Sobreseyeron a Aranguren y a Alonso en una causa sobre las represas Kirchner y Cepernic Sobreseyeron a Aranguren y a Alonso en una causa sobre las represas Kirchner y Cepernic
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la jefa de la
Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fueron sobreseídos en una causa
penal que se les inició por los presuntos delitos de abuso de autoridad e
incumplimiento de sus deberes.
La medida, que también incluyó el sobreseimiento del subsecretario de
Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, por supuestas negociaciones
incompatibles con la función pública, la dictó el juez federal Sebastián
Ramos, ante la denuncia presentada en julio por el senador nacional
Fernando "Pino" Solanas.
El legislador denunció que Aranguren designó a Marcolini en diciembre de
2015 para que controlara los proyectos sobre las represas Néstor Kirchner y
Jorge Cepernic, en Santa Cruz, y cuestionó que más de treinta años antes
el subsecretario había emitido como ingeniero particular una opinión
favorable.
Solanas había sostenido que la Oficina Anticorrupción, a sabiendas de
supuestas anomalías –como la designación de Marcolini como director de la
estatal Emprendimientos Enegéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa)
que debe controlar esos proyectos- mantuvo una inactividad que hacía
pasible de investigación penal a su directora, Laura Alonso.
Solanas apuntó en su denuncia que Marcolini hizo un informe privado para la
empresa Iatasa que, luego, como director de Ebisa, presentó para su
aprobación a la subsecretaría que tenía a su cargo, por lo que consideró
que había una “falta de independencia” que tornaba “nula de nulidad
absoluta” cualquier decisión del Ministerio.
Ramos evaluó la prueba y afirmó que la intervención de Marcolini en los
proyectos para las obras hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa
(luego Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) fue entre 1976 y 1978, hace mucho
más de los tres años que la Ley de ética Pública impone que transcurran
para superar incompatibilidades.
Cuatro décadas atrás Marcolini, entonces de 25 años, era un “ingeniero
recién recibido” y empleado “junior” en Iatasa, con poca intervención y
“sin poder de decisión” sobre los proyectos para el aprovechamiento
hidroeléctrico del río Santa Cruz, señaló el magistrado.
El juez agregó que una denuncia con similar objeto a la realizada por
Solanas había sido presentada antes por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) ante la OA, que concluyó con que no había conflicto de
intereses.
Ramos evaluó que Marcolini, como accionista de Iatasa, en febrero de 2017,
“transfirió la totalidad” de sus acciones, representativas del 2 por ciento
del capital social.
