Experto cuestiona la obligatoriedad y la atribución del Gobierno

El profesor de Derecho del Trabajo y director del Posgrado de la Universidad Católica Argentina (UCA) Julián de Diego, cuestionó el bono implementado por el gobierno nacional a la vez que puso en duda la obligatoriedad de esa iniciativa, en una nota publicada en elcronista.com

En primer término, cuestionó que ‘La prestación es no remunerativa, en contra del decreto 633/2018 del Poder Ejecutivo (aprobado el 6 de julio de 2018) que las prohibió desde el 8 de agosto de este año para todo lo que se pacte a través de los convenios colectivos’.

Añadió que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que implementa el bono, señala que ‘refiere a la Ley de Contrato de Trabajo y a la de Convenios Colectivos, ninguna de las cuales faculta al Gobierno Nacional a establecer aumentos salariales obligatorios. Es más, la jurisprudencia de la Corte Suprema fue y es categórica en el sentido de que el Poder Ejecutivo carece de facultades en materia salarial para la actividad privada y en particular determinando que se pague una suma no remunerativa’. Recordó que un caso ‘calcado como el actual se dio en la crisis del 2002 en la que ya pasó por el mismo proceso en la gestión de Kirchner donde se estableció que las asignaciones creadas para atender la emergencia eran inconstitucionales‘. En este punto, se refirió a un caso en particular (González c/POLIMAT) en el cual mediante el DNU 1273/02, se estableció que los trabajadores del sector privado comprendidos en convenciones colectivas de trabajo debían percibir de su empleador una ‘asignación‘ mensual ‘no remunerativa de carácter alimentario‘ ante una situación de deterioro del poder adquisitivo. ‘Mal pudo esa norma dar naturaleza ‘no remunerativa de carácter alimentario‘ a la ‘asignación’ que dispuso, sobre todo cuando el carácter alimentario es propio del salario’, señaló De Diego.

Puntualizó que ‘la Corte expresó que resultan inconstitucionales los decretos de necesidad y urgencia 1273/02, 2641/02 y 905/03 en cuanto desconocen la naturaleza salarial de las prestaciones que establecen’.

Enfatizó que ‘un DNU no adquiere tal condición por la mera decisión del Presidente de adjudicarle ese rótulo, sino cuando se han seguido para su dictado los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional’.

En síntesis ‘se ordenó el pago de un bono sin tener atribuciones para hacerlo, se le atribuyó el carácter de no remunerativo cuando la legislación lo prohibe y la jurisprudencia lo declaró inconstitucional, concede compensaciones, absorciones o pagos a cuenta que solo puede ser materia de la autonomía de la voluntad individual y colectiva, y no distingue las empresas por su dimensión, por el status quo económico o financiero, y sobre todo castiga a las pequeñas empresas que representan el 82% del empleo total’.