La provincia avanza en la modernización del Estado para buscar "más transparencia"

El martes pasado ingresó a la legislatura provincial el proyecto de ley con el que se procura avanzar con la modernización del Estado a nivel provincial.

Este proyecto representa el principal eslabón de un proceso de transformación en la administración pública provincial que promueve el gobierno provincial partiendo de buenas prácticas, aplicación de la tecnología y de simplificación normativa, orgánica y procedimental y para lograr mayor transparencia y celeridad en beneficio del Estado y de los santiagueños.

Las buenas prácticas administrativas, que están resumidas en la simplificación administrativa, contiene la simplificación normativa, dirigida a reducir la complejidad del sistema normativo; la simplificación orgánica, que conduce a mejorar las estructuras u organizaciones públicas; y la simplificación procedimental, mediante la que se pretende intervenir sobre los procedimientos administrativos para hacerlos menos complejos y más eficientes.

Contempla las contrataciones electrónicas con el propósito de adecuar la normativa a las posibilidades del desarrollo científico y tecnológico operado en materia de comunicaciones e informática, abriendo el camino hacia la evolución en las transacciones.

El proceso requiere ineludiblemente una transformación en la cultura y modelo organizacional del Estado e implica también dotar de adaptabilidad al servicio público para lograr la capacidad tecnológica deseada y la promoción de la revisión de toda la normativa provincial, empezando por ésta, porque son el marco de legalidad que rigen la actual burocracia que en muchos casos fue pensado hace más de 50 años y no responde a ‘los tiempos’ de respuesta y de acción de ‘los tiempos’ que demanda la sociedad santiagueña hoy.

Durante los cincuenta años sucedidos desde el dictado de la Ley de Contabilidad N° 3742 y de la Ley de Obra Públicas N° 2092 se puso de manifiesto en forma creciente su falta de adecuación a las cambiantes condiciones del contexto, siendo las circunstancias actuales sustancialmente diferentes a las existentes en la época de su entrada en vigencia.

Las contrataciones públicas son un eje transversal en la administración pública que con la nueva normativa permitirá mejorar el desempeño de la gestión pública centrado en el servicio al ciudadano, articuladas con el planeamiento estratégico, el proceso de programación presupuestaria, la reingeniería de procesos, el monitoreo de gestión y la transparencia en rendición de cuentas y la capacitación continua.

Pero además, es de consideración que el incremento de la eficiencia en la gestión de las contrataciones estatales reviste un carácter estratégico por su impacto en el empleo, en la promoción del desarrollo de las empresas privadas y en la competitividad sistémica.