Falsas ofertas de trabajo en internet: lo condenaron a 7 años por promover y explotar la prostitución

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 dictó una condena de 7 años de prisión para Sergio Daniel Velazco, un hombre de 64 años acusado de montar una estructura prostibularia bajo la falsa promesa de representar modelos y promotoras. Se comprobó que el imputado se aprovechó de la vulnerabilidad de sus víctimas para promover, facilitar y explotar la prostitución ajena.

El técnico en refrigeración operó entre los meses de julio y octubre de 2014, lapso en el que contactó a cuatro mujeres a través de supuestas ofertas laborales publicadas en sitios de internet. Durante el proceso, el titular de la Fiscalía General N°1 de la Capital Federal, Diego Luciani, había requerido 9 años de cárcel y el decomiso de la vivienda del acusado.

El fallo fue dictado el 15 de octubre de manera unipersonal por el juez Jorge Gorini. En su resolución, además de la pena de prisión, el magistrado ordenó una reparación económica de 2.302.800 pesos para cada una de las mujeres afectadas. Dicho monto deberá actualizarse mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC al momento en que se haga efectivo el pago.

El falso representante y su engaño en la web

La causa judicial, impulsada originalmente por la fiscal Paloma Ochoa en la Fiscalía Federal N°10, se destapó casi por accidente. En octubre de 2014, efectivos del Área de Cibercrimen de la ex Policía Metropolitana allanaron la vivienda de Velazco en la calle José A. Terry al 300, en Caballito, en el marco de otra investigación por amenazas contra una jueza. Durante el operativo rescataron a una de las damnificadas e incautaron evidencia que llevó a identificar al resto de las víctimas.

Durante el juicio, se demostró que el mecanismo de captación iniciaba con publicaciones falsas en bolsas de trabajo online. Velazco buscaba mujeres con necesidades económicas urgentes, les pedía fotos y las citaba a entrevistas presenciales en su casa.

Una vez en el domicilio, cambiaba las reglas: les informaba que el verdadero trabajo era ejercer la prostitución. Ante la desesperación por conseguir dinero, las víctimas aceptaban las condiciones. El condenado gestionaba los encuentros con los clientes, acompañaba a las mujeres a las citas y luego exigía una parte del dinero recaudado.

El alegato del fiscal Diego Luciani

El juicio comenzó el 1° de julio. A la hora de los alegatos, el fiscal Luciani remarcó que las pruebas digitales —como registros de sitios web, fotos y videos incautados— comprobaban que el imputado creó sus propios dominios en internet para publicitar los servicios sexuales.

"Sergio Daniel Velazco promocionaba, facilitaba y explotaba económicamente la prostitución de mujeres; cuanto menos, de las que han podido ser identificadas como víctimas en la presente causa", sostuvo Luciani.

El fiscal hizo hincapié en la falta de un consentimiento genuino: "El presente caso demuestra irrefutablemente cómo las conductas desarrolladas por el imputado, aprovechándose de las necesidades económicas de las víctimas, efectivamente derivaron en una clara afectación de su libertad sexual y dignidad, al haber sido determinadas a ofrecer su cuerpo a cambio de dinero".

En otro tramo de su exposición, subrayó que el accionar del encausado "implicó que las mujeres fueran sexualmente cosificadas; esto es, tratadas como una mercancía u objeto de comercio en condiciones lesivas de su dignidad e integridad". Además, reveló un detalle agravante: Velazco "condicionó a las 4 víctimas a mantener relaciones sexuales con él, como estricto requisito para poder prostituirse a su amparo, y así percibir los ingresos económicos que tanto necesitaban".

Vulnerabilidad y violencia de género

Los fundamentos de la sentencia fueron publicados el 3 de noviembre. Allí, el juez Gorini ratificó que las declaraciones de las denunciantes conformaban "una prueba trascendental" respaldada por normativas internacionales y nacionales para la erradicación de la violencia de género. El magistrado concluyó que los delitos sucedieron "en un contexto de violencia de género".

Gorini detalló que las cuatro mujeres fueron coincidentes al relatar cómo Velazco las engañó. Al asistir a las entrevistas por los presuntos puestos de "modelos vip", descubrían que "en realidad se trataba de un servicio de acompañantes para tener relaciones sexuales con clientes prostituyentes; que para ello les efectuaría fotografías con lencería y en poses eróticas las cuales serían subidas posteriormente a las páginas web".

El control sobre las mujeres era estricto. "En pos de mantener el control de la actividad ejercida por las víctimas el encausado era el único que manejaba el teléfono celular de contacto que él consignaba en los avisos publicitarios, hacía un seguimiento de las llamadas y mensajes de textos, para evitar que las víctimas pudieran convenir con clientes por cuenta propia, fuera de su conocimiento", argumentó el juez.

En relación al control psicológico, Gorini indicó que Velazco "logró mantener a las víctimas bajo su dominio, con plena conciencia de la situación de vulnerabilidad en las que se encontraban, las penurias que estaban padeciendo, el apremio económico y la promesa de ganancias que de otro modo no podían obtener en razón a la coyuntura en la que se encontraban inmersas".

El magistrado fundamentó la condena agravada destacando que "era Velazco quien se ocupaba de promover y facilitar la prostitución de las víctimas, induciéndolas a iniciarse en dicha actividad, colaborando con su publicidad y la captación de los clientes".

Finalmente, concluyó que "la intervención personal del nombrado en cuanto a la provisión de clientes, la coordinación y supervisión de los encuentros y, especialmente, la percepción de un porcentaje del dinero obtenido, constituyen circunstancias que, apreciadas integralmente, permiten encuadrar su conducta en la figura de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena".

Cabe señalar que, si bien el magistrado avaló la reparación económica a las víctimas, rechazó el decomiso de la vivienda solicitado por la fiscalía. Gorini explicó que no había pruebas suficientes para determinar que la propiedad fuera de Velazco, por lo que proceder con el decomiso significaba afectar "la propiedad de un tercero ajeno al proceso sin tener una razón plausible que lo justifique".