Procesan con prisión preventiva a la diputada nacional Aída Ayala

Una jueza federal de la provincia de Chaco dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de Resistencia.

Ayala fue internada en la madrugada de ayer en un sanatorio de la capital chaqueña, informaron sus allegados.

El procesamiento con prisión preventiva de Ayala fue dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien también dispuso similares medidas para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros.

La misma medida fue aplicada a Alejandro Fischer, Patricia Vázquez, Rolando Javier Acuña y Fátima Rigassio, el resto de los imputados en la causa.

La jueza ordenó además embargos a distintas empresas bajo investigación y la inhibición general de bienes de Ayala y del resto de los procesados.

Ayala, quien tenía previsto fundamentar ayer por la mañana su pedido de eximición de prisión ante la Cámara Federal de Apelaciones, no pudo presentarse debido a una indisposición por la que debió ser internada en un sanatorio de Resistencia, indicaron allegados de la diputada.

No obstante, sus abogados defensores, encabezados por el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, presentaron una apelación documentada al tribunal de alzada.

La Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero de Ayala formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli.

Gil Lavedra consideró que es "arbitrario" el pedido de desafuero cursado por la jueza Niremperger.

En este sentido, señaló que la apelación presentada ayer, explica "las razones" por las cuales la defensa de Ayala entiende que "no hay ningún motivo" por el cual la legisladora "deba estar detenida".

Ayala debía presentarse mañana ante Niremperger para ampliar su indagatoria. Sin embargo, según indicó Gil Lavedra, ahora hace falta "que los médicos la autoricen, para que pueda aportar todas las pruebas que demuestran su ajenidad a los hechos que se le imputan".

"El pedido de desafuero es absurdo ya que hay una ley que estipula que los legisladores pueden prestar declaración indagatoria sin que se proceda a esto", remarcó Gil Lavedra.