Clases de penas que se aplican ante los diferentes delitos

Todo delito cometido por uno o más individuos traerá como directa consecuencia una sanción, que será interpuesta por los jueces a los que les competa la jurisdicción donde el hecho tuvo lugar.

Dichas sanciones se establecen con el objetivo esencial de lograr compensar el daño causado, así como también -si correspondiera-, indemnizar toda pérdida que el damnificado haya tenido que afrontar como consecuencia del hecho delictivo.

De esta forma, el Código Penal Argentino establece cuatro tipos de penas aplicables a aquellas personas halladas culpables de haber cometido un delito. Esas alternativas son la prisión, reclusión, multa e inhabilitación.

La prisión se define como una pena privativa de libertad que consiste en que el condenado debe ser alojado en un instituto penitenciario, por el tiempo determinado por la sentencia dictada en su contra.

Por otro lado, la reclusión es considerada como la sanción más dura y se cumple mediante privación de la libertad. Puede llegar a ser perpetua en los crímenes más graves.

La prisión perpetua se establece como una pena de grado inferior a la de reclusión. Algunos autores no advierten diferencias, dado que ambas llevan como inherente el trabajo obligatorio y, cuando exceden de tres años, la inhabilitación absoluta; la privación de la responsabilidad parental y la privación de la administración de los bienes, entre otras consecuencias.

En tanto, la pena de multa se define como una sanción pecuniaria, que se dispondrá por un juez Civil en caso de violación de ciertas reglas jurídicas taxativamente enumeradas. En sentido más riguroso, la multa civil es una suma de dinero impuesta al autor de una falta, por un particular que ha recibido un poder de carácter disciplinario. El monto de la multa no está en relación directa con el monto del perjuicio.

Finalmente, se encuentra la inhabilitación, la cual es una sanción aplicada a una persona, prohibiéndole el ejercicio de su profesión, oficio, funciones o cargo, además de la imposibilidad de ejercer determinados derechos. Sobre este último aspecto, cuando se trata de empleados públicos o profesionales, su aplicación puede ser de manera temporal o perpetua, de acuerdo con la gravedad del delito y pena dispuesta por un tribunal.