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Política

Diputados debate hoy la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma del Banco Central en una sesión clave

Cámara de Diputados (Foto: Infobae)

El oficialismo intentará conseguir este miércoles la media sanción para la denominada ley Malvinas y la sanción definitiva de los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, en una maratónica jornada legislativa que incluirá además acuerdos internacionales y convenios con la Ciudad de Buenos Aires.

La Cámara de Diputados llevará adelante este miércoles una sesión especial estimada en unas 12 horas de duración, cuyo eje central será la búsqueda de la media sanción para la ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, texto que regresa con modificaciones desde el Senado.

El temario legislativo contemplado para la jornada también incluye la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio suscripto entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA), sumado a dos convenios firmados entre el Estado nacional y la administración porteña orientados a profundizar la transferencia de competencias judiciales hacia el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Claves del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

La iniciativa conocida como ley Malvinas propone un endurecimiento de las penalizaciones para aquellos actores que realicen la explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en el Atlántico Sur sin contar con la debida autorización de la Argentina. Dicho articulado contempla sanciones que van desde multas económicas hasta suspensiones y cancelaciones de habilitaciones comerciales dirigidas a empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos vinculados a estas prácticas irregulares.

A raíz de distintas negociaciones políticas con bloques aliados y gestiones impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos, el oficialismo aceptó remover del régimen punitivo a los accionistas minoritarios que posean participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos.

El proyecto asimismo contempla la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional que será presidido por el Presidente de la Nación, integrándose de forma permanente con la Jefatura de Gabinete, las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, junto a la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica. Este nuevo organismo poseerá competencias para coordinar las políticas de seguridad interior, defensa e inteligencia, además de evaluar inversiones provenientes de capitales o Estados extranjeros en áreas estratégicas como defensa, energía, telecomunicaciones, minería, hidrocarburos y actividades espaciales. Este punto en particular, contenido en el artículo 111, genera inquietud en los sectores aliados ante el temor de que el Ejecutivo nacional paralice inversiones negociadas directamente por las provincias.

Debate por artículos sensibles y posturas opositoras

Como respuesta a los reclamos planteados por los legisladores dialoguistas, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento destinada a auditar las determinaciones del Consejo, obligando al Poder Ejecutivo a notificar a dicho cuerpo parlamentario sobre las medidas de seguridad implementadas en un plazo no mayor a 48 horas.

Por otra parte, la propuesta fija penas de prisión de cinco a 12 años para quienes obren por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero con la intención de alterar comicios, incidir en la opinión pública o condicionar determinaciones de las autoridades. Si bien el dictamen exceptúa de esta figura a la labor diplomática, la actividad periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses, sectores de la oposición sostienen que la redacción actual carece de la claridad necesaria y podría lesionar la libertad de expresión y el desempeño de las Organizaciones No Negubernamentales.

Ante este escenario, la oposición anticipó que, de no introducirse modificaciones, el Título VII podría recibir un rechazo en el recinto, dado que requiere una mayoría especial de 129 votos afirmativos al modificar el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos. Durante el paso del proyecto por las comisiones, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei asumió el compromiso de reescribir algunos pasajes, aunque bloques aliados señalaron a Infobae que los cambios se limitaron a modificaciones menores de vocabulario que no alteran el sentido general de la norma.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Como segundo punto trascendental de la agenda parlamentaria figura la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la cual retorna a la Cámara de Diputados luego de los cambios introducidos por el Senado al texto original que había dado media sanción la Cámara baja.

La iniciativa estipula que la misión primordial de la institución financiera será la preservación del valor de la moneda, prohibiendo simultáneamente el financiamiento directo o indirecto al Tesoro Nacional a través de adelantos transitorios y de la adquisición de títulos públicos en el mercado primario.

En tanto, la Cámara alta modificó el procedimiento para la designación y remoción de los integrantes del directorio: mientras que la normativa original exigía el voto favorable de dos tercios de ambas cámaras legislativas, el texto con media sanción del Senado determina que tales decisiones queden bajo la órbita exclusiva de la Cámara alta mediante el respaldo de la mayoría absoluta de sus miembros. Adicionalmente, el proyecto veta la transferencia de ganancias contables o derivadas de diferencias cambiarias al Tesoro, estableciendo que los resultados financieros del organismo se destinen en primer lugar a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio institucional o saldar deuda pública.

Frente a este panorama, la Cámara de Diputados cuenta con la alternativa de aceptar las enmiendas del Senado para convertir la iniciativa en ley o bien insistir con la redacción que votó originalmente, habiendo adelantado el oficialismo su intención de convalidar el texto procedente de la Cámara alta.

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