Ordenamiento jurídico o anarquía

A pocos días del debate del aborto que se realizará el próximo ocho de agosto, con una ligera ventaja en rechazo de la ley, de al menos 3 votos, es vital que estén presentes los senadores pro vida y que no cambien de voto.

Con la propuesta de los senadores cordobeses Laura Rodriguez Machado, Ernesto Martínez y Carlos Caseiro o con la nueva propuesta del senador salteño Rodolfo Urtubey de despenalizar el aborto para la mujer, no para los profesionales intervinientes, sin legitimar su práctica en hospitales, queda una esperanza para los verdes de ganar votos para que pueda volver a Diputados, quienes decidirán entre el proyecto modificado o el original sin cambios.

Los cordobeses, con algunas modificaciones como bajar de 14 a 12 semanas el período para practicar el aborto sin causal alguna, el reconocimiento de la objeción de conciencia institucional, la producción estatal de misoprostol (pastilla abortiva), la eliminación del artículo que penaliza a los médicos que se nieguen o "dilaten" la realización de la práctica y dar un plazo para instrumentarlo, apuestan a lograr más votos para la legalización del aborto.

Uno de los disertantes de los senadores, Dr. Rodrigo Agrelo, afirmó que muchos cordobeses hubieran cambiado el sentido del voto si hubieran sabido que estos senadores están a favor del aborto, por lo que la misma senadora Rodríguez Machado le interrogó "si creía que por no haber explicitado una posición sobre el aborto legal en campaña les quitaba representatividad para obrar de acuerdo con su conciencia", artículo publicado en la Voz del Interior. Es claro que quita representatividad no haberlo dicho en campaña, ya que el pueblo no firma un cheque en blanco a ningún legislador para que obre según "su conciencia", sino de acuerdo con lo prometido en campaña y con lo establecido en la Constitución Provincial y Nacional.

Es un exceso de atribuciones legitimar el aborto conforme al Art. 4 de la Constitución de la Provincia de Córdoba que textualmente dice: "la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad, y en especial, de los poderes públicos", todo en concordancia con lo establecido en igual sentido en la Constitución Nacional, Art. 75, Inc. 23. También en el resto del país se hubieran desviado votos. En lugar de votar en el 2017 a legisladores de Cambiemos, se hubieran votado otras alternativas más transparentes o comprometidas a favor de la vida.

Muchos votaron apoyando la "línea" del señor presidente Mauricio Macri, quien se comprometió un año antes de las elecciones de diputados y senadores, frente a toda la feligresía y obispos del país a defender la vida desde la concepción hasta la muerte, en ocasión del Congreso Eucarístico de Tucumán, hecho que implicaba su compromiso de vetar la ley a favor del aborto que pudiera surgir del Congreso.

Esperemos que el Sr. Presidente tenga en cuenta que está primero su juramento al asumir el cargo y la palabra dada de defender la vida antes que su última decisión de no intervenir en la decisión del Congreso. Además de que tiene sobrados motivos para vetar la ley porque la primera indicación que dio al iniciar el debate es que alcance el presupuesto, tema en el que fue ninguneado al igual que lo ordenado por la vicepresidenta al saltearse el estudio por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Las carencias presupuestarias pueden traer desgaste, muchas disputas y litigios con las provincias y municipios, por lo que se justificaría doblemente el veto de la ley.

Por otra parte, el cristinismo carece de legitimidad para cambiar de postura ya que durante la gestión de ocho años de la ex mandataria Dra. Cristina Fernández de Kirchner, no aceptó ninguna postura que favorezca el aborto. Incluso durante su gestión, en el 2012, se extendieron el cobro de asignaciones prenatales (que son provida) a trabajadores informales, monotributistas, etc.; junto a la reforma del Art. 19 del CC y C que defiende la vida desde la concepción, con fecha 31 de julio del 2015. Si ambos partidos mayoritarios expresaron posturas a favor de la vida, deberían continuar la línea trazada, ya que ésa fue la voluntad popular expresada en el voto que deberían respetar y representar.

Sin considerar que estarían contradiciendo la representatividad del voto, su propia conducta, lo realizado en la gestión anterior o doctrina del acto propio, como es el caso de los cristinistas pro aborto y los juramentos al asumir el cargo de respetar la Constitución Nacional. A lo anterior se le suma lo establecido por las Constituciones Provinciales que defienden la vida, artículo 4 y 19 de la Constitución de la Provincia de Córdoba al que pertenecen los tres senadores del nuevo proyecto de ley a favor del aborto. También podemos referir el Art. 16 Inc. 1 de Santiago del Estero y demás Constituciones Provinciales que defienden la vida desde la concepción.

Sin embargo la diputada Laura Rodríguez Machado en una personalísima o rebuscada interpretación de la Constitución, justificaría la legalización del aborto por la discriminación hacia las mujeres por los embarazos no deseados.

Su consideración personal no debería primar sobre lo claramente establecido en la Constitución Nacional y Constituciones Provinciales respecto del derecho a la vida desde la concepción. Vulnerando el respeto y protección que deben tener a favor de la vida, desde la concepción, los poderes públicos. Además según el artículo 104 Inc. 5 de la Constitución Provincial de la Provincia de Córdoba a la Legislatura Provincial le corresponde "instruir a los senadores nacionales para su gestión con el voto de los dos tercios de los miembros, cuando sean asuntos en que resulten involucrados los intereses de la Provincia".

