Anses: Fiscalía imputó asociación ilícita a los seis detenidos y acusó a un total de 25 personas

La Justicia Federal local comenzó a dar los primeros pasos en la causa por la estafa millonaria de Anses, luego de que la Justicia provincial declinara competencia y girara todas las actuaciones al Juzgado Federal.

Tal como lo había anticipado EL LIBERAL, la Unidad Fiscal local a cargo interinamente de Pablo álvarez, emitió un dictamen en el que pide abrir una instrucción y en el que imputa a los seis detenidos hasta el momento los delitos de falsificación de documentos públicos, defraudación (estafa calificada) y asociación ilícita. Esta última es una grave acusación, ya que entiende que hubo una "conexión" entre varias personas que se habrían organizado para estafar al organismo previsional.

El Código Penal señala en su artículo 210 sobre la asociación ilícita y las penas: "Será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco (5) años de prisión o reclusión".

Esta calificativa representaría, además, un difícil escollo para lograr la excarcelación de los seis detenidos que tiene hasta el momento la causa. Ellos son los hermanos Celeste y Héctor Eduardo Lucatelli, y Paola Conte, quien sería pareja de este último. Los tres habrían percibido de manera indebida, una pensión derivada de un jubilado fallecido, para lo cual se habrían valido de un acta de matrimonio apócrifa.

Los otros tres detenidos son Graciela Saad, Luis César Cortez y el abogado Marcos Chazarreta, empleados de la Anses.

Más sospechosos

Otro adelanto de EL LIBERAL que se confirmó en la jornada de ayer, fue que el Ministerio Público Fiscal lanzó acusaciones contra un total de 25 personas las que en su debido momento deberán ser indagadas por el juez federal Guillermo Molinari que tiene la causa en sus manos. Según trascendió, estas personas podrían pertenecer al grupo de "beneficiarios" que cobraron una pensión sin derecho de hacerlo y del grupo que gestionaron "desde adentro" (Anses).