Corte Suprema o representantes de comisiones de derechos humanos, exigían listados de presos, detalles de sus causas y, fundamentalmente, los teléfonos de sus familiares.

Una vez obtenida esa base de datos oficial, iniciaban la segunda fase: contactaban a los parientes de los reclusos fingiendo ser autoridades judiciales y les exigían transferencias millonarias bajo la excusa de cobrar una fianza para liberar a sus seres queridos.

Para darle apariencia de legitimidad al engaño, los estafadores utilizaban perfiles de WhatsApp con fotos de Rosatti o fachadas de tribunales, y recibían el dinero en cuentas virtuales de terceros configuradas con alias sugestivos como "poderjudicial.mp" o "poderjudicial.org.25".

El llamado que desbarató a la banda

El hilo de la investigación comenzó a desarmarse el 25 de noviembre de 2024, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) recibió el llamado de un hombre que se identificó como "el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Argumentando un relevamiento oficial, solicitó datos precisos de reclusos y contactos familiares.

El comisario a cargo dudó de la comunicación, pidió un número de contacto y, al corroborar con la seguridad real de la Corte Suprema que el magistrado no había hecho tal pedido, logró grabar un tramo de la charla. En ese registro, el estafador lo apuró: "Escúcheme comisario. Estoy hace más de una hora con el tema este. Yo puedo entender que estén en un procedimiento, que estén de visita, pero no es mucho lo que se le pide. Simplemente el nombre, el apellido, el delito que tiene cada una de las personas que están a cargo de su jurisdicción y el número de teléfono del familiar […]. Creo que no es difícil. Lo escucho". Al exigirle un oficio formal, el delincuente cortó.

A partir de esa denuncia, se intervinieron líneas y se analizaron las antenas de telefonía, lo que permitió ubicar geográficamente el origen de los llamados dentro del penal jujeño.

La red de extorsión y los engaños con falsos premios

A lo largo de la pesquisa se detectaron otros siete llamados a dependencias de Santa Fe, Esquel, Neuquén, Batán y Río Negro. En uno de los casos, los estafadores incluso lograron que un comandante de Gendarmería Nacional contactara a las familias de los presos mientras mantenía en altavoz al falso Rosatti. Allí les exigían sumas de entre 600.000 y 800.000 pesos, aunque ninguna de esas víctimas concretó el pago.

Las escuchas telefónicas fueron vitales para desnudar la operatoria. En un audio de diciembre de 2024, uno de los miembros le explicaba la mecánica a una cómplice: "Ayer estuvimos tirando numerito, casi le pegamos a tres víctimas casi". Más adelante, detallaba el guion para extorsionar a las familias: "La fianza un millón de pesos. ¿Y cómo se puede pagar? Bueno, a través de la cuenta del Poder Judicial. Le damos el CBU, una cuenta fantasma".

Además del engaño a familiares de presos, la organización ejecutó estafas telefónicas tradicionales. Un hombre fue convencido de haber ganado un auto y realizó transferencias por casi 430.000 pesos para costear un supuesto "estampillado judicial".

Otro damnificado fue engañado con el cuento de un premio de telefonía satelital. Durante meses, entregó entre 9 y 10 millones de pesos a supuestos directivos y abogados, entre los que figuraba nuevamente la falsa identidad de Rosatti. "Seguimos la corriente creyéndole de que ese premio era verdad, que nos iban a ceder cuando nosotros termináramos de pagar un cierto monto", relató la víctima, quien llegó a despachar tres electrodomésticos valuados en 1,8 millones cada uno. "Mandamos algunos electrodomésticos porque no teníamos para pagar", confesó.

En otro hecho comprobado, le hicieron creer al padre de un interno de la cárcel de Ezeiza que su hijo había convulsionado. Lograron sacarle 450.000 pesos en concepto de fianza y honorarios sociales apócrifos.

Celulares escondidos y el circuito financiero

Los allanamientos realizados a fines de 2024 en el Pabellón A del penal confirmaron las sospechas. En las celdas se encontraron teléfonos ocultos dentro de colchones, zócalos y techos, junto con anotaciones de alias, CBU y números telefónicos. Pese a las requisas, la banda logró rearmarse y continuó operando durante los meses siguientes con nuevos equipos.

La estructura tenía roles definidos: C.M.A.A. y R.A.R. realizaban las llamadas y canalizaban el dinero; mientras que S.A.L. y W.R.V. se encargaban de conseguir, ocultar y custodiar los dispositivos móviles.

El circuito del dinero terminaba en cuentas vinculadas al entorno directo de los presos. Por ejemplo, los fondos de varias estafas fueron a parar a cuentas de las parejas de los líderes de la banda. En un audio interceptado, uno de los acusados daba órdenes claras tras un depósito exitoso: "Bueno, mové la plata esa de ahí".

Al cerrar la instrucción probatoria, el fiscal Picardi concluyó: "En síntesis, los elementos reseñados permiten corroborar de manera suficiente, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, la existencia de elementos de cargo respecto de cada uno de los imputados. No se trata de indicios aislados, sino de constancias que provienen de fuentes independientes entre sí —comunicaciones interceptadas, allanamientos y secuestros, informes de las prestatarias telefónicas y de las entidades financieras, registros penitenciarios y declaraciones de las víctimas— y que, valoradas en conjunto, convergen sobre los mismos hechos y las mismas personas".

Asimismo, la fiscalía solicitó investigar y citar a indagatoria a tres mujeres vinculadas a los acusados, por prestar sus cuentas bancarias para recibir los fondos ilícitos.