Rocchia Ferro subiría su oferta de reparación a $27 millones para obtener la probation

El industrial Jorge Rocchia Ferro, propietario del ingenio La Florida, ofrecería $27 millones para obtener la suspensión del juicio a prueba (probation) en la causa que tiene abierta en la Justicia Federal santiagueña por contaminación.

Como se recordará, el pasado 8 de noviembre, el Tribunal Oral Federal local rechazó su pedido de una probation, para evitar ir a juicio por inundar un pueblo santiagueño con desechos industriales a fines de 2012 y principios de 2013. En esa oportunidad, el empresario había ofertado una reparación económica que rondaba los $18 millones a la localidad El Palomar, del departamento Jiménez, afectada por los vuelcos del ingenio que también produce bioetanol. Esa reparación también incluía equipar con camionetas 4x4, un laboratorio y una lancha, al grupo de técnicos santiagueños que controla que no haya vuelcos de efluentes en la cuenca Salí-Dulce. Incluso, también se había comprometido a dar clases sobre producción limpia en instituciones educativas de Santiago.

Sin embargo, ante la postura inflexible del Ministerio Público Fiscal de querer llevar la causa a juicio, y luego de que la Fiscalía de Estado santiagueña declinara el ofrecimiento, el TOF le asestó un revés al industrial tucumano negándole la probation.

Ahora, según publicó el diario La Gaceta de Tucumán, la compañía Los Balcanes, de la que es propietaria Rocchia Ferro, ofrecería una compensación económica superior. Además, destinaría becas en la Universidad San Pablo -institución educativa ligada a Los Balcanes SA-, a ciudadanos de Santiago del Estero.

El artículo también hace referencia a que este ofrecimiento sería presentado durante esta semana en la Justicia Federal de Santiago del Estero.

De esta manera, buscaría evitar el juicio que también tiene como acusado a José Coronel, gerente de la planta de La Florida.

En oportunidad de denegar la probation, el tribunal había tomado en cuenta los argumentos planteados por la fiscal federal general Indiana Garzón, quien consideró que debía aplicarse una pena al industrial, por la gravedad del delito ambiental. También había considerado que era una "limosna" lo que ofrecía de compensación para reparar los daños que había causado.