Malvinas: el Gobierno advirtió que podría iniciar acciones penales contra directivos de petroleras británicas
El canciller Pablo Quirno anticipó que la Argentina recurrirá a todas las herramientas legales, judiciales y diplomáticas para frenar la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. Además, exigió que el Reino Unido respete un eventual fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Gobierno nacional endureció su postura frente a la inminente exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Este jueves, el canciller Pablo Quirno confirmó que la gestión de Javier Milei evalúa impulsar procesos penales contra las autoridades de las firmas petroleras que intenten operar en el archipiélago.
En diálogo con Radio Rivadavia, el ministro de Relaciones Exteriores apuntó directamente contra las empresas Navitas y Rockhopper, involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion. Al respecto, el funcionario subrayó: "Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas".
Ante la consulta específica sobre la posibilidad real de que la Justicia argentina avance contra personas físicas, Quirno no dejó margen para las dudas y respondió: "Absolutamente, sí, absolutamente".
Las palabras del titular del Palacio San Martín se dan en el marco de una publicación realizada este mismo jueves por el diario británico The Guardian, donde se reveló que la Argentina ya habría notificado a los ejecutivos de Rockhopper Exploration sobre los riesgos de enfrentar multas y penas de prisión por su participación en la zona de disputa.
En este contexto, Quirno garantizó que se agotarán todas las instancias para bloquear la sustracción de recursos: "Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda".
Freno internacional: el reclamo en Hamburgo
En el plano diplomático, el Gobierno formalizó una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (con sede en Hamburgo, Alemania) solicitando medidas provisionales. El objetivo central es suspender cualquier actividad extractiva antes del primer trimestre de 2027 fecha proyectada para el inicio de las operaciones hasta que se logre conformar un tribunal arbitral.
Sobre el accionar británico en el área, el canciller sentenció: "Está claro que esto es una acción unilateral, está claro que el Reino Unido hace caso omiso a estas resoluciones".
A su vez, aclaró que este planteo jurídico no busca dirimir el histórico reclamo territorial, sino proteger la riqueza hidrocarburífera: "El Tribunal Internacional del Mar no tiene jurisdicción para tratar temas de soberanía. Argentina está planteando en el tribunal justamente el tema de sus recursos naturales y ahí es donde se centra esta discusión hoy".
De obtener una resolución favorable, Quirno advirtió sobre la obligación de Londres de acatarla: "Uno espera que el Reino Unido, en caso de que se dé ese resultado, acate las órdenes, porque si no sería contrario a las propias disposiciones de un acuerdo del que ellos son parte y estaría en contra del derecho internacional".
Rutas marítimas y la estrategia integral de Milei
Durante la entrevista radial, el ministro también abordó la posible reactivación de una ruta marítima que conecte Punta Arenas (Chile) con las Islas Malvinas. Si bien reconoció el derecho a la navegación, fue tajante respecto al control de los buques mercantes: "Existe un marco de libre circulación. Lo que sí existe es legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino".
En esa línea, manifestó su expectativa de que las empresas navieras cumplan con la normativa nacional y confió en que la administración chilena sostendrá su histórico apoyo al reclamo soberano argentino, evitando brindar soporte logístico a las petroleras.
Finalmente, Quirno enmarcó esta ofensiva judicial y diplomática dentro de un plan estratégico más amplio impulsado por el presidente Milei. Según detalló, este programa incluye reformas legislativas para robustecer la defensa de los intereses en el Atlántico Sur y la construcción de una base naval integral en la ciudad de Ushuaia.