Presupuesto 2027: el Gobierno pone tope al empleo público y frena la cobertura de vacantes
El dictamen del Presupuesto 2027 incluye dos artículos específicos para congelar la planta de personal en la Administración Pública Nacional y obligar a las dependencias a pedir autorización antes de ocupar puestos libres. La medida da continuidad al ajuste estatal que ya redujo más de 77.000 cargos desde finales de 2023.
Con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal y mantener acotada la estructura del Estado, el oficialismo incorporó en el dictamen del Presupuesto 2027 un estricto esquema de control sobre las dotaciones de personal. El proyecto de ley cuyo debate en el recinto de la Cámara de Diputados está previsto en principio para el próximo 25 de noviembre, antes de su eventual giro al Senado fija topes a la cantidad de cargos y restringe las nuevas incorporaciones.
El mecanismo se apoya en los artículos 6 y 7 de la iniciativa parlamentaria, que alcanzan a las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, abarcando tanto los puestos actualmente desocupados como aquellos que queden libres una vez que la norma entre en vigencia.
Topes a las plantas y control de vacantes
Por medio del artículo 7, los organismos estatales quedarán impedidos de cubrir vacantes ya sean previas o posteriores a la sanción de la ley si no cuentan con el visto bueno previo del jefe de Gabinete. En la práctica, cualquier reemplazo por la salida de un agente o la incorporación de nuevo personal dependerá de una autorización expresa de esa cartera.
En paralelo, el artículo 6 deja estipulada la cantidad máxima de cargos y horas de cátedra para cada entidad y jurisdicción, prohibiendo aprobar incrementos por encima de esos límites. La única vía para ampliar las dotaciones será mediante una decisión fundada del jefe de Gabinete, la cual requerirá además la intervención previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, área encabezada por Carlos Guberman.
Qué áreas quedan exceptuadas de los límites
La normativa contempla una serie de excepciones específicas respecto a los topes de personal:
-Autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional.
-Puestos determinados dentro de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
-Profesionales que se desempeñan en hospitales y centros asistenciales bajo la órbita del Ministerio de Salud.
-Agentes del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
-Cargos pertenecientes a la Procuración General, la Defensoría General de la Nación y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
-Funciones ejecutivas enmarcadas en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
-Altas de personal que deban efectuarse por el cumplimiento de sentencias judiciales firmes.
-Reportes trimestrales y publicación oficial
Para garantizar la fiscalización de estas restricciones, el proyecto obliga a todas las jurisdicciones y entidades a remitir a la Secretaría de Hacienda el detalle completo de sus plantas y contrataciones. Esta cartera, a su vez, deberá publicar dichos reportes en su página web oficial dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre calendario.
Esta exigencia retoma el antecedente de la Decisión Administrativa 1/2026, publicada el pasado 19 de enero, mediante la cual el Ejecutivo ya había instaurado la obligación de informar trimestralmente a Hacienda sobre los movimientos en las dotaciones estatales.
El impacto del recorte estatal en cifras
Las disposiciones del Presupuesto 2027 buscan consolidar la reducción del gasto público ejecutada durante la actual gestión. De acuerdo con los registros más recientes del INDEC, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026 la dotación conjunta de la Administración Pública Nacional y las empresas y sociedades del Estado se redujo un 22,5%, pasando de 343.357 a 266.205 trabajadores (una baja neta de 77.152 puestos).
Al desagregar los datos oficiales, el mayor ajuste se concentró en la Administración Pública Nacional, donde el personal cayó de 233.098 a 179.396 empleados en el mismo período, lo que implica 53.702 cargos menos y una contracción del 23%. Por su parte, las empresas y sociedades del Estado recortaron su plantilla en un 21,3%: pasaron de 110.259 trabajadores en noviembre de 2023 a 86.809 en septiembre de este año, representando una merma de 23.450 puestos.