Por qué Uber sigue siendo ilegal en la Caba, a pesar del fallo que dictaminó la Corte Suprema Por qué Uber sigue siendo ilegal en la Caba, a pesar del fallo que dictaminó la Corte Suprema
La Corte Suprema dictaminó que Uber no es una asociación ilícita ni entorpece el normal funcionamiento del tránsito. Sin embargo, para el gobierno porteño eso no significa que Uber sea legal.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta sostiene que el servicio de autos particulares no está habilitado para funcionar como transporte público y lleva adelante un juicio en su contra por evasión impositiva.
De acuerdo con fuentes judiciales, la Corte Suprema desestimó un recurso de queja del Sindicato de Peones de Taxi y, de esa manera, dejó firme un fallo del juez de instrucción Luis Zelaya que rechazaba la denuncia de los taxistas.
Actividad lícita
El 1° de agosto de 2016, Zelaya aseveró que quienes conducen vehículos de Uber desarrollan "una actividad comercial lícita".
La Cámara del Crimen confirmó ese fallo en noviembre de 2016. El juez Mauro Divito argumentó que no existía delito: "Siempre que la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva, no se advierte cuál sería el delito concreto al que se habría instigado ni los delitos indeterminados que tendría por objeto la supuesta asociación ilícita", escribió.
"Uber es legal en la Argentina. Nuestra actividad está prevista en la ley argentina y así lo confirman distintos fallos de la Justicia. Uber cuenta con Cuit, paga todos los impuestos y cambios recientes en las regulaciones de plataformas pueden hacer que contribuya aún más", indicó la compañía en un comunicado enviado a sus distintos usuarios.
Sin embargo, la Corte aclaró que no se pronunció sobre la legalidad del servicio, sino que rechazó un recurso de queja para intervenir en un caso penal.
"La Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad o no de la actividad de Uber; en un caso desestimó un recurso de queja ante el incumplimiento de recaudos previstos en la acordada 4/2007", escribió María Bourdin, vocera del tribunal, en la red social de Twitter.
