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La culpa no es del impuesto a las Ganancias

Por Jorge Colina (*)

- 08:55 Economía

La estructura de impuestos al trabajo en la Argentina es muy regresiva. Pero esto no es por culpa del impuesto a las ganancias, como puede pensar mucha gente que antes no estaba alcanzada por este impuesto y ahora lo está, o como lo piensan los sindicalistas que proponen huelgas para quejarse por él. La regresividad está dada por las cargas sociales. Es decir, los aportes personales y las contribuciones patronales con destino a la seguridad social y los sindicatos. Para tener una idea concreta de lo que se está hablando es útil mostrar en qué consiste cada uno de estos impuestos.

El impuesto a las Ganancias se aplica a los asalariados con remuneraciones superiores a los $15 mil mensuales a través de alícuotas muy bajas al comienzo que luego crecen con el nivel de salario.
Al comienzo se paga 9% sobre la porción de salario que supera los $15 mil y luego dicha alícuota va aumentando a 14%, 19%, 23%, 27%, 31% y 35%.

Esta estructura es progresiva, en el sentido que la gente que gana menos de $15 mil no paga el impuesto y quienes ganan por encima pagan alícuotas bajas al principio que aumentan con el nivel de salario.
Las cargas sociales, en cambio, deben ser pagadas por todos los trabajadores, independientemente de su nivel de salario, y con alícuotas fijas y mucho más elevadas que el impuesto a las ganancias.
Las cargas sociales con destino a ANSeS y PAMI ascienden al 31% del salario, a lo que se debe sumar 9% con destino a la obra social, aproximadamente 3% a la ART y entre 3% y 5% con destino a los sindicatos.

De esta forma, las alícuotas que deben pagar todos los trabajadores para estar "en blanco" ascienden a 45% - 50% del salario.
Sólo el hecho de que las alícuotas de cargas sociales son bastantes más elevadas que el impuesto a las ganancias, ya debería ser motivo de profunda reflexión sobre si a la hora de reducir presión impositiva no habría que hacerlo en las cargas sociales antes que el impuesto a las ganancias.
Pero si además la aspiración es avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, que contribuya una sociedad más igualitaria, definitivamente, lo que hay que revisar son las cargas sociales y no el impuesto a las ganancias.
Desde el oficialismo se senala que sólo el 10% de los ocupados están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Eso es cierto.

Pero es producto de las cargas sociales. Porque como son tan elevadas, mucho del 90% restante ni siquiera trabaja como asalariado registrado; concretamente, un cuarto de este 90% trabaja como cuentapropista y otro cuarto trabaja como asalariado no registrado -o sea, "en negro"-.

Cuando uno mira qué nivel de remuneraciones tienen estos trabajadores surge -según la EPH del INDEC, o sea, dato oficial- que la mayoría gana por debajo de los $4.500, que era el salario mínimo legal hasta el ano pasado.

Por eso, más urgente e importante que disminuir el impuesto a las ganancias es reducir cargas sociales.
Para ello, lo que hay que hacer es poner un mínimo no imponible a las cargas sociales. Esto es, estipular que los trabajadores empiezan a pagar cargas sociales a partir de un determinado monto, que puede ser el salario mínimo legal ya que es debajo de este umbral que se concentra la informalidad laboral.

De esta forma la presión impositiva sobre los que hoy están en la informalidad se reduce a cero (lo que aumenta sustancialmente las posibilidad de instrumentar una política masiva de formalización de estos trabajadores), y para los trabajadores con remuneraciones superiores la presión impositiva sobre el salario también se reduce, pero con progresividad, es decir, con mayor intensidad en los salarios medios y menor intensidad en los salarios más altos.

Esta sería un forma mucho más equitativa y técnicamente prolija de reducir la presión impositiva a los trabajadores con salarios superiores a los $15 mil, que se quejan por el impuesto a las ganancias.
Como la reducción no vendría del impuesto a las ganancias -que es progresivo- sino sobre las cargas sociales -que son regresivas-, el cambio sería una contribución decisiva al fomento de la producción con inclusión social.

(*) Economista Jefe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino-IDESA).

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