Los tres senadores cordobeses tienen dudas sobre el costo de la ley, que aunque es federal tiene afectación sobre los presupuestos de las provincias, los municipios y las comunas, que son las dueñas y responsables de los hospitales. Dudas que se incrementan porque en Córdoba solo hay una Maternidad Nacional que sería financiada por la Nación, por lo tanto al costo lo tendrá que soportar principalmente la Provincia de Córdoba. Los interrogantes y dudas respecto de los recursos de financiación de legalización del aborto que no lastimen otros servicios hospitalarios no pueden haberse mínimamente despejado, dado que no se hizo el estudio correspondiente salteando la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto es además de que se vulneró el Art. 104 Inc. 5, según consulta de La Voz del Interior, la mayoría de los legisladores de Córdoba se expresaron en contra para dar luz a la iniciativa de los senadores cordobeses.

Esta falta de representatividad en Córdoba por no haberlo dicho en campaña y por vulnerar el Art. 104 Inc. 5 de la Constitución Provincial no avala el voto pro aborto y mucho menos un nuevo proyecto de aborto legal. Lo anterior es la punta del iceberg de lo que ocurre en otras provincias, diputados o senadores pro aborto que saltean lo establecido en las Constituciones Provinciales y que con su voto obligarían a su provincia a desviar recursos de la salud para prácticas abortivas.

El nuevo proyecto del senador Rodolfo Urtubey apoya la despenalización del aborto sin su legitimación. Si bien refiere que personalmente estaría en contra del aborto, da una nueva oportunidad a Diputados de votar la modificación del Senado o el proyecto original, opción a la que apuestan los legisladores pro aborto. Es un riesgo innecesario ya que se puede esperar que surja de Diputados la misma propuesta.

Con la media sanción de Diputados se tendría que modificar la organización jurídica del país que respeta la vida, además de que se está generando un supraderecho que avasalla garantías constitucionales del niño por nacer, de los educadores, de instituciones educativas (aún confesionales), de profesionales de la salud y de instituciones de la salud que se verán obligadas a tener directores pro aborto, aunque otros lo hayan ganado por concurso.

No sólo se está legitimando el aborto, sino que además se está realizando en el área de educación la implementación, aún en colegios confesionales, como currícula obligatoria de todos los niveles educativos, la educación de la sexualidad desde la perspectiva del género incluyendo además aspectos de diversidad sexual, junto a planificar comisiones de seguimiento para verificar que se cumpla la currícula ordenada.

A partir de premisas verdaderas como no discriminar a nadie se llega a conclusiones falsas, dar excesos de privilegios. A modo de ejemplos: lo citado por el papa Francisco como colonización ideológica en el área de la educación con la ideología del género o la posibilidad de cambiarse de sexo, de hombre a mujer para jubilarse 5 años antes de tiempo. La interferencia en la educación con la ideología del género, astutamente incluido en la media sanción, no es tema menor a la hora de evaluar lo que recibirán como enseñanza las nuevas generaciones. Tampoco se ve con buenos ojos que el padre de las criatura que se aborte sea un convidado de piedra, que no pueda defender su paternidad, demostrando con las técnicas actuales, por el ADN extraído desde el vientre materno que es su hijo o hija, que no consiente su muerte, cuando hasta para transferir un vehículo hace falta el consentimiento de los dos cónyuges o concubinos.

Las personas por nacer tienen derechos hereditarios y de donación desde el vientre materno, pudiendo su padre o madre en carácter de representante recibir algunas donaciones desde el vientre materno, para mejorar la calidad de vida de la criatura. Tal es el caso de instituciones como el Portal de Belén, que en Córdoba acompaña con asistencia y colabora con donaciones, especialmente los embarazos de mujeres solas o violadas. Estos derechos constitucionales de las personas por nacer también se vulneran al eliminar la criatura, ya que es condición necesaria que nazca con vida para poder ejercerlos, como por ejemplo: heredar.

Tampoco en la legalización del aborto hay definición de inicio de la vida humana. El pueblo no se identifica con que el dinero de sus impuestos sirva para el pago de asignaciones prenatales y financien el aborto a la vez, ya que ni siquiera a una mascota se la alimenta para luego matarla, sin ganarse sanciones por parte de la Sociedad Protectora de Animales. Si bien la mayoría queremos de manera apolítica acompañar al gobierno de turno, no entorpecer el funcionamiento o atribuciones de los distintos Poderes del Estado como se mencionó en publicación del mismo medio "la mente descansa en la verdad".

Lo anterior es válido en tanto y en cuanto no exista un exceso de atribuciones, como en este caso con la media sanción de Diputados , tema que seguramente producirá cataratas de amparos, acciones de inconstitucionalidad de la ley, junto a pedidos de aplicación de la doctrina del acto propio para legisladores, falta de representatividad para actuar, etc.

De prosperar esta ley en Senadores se sentaría precedentes de que cada cual interprete la Constitución a su manera y de caer en innumerables contradicciones jurídicas junto a una asfixiante anarquía o maraña legal. El respeto de lo establecido en las Constituciones Nacional y Provinciales, junto a la mejora de la educación disminuyen la inseguridad jurídica , mejora el riesgo país, colabora para aumentar inversiones en el país, aumenta el valor de las acciones y títulos de la Bolsa, estabiliza el valor del dólar, baja el déficit fiscal, aumenta la producción del país y el ingreso per cápita, fomenta la cultura del trabajo y estabiliza a las familias. Si se busca el reino de Dios y su justicia, lo demás añadido será, Mateo 6:33. Como añadidura tendremos el orden, el crecimiento, la paz y estabilidad que necesitamos.