El Juzgado de Género resuelve entre 3 y 4 casos semanales mediante juicios abreviados El Juzgado de Género resuelve entre 3 y 4 casos semanales mediante juicios abreviados
El Juzgado de Género viene realizando un promedio de tres a cuatro juicios abreviados por episodios de violencia familiar y de género en el último semestre, en el que esta modalidad registró más de 80 legajos, según lo revelan las estadísticas proporcionadas por la Oficina Gestión de Audiencias (OGA Capital).
El juicio abreviado está previsto en el capítulo III, artículo 422 del Código de procedimiento provincial, donde se establece que el juicio abreviado es en esencia un acuerdo establecido entre las partes de la causa, es decir, por un lado el fiscal y por otro el acusado, pactan que este último no va a someterse a un proceso judicial tradicional, a cambio de una condena acordada entre ellos.
El acuerdo es detallado entre las partes y el acusado asumirá su responsabilidad en el hecho. En consecuencia, se compromete a cumplir una condena que fiscal y defensor consensuan, con la anuencia del imputado.
La condena por su parte deberá ser detallada puntualmente (que consiste en su generalidad en brindar servicios sociales, aunque en algunos casos también en la imposición de condenas de cumplimiento efectivo, perdiendo así, solo en algunos casos su libertad) y puede venir acompañada de otras obligaciones como someterse a tratamiento psicológico, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, control policial temporal, etc.
Finalmente, este acuerdo es presentado al juez, quien en apego a la ley, realizará un minucioso análisis de lo que las partes pactaron, para que la pena a la que se someterá al responsable no supere a la establecida por el Código Procesal (15 años máximo de condena en suspenso). Si la propuesta es homologada por el magistrado interviniente, el acusado es puesto en libertad, bajo condición de estricto respeto del pacto establecido.
En los casos de violencia de género, este procedimiento abreviado es muy aplicado en causas vinculadas a delitos menores, como lesiones o amenazas. De esta forma, las partes se aseguran evitar someterse a un extenso y desgastante proceso, con lo que el sistema judicial ahorra tiempo y recursos.
