El Gobierno baja la tensión con Chile por el buque a Malvinas y apunta a una maniobra de Londres
La administración nacional descartó un conflicto diplomático con el gobierno de José Antonio Kast debido al viaje del carguero Danstar a las islas Malvinas. En la Casa Rosada priorizan el vínculo bilateral y sospechan que el Reino Unido busca generar fricciones entre ambos países.
Desde la administración central se buscó bajar el tono respecto a las diferencias con Chile y se descartó de plano la existencia de una controversia diplomática por el paso del buque que reactivará el enlace comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas. En Balcarce 50 remarcaron que el vínculo con la gestión de José Antonio Kast se sostiene en buenos términos, a pesar de los entredichos públicos protagonizados por los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna en torno a las condiciones de navegación de la embarcación Danstar. La postura oficial apunta a preservar la relación bilateral mientras se monitorean los preparativos del carguero, cuyo viaje inaugural está programado para diciembre.
La lectura política que predomina en el Ejecutivo señala directamente hacia Londres. Ciertos sectores gubernamentales estiman que el Reino Unido procura estimular cortocircuitos entre la Argentina y Chile previo al inicio de la travesía. Consideran que un choque bilateral beneficiaría los intereses británicos al desviar el foco del debate sobre la extracción de hidrocarburos en el Atlántico Sur hacia un diferendo entre dos naciones aliadas.
Por otra parte, en el Gobierno indicaron que el canal de diálogo entre las Cancillerías permanece abierto y fluido, aunque evitaron confirmar si existieron comunicaciones específicas referidas al trayecto del Danstar, sin negar que se hayan producido contactos recientes entre Quirno y Pérez Mackenna al respecto. El criterio oficial postula que ambos países disponen de normativas para resolver situaciones de esta índole y que los contrapuntos expuestos públicamente no configuran, por el momento, un diferendo diplomático.
El cargamento y la llegada del buque a Punta Arenas
El punto central que maneja la Casa Rosada se vincula con la naturaleza de la carga. Fuentes oficiales manifestaron que los datos disponibles apuntan a que el Danstar no transportará suministros destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado de manera conjunta por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Esta apreciación coincide con la postura de la firma chilena Easter Island, que rechazó cualquier vinculación con el abastecimiento de la actividad hidrocarburífera. No obstante, no se oficializó una auditoría independiente sobre el destino final de la totalidad de las mercancías.
El navío arribó este lunes a Punta Arenas tras zarpar desde Valparaíso el pasado 29 de octubre y completar su travesía por los canales australes. Previo a dar inicio a sus labores comerciales, el carguero ingresó a los talleres de los Astilleros y Maestranzas de la Armada chilena para someterse a revisiones técnicas. De acuerdo con el cronograma previsto para la reapertura de la ruta marítima directa inactiva desde 2011, la primera expedición rumbo a las islas tendrá lugar el 17 de diciembre, facilitando el traslado de alimentos, materiales de construcción y artículos de consumo general.
El seguimiento del trayecto había despertado ciertos recelos en esferas castrenses argentinas. Días atrás, antes de confirmarse su recalada en territorio chileno, reportes de monitoreo marítimo advirtieron sobre la desaparición temporal del carguero de los sistemas públicos de localización, momento en el cual circularon versiones sobre una eventual anticipación de la salida. Dicha perspectiva se modificó con la ratificación de su llegada y del calendario previsto para diciembre.
Controversia normativa y exigencias de navegación
Las divergencias públicas comenzaron a manifestarse tras las declaraciones de Quirno acerca del régimen aplicable a las embarcaciones que se dirigen a las islas. El funcionario argentino afirmó que los buques deben acatar las disposiciones de la legislación nacional al transitar aguas jurisdiccionales del país. Por su parte, Pérez Mackenna retrucó que Chile reconoce la libertad de navegación consagrada a nivel internacional y negó que su nación deba requerir una autorización para una gestión comercial de carácter privado. La controversia gira en torno a las exigencias que debe cumplir el barco, sin que se hayan dictado sanciones o medidas diplomáticas contra los Estados involucrados.
En el plano legal, la Argentina cuenta con regulaciones específicas. El decreto 256/2010 estipula que los navíos con destino a las Malvinas que crucen aguas bajo jurisdicción nacional deben solicitar un permiso previo. A su vez, la decisión administrativa 930/2017 delega en la Dirección Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur la potestad de aprobar o rechazar dichas peticiones, quedando la Prefectura Naval Argentina a cargo de la fiscalización operativa. El Ejecutivo optó por no confirmar si la empresa operadora del Danstar formalizó la solicitud requerida ni si se cursaron avisos sobre el procedimiento a seguir.
Voceros del área de control marítimo aclararon que el carguero carece de antecedentes de navegación en aguas argentinas, habiéndose limitado su tráfico previo a la ruta con la isla de Pascua. Por ese motivo, estimaron que la ausencia de registros previos en el Sistema Guardacostas no constituye una anomalía, dado que la embarcación aún no concretó el trayecto hacia las islas Malvinas.
En los sectores militares advierten que un eventual incumplimiento normativo recaería sobre la empresa armadora o el capitán del barco mediante la aplicación de sanciones legales, interpretándose como una cuestión comercial privada que no debería escalar a una disputa diplomática bilateral. Sin embargo, en dichos ámbitos sugirieron que el Gobierno evalúe el régimen de paso no inocente contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para endurecer la postura frente a una navegación inconsulta, aunque admitieron la falta de voluntad política para instrumentar esa medida, la cual exige acreditar presupuestos particulares.
Marco judicial y el entendimiento bilateral con Chile
La inquietud argentina se concentra primordialmente en evitar que una vía comercial encubra operaciones hidrocarburíferas no autorizadas. En septiembre, el Gobierno promulgó el decreto 868/2026 para robustecer los controles y penalizaciones sobre la explotación de recursos en espacios marítimos en disputa, sumando exigencias para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ante nexos con actividades prohibidas. Desde la administración central se diferencia la provisión comercial ordinaria de la intervención directa o indirecta en proyectos petroleros carentes de aval oficial.
En paralelo, el conflicto en torno a SeaLion avanza en el plano judicial internacional. El pasado 13 de octubre, la Argentina interpuso una demanda de medidas provisionales contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, con el fin de frenar las tareas de extracción mientras se conforma el tribunal arbitral definitivo. Concluida la ronda de audiencias celebrada el 10 y el 11 de noviembre, los magistrados estipularon de manera tentativa el 28 de noviembre para dar a conocer su resolución.
La cautela exhibida por la Casa Rosada responde también a los entendimientos políticos suscriptos por Javier Milei y José Antonio Kast. Mediante una declaración conjunta emitida el 3 de septiembre, el Ejecutivo chileno ratificó su respaldo a los derechos soberanos argentinos sobre las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, abogando por la reanudación de las negociaciones bilaterales con el Reino Unido. Desde el Gobierno nacional buscan resguardar ese respaldo diplomático y evitar que las operaciones de una firma privada perturben la sintonía alcanzada por ambas administraciones.