Estafa millonaria desde una cárcel de Jujuy: simularon ser Horacio Rosatti y le sacaron hasta $10 millones con un falso premio

Una banda que operaba desde el interior del Establecimiento Penitenciario N°7 de San Salvador de Jujuy fue acusada formalmente de ejecutar una prolongada estafa mediante la cual despojó a un hombre y a su pareja de una suma estimada entre $9 millones y $10 millones.

Según la requisitoria de elevación a juicio presentada el 4 de noviembre por el fiscal federal Franco Picardi, los involucrados se hacían pasar por autoridades judiciales —entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti— y directivos empresariales para exigir pagos por supuestos premios, reclamar falsas fianzas y obtener información sobre personas detenidas y sus entornos familiares.

El requerimiento fiscal solicita que sean sometidos a juicio oral Cristian Mariano Ariel Acho, Ramón Atilio Ríos, Sebastián Ariel López y Walter Rodrigo Vargas, bajo las imputaciones de asociación ilícita, usurpación de autoridad, dos hechos de estafa y extorsión mediante simulación de autoridad pública. En relación con Acho, el dictamen acota su responsabilidad hasta el 10 de agosto de 2025, fecha en la que recuperó su libertad y dejó esa unidad carcelaria.

Cómo fue el engaño del falso premio satelital

El caso que tuvo como damnificado a "Daniel" se inició en octubre de 2024, cuando recibió el llamado de un individuo que se identificó como Matías Pérez, supuesto director de una firma, quien le aseguró que había ganado un premio de telefonía satelital 4G. Para acceder al beneficio, le indicó que debía cubrir diversos gastos administrativos. Con el correr de las semanas, se sumaron otros interlocutores ficticios: un supuesto abogado de apellido Rozetti, una mujer llamada "Laura" y un sujeto que invocó la identidad de Horacio Rosatti.

"Seguimos al corriente de ello creyéndole de que ese premio era verdad", relató el hombre al declarar en sede judicial. Según explicó, las exigencias económicas se renovaban bajo distintos pretextos y sin un monto total definido: "Nos faltaba esto y nos faltaba otra cosa para pagar".

Al agotarse sus ahorros, la pareja recurrió a otras vías para afrontar los reclamos. La mujer gestionó un crédito bancario, vendieron teléfonos celulares para reunir efectivo y llegaron a despachar por encomienda tres electrodomésticos valuados en aproximadamente $1,8 millones cada uno. "Nosotros somos personas de bajos recursos", expresó la víctima, quien recién logró frenar los envíos hacia fines de agosto de 2025, cuando la situación económica se tornó insostenible.

El rastro del dinero y las llamadas desde la prisión

La investigación reunió registros bancarios y escuchas que permitieron reconstruir la ruta de las transferencias y el rol de cada integrante:

Usurpación de identidad y giros: En un audio fechado el 23 de noviembre de 2024, un hombre llama por su nombre al damnificado y le dice: "Habla el Dr. Horacio Rosatti". En esa comunicación le ordena cargar dinero en la cuenta de Mercado Pago de su pareja. Al día siguiente, en otra grabación, le indicó transferir los fondos a una cuenta de Rita Elizabeth Ayllón —expareja del imputado Ramón Atilio Ríos— y remitirle el comprobante directamente a él, evitando a una supuesta secretaria. La fiscalía vinculó esa orden con un envío de $49.900 realizado el 25 de noviembre a una cuenta de Naranja Digital a nombre de Ayllón.

Otras cuentas receptoras: Entre el 15 de noviembre y el 2 de diciembre de 2024, los damnificados realizaron otros tres pagos ($250.000, $200.000 y $118.700) que totalizaron $618.600 y tuvieron como destino cuentas de Marilina Paola Arjona, pareja del acusado Cristian Mariano Ariel Acho. Por estas maniobras, Picardi también requirió investigar la presunta participación de Ayllón, Arjona y Celeste Isabel Giménez en la recepción y canalización del dinero.

El celular hallado en un colchón: El 3 de diciembre de 2024, durante un procedimiento en la cárcel jujeña, se secuestró un teléfono Samsung Galaxy A01 oculto dentro del colchón de una celda. En ese dispositivo se encontraron audios enviados a Daniel, fotos de su documento, comprobantes de pago y registros telefónicos de la pareja. Incluso figuraba una grabación del 19 de noviembre de 2024 donde el interno le comentaba a su pareja que se había levantado "para tirar números, para ver si choreo algo".

Líneas a nombre de la víctima para contactar a Gendarmería

A pesar de los allanamientos concretados en diciembre de 2024, los contactos continuaron. De acuerdo con los informes incorporados al expediente, en enero de 2025 se efectuaron cuatro llamadas a la víctima desde una línea registrada a nombre de Sebastián Ariel López. Para el Ministerio Público Fiscal, López y Walter Rodrigo Vargas se encargaban de resguardar, intercambiar y esconder los teléfonos y tarjetas SIM dentro del penal.

Durante el transcurso de la estafa, los autores también convencieron a Daniel y a su pareja de cambiar sus números telefónicos bajo el falso argumento de que sus líneas podían estar pinchadas o sufrir un hackeo.

Paralelamente, la pesquisa detectó que a nombre del propio Daniel se dieron de alta 11 líneas telefónicas utilizadas en aparatos de la organización. Desde uno de esos números, el 27 de enero de 2025, se realizó una comunicación a la Guardia de Prevención de Gendarmería Nacional en la que el interlocutor volvió a presentarse como Horacio Rosatti para solicitar datos sobre detenidos y sus familiares, replicando el mecanismo habitual con el que la banda recolectaba información para futuras estafas y extorsiones.