Ley Permanente de Discapacidad: la reglamentación abre un nuevo frente de tensión entre Caputo y Bullrich
Tras la aprobación por unanimidad en el Senado, el foco se traslada al decreto del Poder Ejecutivo, que tiene un plazo de 30 días para implementar la norma. Los antecedentes de 2025, la puja interna en el oficialismo y los puntos clave del nuevo régimen.
Luego de que el Senado aprobara por unanimidad la Ley Permanente de Discapacidad el pasado jueves, la atención se concentra ahora en una instancia decisiva: su reglamentación. Aunque la iniciativa sostiene los beneficios contemplados en la emergencia del sector e incluye una cláusula transitoria que fija un límite máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo dicte el decreto correspondiente, en la administración libertaria todavía no brindaron precisiones sobre cuándo se concretará la medida.
En ese escenario, una eventual demora en la publicación del decreto o los detalles que incluya su letra chica aparecen como una herramienta potencial para el ala dura del Gobierno encabezada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo con el objetivo de frenar la puesta en marcha de los beneficios.
El antecedente de 2025 y la interna con Patricia Bullrich
La posibilidad de que una norma sancionada por el Congreso quede trabada en la etapa reglamentaria ya registra precedentes recientes. Durante 2025, el presidente Javier Milei promulgó tres leyes impulsadas por la oposición que eran consideradas costosas desde el punto de vista fiscal: la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y la emergencia en Discapacidad base de la iniciativa aprobada esta semana, pero todas quedaron sin partidas asignadas. En aquel momento, el mandatario justificó la decisión señalando que el Parlamento no había precisado las fuentes de financiamiento ni incorporado los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional.
Detrás de esa postura fiscal y de los números oficiales siempre se ubicó Caputo. Firme en el resguardo de las cuentas públicas y reacio a incorporar nuevos gastos, el titular del Palacio de Hacienda es señalado por diversos sectores del propio oficialismo como el principal impulsor de las reformas al sistema de discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027.
Esos cambios generaron malestar en la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien respondió promoviendo un proyecto que recupera los beneficios de aquella emergencia en discapacidad rechazada previamente por la Casa Rosada. La senadora, que viene marcando diferencias recurrentes con el jefe de Estado, seguirá de cerca el contenido del decreto reglamentario: cualquier dilación o recorte en la normativa podría abrir un nuevo foco de conflicto interno de cara a la cercanía del año electoral.
Qué establece la nueva Ley Permanente de Discapacidad
La iniciativa cosechó un amplio respaldo en la Cámara alta. Durante el tratamiento en el recinto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, justificó la decisión de su espacio de avanzar con una normativa permanente en lugar de extender la emergencia por un año más, tal como reclamaban las organizaciones del sector.
"La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo", sostuvo el legislador en el debate.
Entre las principales disposiciones que contempla la ley se destacan:
Compatibilidad laboral: quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán percibir una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y, al mismo tiempo, mantener un empleo formal o estar inscriptos en el monotributo, siempre que sus ingresos no excedan el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles.
Prestaciones y aranceles: se mantiene el principio de nomenclador único y se ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones mediante el índice de movilidad jubilatoria, atado al IPC.
Cobertura médica: se asegura la protección básica de salud a través del programa federal Incluir Salud para todos los beneficiarios de la pensión por discapacidad.
Deuda con prestadores: la cláusula transitoria dispone un cronograma para saldar las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema.
Financiamiento y sistema de auditorías
En lo que respecta a los recursos, el texto sancionado fija un piso presupuestario: los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ubicarse, en términos reales, por debajo de lo destinado en el ejercicio fiscal previo.
En paralelo, la normativa pone en marcha un esquema de auditorías periódicas regido por el principio del debido proceso inclusivo. Para llevarlo adelante, se prevé el cruce de datos entre cuatro organismos: la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).