Apuntarán los delitos de comercio y tenencia ilegal en pequeña escala

El objetivo seguido por la norma del Régimen penal de estupefacientes es en cuanto a la "desfederalización en materia de competencia", con lo cual "se asigna a los tribunales locales, lo concerniente a los delitos de comercio y tenencia ilegal en pequeña escala, dejando el tráfico a gran escala (incluido el transporte), la financiación y el almacenamiento al fuero federal".

Con esto, "se deja en la órbita de las jurisdicciones locales hechos puntuales que significarían el último eslabón de la cadena de comercialización".

En su artículo 2, la ley hace mención a que el Poder Ejecutivo provincial requerirá la transferencia de los créditos presupuestarios de la administración pública nacional, Ministerio Público, y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, Servicio Penitenciario y prestación de justicia.

El artículo 3, menciona que los Juzgados de Control y Garantía y los Tribunales de Juicio Oral Criminal, tendrán competencia en este tema.

Por otro lado, el artículo 4, especifica que la destrucción de los estupefacientes y demás elementos, será realizada a través del procedimiento que fije el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía General de la provincia, de acuerdo con los principios de celeridad, transparencia y contralor jurisdiccional. A su vez, la ley autoriza al Poder Ejecutivo la adquisición inmediata y en forma directa de los recursos tecnológicos y logísticos que fuere menester.