Sin ajuste no hay salida Sin ajuste no hay salida
Los efectos de la crisis
cambiaria comenzaron a
hacerse visibles en los precios
al consumidor. Nadie
espera que el IPC de mayo
aumente menos que en
abril, ni un sendero menos
inflacionario para el resto
del 2018.
No está del todo
claro que se revierta en el
próximo semestre la presión
alcista sobre los precios
internacionales del
petróleo y el gas. Tampoco
la suba gradual de tasas
de interés en EE.UU. ni la
apreciación del dólar.
El efecto sobre costos
y precios locales es inevitable,
y sumará más presión
al Gobierno.
Estabilizar
exige enfriar la demanda,
pero el impacto sobre
la población nunca es homogéneo.
La graduación
y distribución de recortes
en el gasto público requiere
preservar un delicado
equilibrio entre la necesidad
de revertir el déficit
fiscal y el de la cuenta corriente
y la de corregir distorsiones
de precios e ingresos
minimizando los
impactos distributivos adversos
sobre los segmentos
de ingresos medios y
bajos.
La estrategia a seguir
nos reubica en diciembre
de 2015.
El desafío era el
de remover el estatismo
heredado del kirchnerismo,
resolviendo el pleito
con los holdouts y aplicar
políticas coherentes con la
estabilidad y el crecimiento.
El retorno a un sistema
de economía mixta de
mercado exige afrontar el
desafío de corregir distorsiones
de precios, expansionismo
fiscal y monetario
y permanente, además
de la necesidad de restaurar
los incentivos y la disciplina
de mercado para
recuperar terreno perdido
en materia de inversión
local y extranjera, y de volumen
y diversificación de
exportaciones.
A nivel micro,
la demanda social implícita
era por más empleo,
menos inflación, menor
presión impositiva y
baja en el costo del crédito.
Los avances, hasta ahora,
distan de ser satisfactorios.
E
l camino elegido no
fue exactamente el esperado.
El shock inicial consistió
en la unificación cambiaria,
la resolución del
problema de los holdouts
y la liberalización del comercio
exterior e interior,
y de los mercados cambiario
y de crédito.
En materia
fiscal no hubo avance
alguno, y la ampliación de
la cantidad de ministerios
no significó mayor efectividad
ni eficiencia. Tampoco
fue acompañada por
mayor austeridad fiscal.
El blanqueo de la deuda
no reconocida por el
Gobierno anterior forzó a
un aumento inicial de la
deuda pública, pero sin reducción
del déficit total, la
reducción del déficit primario
que se intenta encaminar
desde el año pasado
no compensa la acumulación
de intereses de
la deuda pública.
A esto se
ha sumado la opción por
liquidar las divisas captadas
por la nueva deuda
externa en el BCRA, esterilizando
parcialmente la
emisión de dinero asociada
con deuda remunerada
del BCRA (Lebac más
las Leliq emitidas desde el
11/01/18).
Las reservas internacionales
del BCRA llegaron
a su récord histórico,
pero de la mano de mayor
endeudamiento externo.
En efecto, también han
crecido de manera permanente
los stocks de deuda
del Sector Público No Financiero,
deuda remunerada
del BCRA, y los pasivos
monetarios del BCRA.
Algunos ratios (sobre
todo en relación al PIB)
están lejos de alarmar a
nadie, pero otros generan
no pocas dudas sobre su
sustentabilidad. Los servicios
de la deuda pagados
en 2015 equivalían al
38,9% de los recursos tributarios,
y en 2017 ya ascendían
el 65,8%.
A su vez
el stock de deuda remunerada
del BCRA pasó de
47,6% de la base monetaria
del 10/12/15 a 122% el
pasado viernes 18 de mayo,
luego de alcanzar el pico
de 150% el 20/03/18.
Todo esto refleja un
sendero de expansionismo
del gasto ya observado
en la administración
anterior que hasta ahora
no se corrigió. Cuando
el gasto agregado en bienes
locales y de origen externo
supera a los ingresos
por ventas en el mercado
interno y en el exterior,
la diferencia (saldo
de la cuenta corriente
de la balanza de pagos)
es negativo, o sea un déficit.
La película permite
ver que las fotos estáticas
muestran un empeoramiento
sistemático:
en 2015 el déficit de
la cuenta corriente fue de
u$s17.622 millones (2,7%
del PIB), y en 2017 trepó
a u$s30.792 millones
(4,8% del PIB). La cuenta
de capital y financiera
muestra un financiamiento
neto vía endeudamiento
de u$s17.570 millones
en 2015, que en 2017 ascendió
a u$s30.653 millones.
A su vez, la deuda
externa de la administración
central pasó de
90,8% de las exportaciones
en 2015 a 163,8% de
las de 2017.
Todo esto en
un período en el que el
PIB cayó 1,8% en 2016 y
creció 2,9% en 2017.
Ciertamente se combina
un problema serio
de falta de dinamismo de
la oferta agregada (que
de arrastra desde 2012) y
de las exportaciones, con
un expansionismo de demanda
agregada que deberá
corregirse en breve
con alguna combinación
de ajuste fiscal, incentivos
a la inversión, y cambio de
precios relativos que aseguren
una mayor competitividad
exportadora.
La experiencia muestra
que los avances para
estabilizar y aplicar reformas
estructurales no sólo
han sido insuficientes,
sino que han aumentado
la exposición a riesgos no
controlables provenientes
no tanto de shock externos,
sino de restricciones
internas y decisiones
de política que no parecen
haber sido las más acertadas.
La realidad obliga ahora
a un giro de la “demand
side economics” con lógica
electoralista, a un programa
más cercano a la “supply
side economics” con
menos Estado y más disciplina
de mercado, sin hundir
a la economía en una
severa estanflación.
La tarea supone incurrir
en costos distributivos
y reacciones en contra
que pueden deteriorar
aún más el capital político
del oficialismo, pero el
calendario avanza.
En junio
del año próximo deben
estar presentadas las listas
de candidatos para las Paso
de agosto de 2019. Esto
forzará a no demorar más
cualquier programa con
costos iniciales, que conduzca
a resultados positivos
ya visibles a partir de
fin de este año. Caso contrario,
la incertidumbre
política y también sobre
la economía pondrá en serio
riesgo la viabilidad de
cualquier programa que se
acuerde con el FMI, y las
perspectivas electorales
del oficialismo.