Fred Machado, el empresario vinculado a José Luis Espert, fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos
El financista de la campaña presidencial de 2019 admitió su culpabilidad en la Justicia federal de Texas por estafas con la compraventa de aviones.
La Justicia federal de Estados Unidos impuso una pena de seis años de cárcel a Federico "Fred" Machado. El empresario argentino, de fuerte repercusión en la política nacional por sus vínculos financieros con campañas electorales, fue sentenciado este martes tras admitir su participación en una conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de activos.
El fallo fue dictado por el juez Amos Mazzant, titular del Juzgado del Distrito Este de Texas. El magistrado estableció una condena de 72 meses por cada uno de los dos cargos imputados. Como las penas se cumplirán de manera simultánea, el tiempo total efectivo tras las rejas será de seis años, a los que se sumará un período posterior de tres años de libertad supervisada. Actualmente, el financista permanece recluido en una prisión norteamericana.
El acuerdo judicial y el descarte de la causa por drogas
La resolución de este martes se concretó en una audiencia que duró apenas 17 minutos. En ese lapso, Mazzant validó el pacto de culpabilidad que la defensa de Machado había alcanzado con los fiscales en el mes de agosto.
El derrotero legal del argentino tuvo varios giros. Tras ser arrestado en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén y posteriormente extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025, el empresario rechazaba inicialmente las acusaciones. Sin embargo, cuando se encaminaba hacia un juicio por jurados, decidió cambiar su estrategia. En mayo pasado, durante una audiencia de 16 minutos ante el juez Don Bush, se declaró culpable.
Este cambio de postura le otorgó un beneficio sustancial: a pedido de la Fiscalía, se desestimaron decenas de acusaciones previas, incluida la grave imputación por narcotráfico internacional que pesaba sobre él desde 2020 y que contemplaba una pena mínima de diez años de encierro.
Además de la pena de prisión, el tribunal le fijó una multa y una tasa especial de US$100 por cada delito. Quedó pendiente la definición del monto exacto que Machado deberá devolver a las víctimas de sus estafas. Esa determinación se postergó 90 días y será tratada en una próxima audiencia convocada para el 17 de febrero de 2027, al mediodía, en los tribunales de Sherman, Texas.
El esquema de las estafas aeronáuticas
La investigación desarticuló una compleja estructura dedicada a captar inversores mediante la compraventa fraudulenta de aviones. El argentino operaba desde el estado de Florida a través de las firmas Pampa Aircraft Financing y South Aviation Inc.
Estas empresas articulaban sus maniobras con Wright Brothers Aircraft Title, una agencia de garantía radicada en Oklahoma City. Esta última compartía oficinas y personal con Aircraft Guaranty Corporation, compañía vinculada a Debra Lynn Mercer-Erwin, socia estadounidense de Machado que en 2023 fue condenada a 16 años de prisión.
El expediente norteamericano detalla la comercialización de aeronaves que en realidad pertenecían a terceros o que no estaban disponibles, afectando negociaciones en mercados de Japón y China. Uno de los casos documentados es el de la aerolínea Air India: en noviembre de 2020 se pactó un depósito reembolsable de US$5 millones, de los cuales US$550.000 terminaron siendo girados a cuentas personales de Machado para gastos completamente ajenos a la operación.
Las repercusiones sobre José Luis Espert en Argentina
El caso internacional tiene un fuerte impacto en el escenario político argentino. Fred Machado fue un engranaje clave en el financiamiento y la logística de la campaña presidencial de 2019 de José Luis Espert, a quien incluso le proveía aviones para sus traslados.
En la documentación judicial de Estados Unidos figura una transferencia de US$200.000 realizada en enero de 2020 mediante el Bank of America a favor del actual diputado nacional. Este giro estaba directamente asociado a la aeronave matrícula N28FM, la misma que utilizaba Machado para viajar a la Argentina.
Para justificar ese ingreso, Espert aseguró que se trataba de la primera cuota de un contrato de consultoría valuado en un millón de dólares para un desarrollo minero en Guatemala, un proyecto que, según su versión, jamás se materializó a causa de la pandemia de Covid-19.
No obstante, esta explicación fue desestimada recientemente por la Justicia argentina. En octubre, Lino Mirabelli, juez federal de San Isidro, dictó el procesamiento del legislador por presunto lavado de activos, argumentando que existen indicios suficientes de que esos US$200.000 salieron de una sociedad vinculada a Machado.
Junto con el procesamiento, el magistrado trabó un embargo de $1000 millones y le prohibió salir del país. Tras la medida judicial, Espert apeló la resolución y negó rotundamente haber cometido un delito.