La Corte ordenó informar la lista de empresas contaminantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo La Corte ordenó informar la lista de empresas contaminantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que informe en un plazo de 10 días la nómina de las empresas industriales o de servicios que integran actualmente la lista de agentes contaminantes de esa cuenca fluvial.
El máximo tribunal dispuso, además, que la Acumar le informe el listado de empresas sujetas a un control ambiental diferenciado, las que se consideran de mayor relevancia y las que revisten complejidad en ese aspecto, de acuerdo con el aporte que hacen a la contaminación de esos ríos. Así lo resolvió en el expediente "Mendoza, Beatriz Silvia y otros contra el Estado Nacional y otros" por los daños y perjuicios derivados de la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, con la firma del presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
La Corte ordenó informes actualizados para seguir el trámite de la demanda porque, justificó, "la situación de las industrias radicadas en la Cuenca se ha modificado desde que se inició la causa" en 2004.
Según la Corte, hubo "fusión, compra o erradicación de las industrial emplazadas originariamente en el territorio" e, incluso "sucesivos cambios en la nómina de las industrias calificadas de agentes contaminantes" como de políticas de control y fiscalización por parte de la Acumar.
La Corte tomó las medidas debidos a "las características típicas de todo proceso colectivo, la excepcional naturaleza de esta causa y la necesidad reiteradamente puesta de manifiesto por el tribunal de encausar su tramitación mediante un procedimiento útil y eficiente que no frustre ni distorsione los ingentes intereses comprometidos".
Además de los habitantes ribereños, la cuenca afecta a millones de vecinos de 14 municipios bonaerenses. Como algunos de los demandados, entre los que figuran los Estados nacional, bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, petroleras, frigoríficos y curtiembres, plantearon que habían sido objeto de reclamos similares en otras jurisdicciones.
