El Gobierno fijó exigencias técnicas que limitan la participación de empresas chinas en el país
Mediante una nueva disposición oficial, el Estado nacional requerirá una certificación estadounidense para la compra e instalación de infraestructura crítica. La medida, en sintonía con los pedidos de Washington, afectará directamente a compañías asiáticas como Huawei y ZTE.
El Gobierno nacional estableció un nuevo marco técnico que deberán acatar todas las sociedades, empresas y organismos del Estado al momento de adquirir, operar, instalar o contratar equipamiento destinado a infraestructuras críticas de telecomunicaciones.
La medida se formalizó este viernes a través de la Disposición 7/2026 del Boletín Oficial. La normativa exige que, a partir de ahora, las compras públicas en este sector estratégico únicamente podrán homologarse si cuentan con el certificado SCS 9001. Dicho aval es emitido por la Telecommunications Industry Association (TIA), una cámara comercial de los Estados Unidos que agrupa a proveedores y fabricantes de equipos tecnológicos.
El documento lleva la firma de Walter Fabián Agüero, el flamante director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un área que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
El rol de la TIA y el impacto en firmas asiáticas
La TIA no es una dependencia estatal, sino una entidad empresarial con fuerte poder de lobby ante reguladores y el Congreso norteamericano, operando habitualmente en sintonía con el Departamento de Estado.
Si bien fuentes oficiales argumentan que la exigencia busca elevar los estándares de seguridad en infraestructuras sensibles, la decisión responde también a un pedido de la Casa Blanca para restringir el margen de acción de las compañías chinas en el país.
Aunque la disposición oficial no individualiza a ninguna firma, los propios documentos de la TIA señalan que empresas como Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI no reúnen las condiciones necesarias para acceder a sus certificaciones.
El impacto podría ser aún mayor si el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) —intervenido por el Ejecutivo desde enero de 2024— decide aplicar estas mismas pautas a los licenciatarios de servicios. De concretarse, las firmas asiáticas quedarían bloqueadas para participar en el mercado local de instalaciones y contrataciones de telecomunicaciones.
Financiamiento, diplomacia y antecedentes en la región
La agenda bilateral de ciberseguridad cobró impulso hace dos semanas con la visita del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. Durante su paso por la Argentina, el funcionario anunció un desembolso de 15 millones de dólares destinado a "ayudar a la Argentina a establecer un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad", el cual operará bajo la órbita del CNC.
La estrategia de Washington ya registra antecedentes en la región. Un informe del Departamento de Estado, titulado "Informe al Congreso sobre la protección de la infraestructura digital en los países en desarrollo", admite que la aplicación del estándar SCS 9001 en la licitación de redes 5G en Paraguay sirvió para "impedir, en la práctica, que las empresas chinas compitan en las licitaciones, sin necesidad de excluirlas explícitamente".
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, utilizó su cuenta de X para respaldar la disposición de la Casa Rosada. "Es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones. Un mercado libre no debe ser un mercado ciego: la seguridad de las cadenas de suministro y la adopción de estándares internacionales brindan la certidumbre que el capital privado necesita para invertir a largo plazo", expresó el diplomático.
En este complejo entramado geopolítico, trascendió que el asesor presidencial Santiago Caputo volvió a oficiar como figura central en la mediación entre el Gobierno y Washington. Caputo ha concentrado bajo su órbita el control de áreas prioritarias para los intereses estadounidenses, abarcando las políticas de ciberseguridad, telecomunicaciones, la gestión de represas y el plan nuclear nacional, con especial foco en Atucha.