Ley de patentes en el Senado: el proyecto avanza con el sello de los laboratorios nacionales y en tensión con Estados Unidos
La Cámara alta se prepara para debatir este jueves 19 la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con reserva del Capítulo II. La iniciativa refleja el peso de la industria farmacéutica local frente a las exigencias de Washington y de las firmas multinacionales, que condicionan inversiones por 8.000 millones de dólares.
El tratamiento legislativo de la nueva ley de patentes en el Senado se encamina hacia una definición que favorece la postura de los laboratorios de capitales nacionales por encima de los reclamos de Estados Unidos. De acuerdo con información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el dictamen que el recinto analizaría el próximo jueves 19 establece la incorporación al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) incluyendo una reserva sobre su Capítulo II, un esquema que se aparta de la aprobación plena exigida tanto por la Casa Blanca como por las farmacéuticas extranjeras.
La inclusión de esta cláusula responde a las gestiones abiertas realizadas por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que mediante presentaciones formales y datos técnicos impulsó recortar los alcances del convenio internacional. De concretarse la sanción en estos términos, la Argentina se sumaría al tratado con la mitad de su operatividad desactivada, un antecedente que dentro de los 158 Estados que integran el sistema únicamente registra Uruguay.
El rechazo de las multinacionales y los 8.000 millones de dólares en juego
Desde el inicio de la discusión, las compañías farmacéuticas internacionales sostuvieron que el PCT debía ratificarse sin modificaciones, respetando el texto original aprobado por el Senado en 1998. En esa línea, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) —entidad que nuclea a las filiales de Pfizer, Merck, Roche, Novartis, Bristol Myers Squibb, GSK y Sanofi— junto con la cámara AmCham remitieron notas a los senadores para objetar cualquier alteración al articulado.
Para las firmas extranjeras, incorporar la reserva "debilita fuertemente el beneficio del sistema", dado que el Capítulo II regula el examen preliminar internacional, una herramienta clave para optimizar la calidad de las solicitudes y disminuir la incertidumbre jurídica. Frente al avance del texto modificado, CAEMe terminó por resignar su postura inicial al señalar que el PCT "es prioritario, aun con la reserva", considerándolo un paso dentro de una "convergencia progresiva" hacia las normativas globales.
En el trasfondo de la pulseada figura un desembolso proyectado de 8.000 millones de dólares en investigación clínica en el país para el período 2026-2032. Ese anuncio, realizado en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei, quedó sujeto a las condiciones del régimen de propiedad intelectual, un argumento al que recurre de forma habitual el embajador norteamericano, Peter Lamelas, para pedir celeridad parlamentaria.
La ofensiva diplomática de Washington y el acuerdo con Trump
La exigencia del gobierno estadounidense supera incluso los planteos del sector privado, ya que la adhesión al PCT integra los compromisos del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) suscripto entre Milei y Donald Trump el pasado 5 de febrero.
Para impulsar la aprobación sin recortes, la administración norteamericana desplegó una intensa agenda de gestiones en Buenos Aires:
Gestiones diplomáticas y legislativas: Además de los reclamos públicos del embajador Lamelas, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, visitó la capital argentina sin conseguir que la iniciativa llegara al recinto, mientras que enviados de la oficina comercial USTR, entre ellos Jeff Goettmann, mantuvieron reuniones en el Congreso.
Advertencias oficiales: El consejero comercial de la embajada de Estados Unidos, Joel Reynoso, reconoció esta semana que "estamos muy ansiosos" por la sanción de la norma. En paralelo, el informe anual de Washington subrayó que monitoreará la ejecución del ARTI y advirtió que la Argentina "sigue planteando desafíos" para los sectores con alto desarrollo en propiedad intelectual.
En el ámbito parlamentario predomina un diagnóstico complejo para el Poder Ejecutivo: una ley moldeada según los intereses de los laboratorios nacionales dejaría insatisfecho al gobierno de Estados Unidos, mantendría los 8.000 millones de dólares atados a la decisión discrecional de las empresas y reforzaría las críticas de Washington respecto de un cumplimiento parcial de los pactos bilaterales.