Un giro en la justicia familiar: redes sociales bloqueadas por no pagar alimentos

La autora es abogada, Especialista en Derecho de Familia y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UADE.

En una resolución sin precedentes, una jueza del Juzgado de Familia de Rosario ordenó bloquear las redes sociales de un padre que se había negado repetidamente a pagar la cuota alimentaria de su hijo, un niño de 7 años. Esta medida, complementaria a otras ya impuestas, refleja la creciente búsqueda de la justicia por implementar estrategias innovadoras para garantizar los derechos de los menores, ante la negativa de algunos padres a cumplir con sus responsabilidades económicas.

La decisión de la jueza marca un hito en la justicia argentina, donde las medidas fuera de lo común no son algo nuevo, pero la utilización de las redes sociales como una herramienta para hacer cumplir obligaciones alimentarias resulta inédita. En muchas ocasiones, los tribunales recurren a alternativas poco convencionales para abordar problemas complejos en casos familiares.

A lo largo de los años, la justicia ha tomado decisiones llamativas y hasta insólitas para hacer cumplir la ley, especialmente en temas relacionados con la familia y cuota alimentaria. Entre estas medidas, se incluyen embargos de bienes de padres morosos, la publicación de sus nombres en medios locales y redes sociales, e incluso la prohibición de salida del país para aquellos que incumplen con el pago de la cuota alimentaria.

Estas sanciones buscan presionar a los deudores y asegurar que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bloquear el acceso a las plataformas digitales se presenta no solo como una sanción, sino también como una estrategia para motivar la reflexión y el cumplimiento de una obligación fundamental: los alimentos de un hijo.

El caso abre un debate sobre hasta qué punto la justicia puede intervenir en el espacio digital, un ámbito que, aunque intocable por muchos, está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. La pregunta que surge es si esta medida innovadora será el comienzo de una nueva forma de resolver los problemas familiares en la era digital, o si, por el contrario, es algo aislado que no se repetirá en otros casos. 

Este fallo inédito nos invita a reflexionar sobre cómo la justicia argentina se adapta a las transformaciones sociales y tecnológicas. El uso de herramientas digitales, como las redes sociales, plantea interrogantes: ¿hasta qué punto pueden ser parte del sistema legal sin invadir la privacidad o los derechos individuales de las personas? Sin embargo, en este contexto, es crucial recordar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser siempre lo primero. El derecho a una vida digna, a recibir el cuidado y apoyo necesario por parte de sus padres está por encima de la libertad de uso de las redes sociales de cualquier adulto. 

Es fundamental que la justicia, sin perder de vista el respeto a la privacidad, ponga siempre en primer lugar el bienestar y los derechos de los más vulnerables, como lo son los niños. De esta forma, se buscará un equilibrio entre la protección de los menores y el respeto por las libertades individuales, garantizando que las herramientas digitales sirvan como un medio para hacer justicia, y no como un obstáculo para ella.

Quizás el tiempo que pasamos en las redes sociales podría ser invertido en construir el futuro de nuestros niños, en lugar de simplemente consumir el presente. Es momento de priorizar lo urgente: brindarles el cuidado, el apoyo y la atención que realmente necesitan. Después de todo, la conexión virtual puede esperar, pero el vínculo real, el que asegura su bienestar y su desarrollo, no puede postergarse. ¿Estamos listos para asumir esta responsabilidad?