Histórica condena a dos empleados de la Anses local por un acto de corrupción

El presidente del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, Abelardo Basbús, condenó a dos empleados de la Anses por extorsión en grado de tentativa. César Luis Cortés y César Federico Ramón Herrera recibieron dos años y medio de prisión en suspenso y, además, deberán realizar tareas comunitarias.

Esto representa un castigo inédito a un acto de corrupción en la Anses por parte de la Justicia Federal. Además, cobra relevancia porque ambos condenados, también están procesados en la causa que investiga la defraudación en más de 30 millones al organismo previsional con pensiones truchas que se otorgaban a personas que se casaban con jubilados fallecidos a través de actas de matrimonio apócrifas. Este caso también se sustancia en la Justicia Federal y tiene más de 30 procesados, entre ex empleados, beneficiarios y un gestor-

cobrador.

El juicio abreviado se produjo luego de un acuerdo entre las defensas de los acusados y el Ministerio Público Fiscal. El mismo consistió en que Herrera y Cortés admitieran el delito y que recibieran una pena de 2 años y medio en suspenso además de realizar tareas comunitarias. Además del juez de Cámara, los acusados, defensores y el fiscal Pedro Simón, también participó por la Anses, el responsable de Asuntos Penales, Andrés Gutiérrez.

Hechos

La causa que terminó con la condena de los empleados de la Anses data de agosto de 2015. Por entonces, Herrera y Cortés intentaron coimear a una mujer oriunda de Loreto que obtuvo una sentencia favorable para cobrar un beneficio por la muerte de su madre docente. La beneficiaria debía percibir una pensión y un retroactivo cercano a los $130.000. Conocedores de este dato, empezaron a "apretar" a la mujer para que le pagara $100.000 o de lo contrario, le harían "caer" el beneficio. Después, bajaron sus pretensiones a $70.000.

Herrera, que se desempeñaba en el área de Verificación, la conminó a efectivizarle la entrega del dinero. Además, le dejó instrucciones para que entregase ese dinero a César Cortés (que estaba en el área de Ingreso de Datos Personales de la Anses). Preocupada, la mujer denunció a nivel nacional en la línea 130 de Anses y las actuaciones se giraron a la Justicia Federal de Santiago del Estero. El fiscal federal de instrucción, Pedro Simón, y efectivos de Gendarmería Nacional, iniciaron una investigación que incluyó pinchaduras de teléfonos y se coordinó un operativo de entrega de dinero para atrapar infraganti marcando billetes y planificando un pago. El dinero lo recibió un tercero en una confitería cercana a la Udai local de la Anses (25 de Mayo), quien llevó la suma a Cortés quien se encontraba en las oficinas del organismo. Allí fue detenido junto con la persona que había retirado el dinero de manos de la mujer, aunque luego fue sobreseído porque se comprobó que no tenía conocimiento del delito sino que fue a retirar un sobre por pedido de Cortés. Por su parte, Herrera permaneció prófugo y se entregó a la Justicia una semana después. Según las pruebas que obran en el expediente, se acreditó la hipótesis formulada en la acusación del fiscal Pedro Simón, en el sentido de que Cortés y Herrera se valieron de su calidad de empleados y el acceso a información privilegiada para pergeñar la extorsión.

Luego de tres años de iniciada la causa, ambos empleados recibieron dos años y medio de prisión en suspenso; pero además están obligados por cuatro años, a fijar residencia, someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas y realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, en un lugar que se determinará oportunamente, una vez al mes, por el término de cuatro horas. De no cumplir con estas pautas, se les revocaría la condicionalidad de la condena.