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Inhibición de bienes y embargo por $600 millones para los cuatro imputados

La magistrada hizo lugar al requerimiento de Fiscalía de Estado en su carácter de querellante.

- 00:00 Policiales

La Justicia fijó un embargo por $150 millones a cada uno de los cuatro imputados que tiene la causa por sobreprecios en combustibles que se vendía al Estado provincial. Fueron alcanzados por este fallo dos propietarios de estaciones de servicios y dos ex funcionarios públicos (uno renunció y el otro fue apartado provisoriamente), sospechados de haber pergeñado un millonario desfalco con sobreprecios en combustibles en perjuicio del Estado Provincial. La resolución fue adoptada por la jueza de Control y Garantías, Dra. Cecilia Vittar, después de una audiencia en la que la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Érika Leguizamón, y el abogado de Fiscalía de Estado en su carácter de querellante, Dr. Marcelo Acuña, fijaron sus posturas. Cabe señalar que la medida cautelar de inhibir los bienes y fijar un embargo a los imputados, había sido requerida por Fiscalía de Estado. Fuentes calificadas explicaron que se trata de un monto provisorio y que podría variar con el avance de la investigación (se discriminaría más adelante). También, que el embargo se aplicará sólo sobre los bienes registrables. La medida alcanza a los cuatro sospechosos y a las empresas que tengan a su nombre, ya que uno de los estacioneros es propietario de dos firmas. Después de un extenso debate para definir si era necesaria y los alcances de la medida, la Dra. Vittar terminó haciendo lugar al pedido y fijó la inhibición de bienes para los dos estacioneros, Tomás Abdala y Ramón Jorge, así como también al ex contador general de la provincia, Aldo Basbús, y Felipe Zavaleta, uno de los encargados del Fondo Único de Combustibles. Ahora se confeccionarán los oficios para materializar la medida, la cual se circunscribe sólo a los imputados, por el momento. El caso El Ministerio Público Fiscal de la provincia investiga una supuesta maniobra fraudulenta a través de la cual propietarios de estaciones de servicio y algunos ex funcionarios habrían pergeñado un millonario desfalco a las arcas del Estado provincial. El proceso se inició a partir de una auditoría ordenada por el ministro de Economía Atilio Chara y que fuera realizada en el área del Fondo Único de Combustibles, dependiente de Contaduría General de la Provincia. El informe reveló que se cobraban montos mayores a los que figuraban en los surtidores e involucró a más de 30 estaciones de servicios de la provincia. En una primera auditoría, los peritos habrían establecido que en 18 meses entre 2017 y 2018 habrían facturado $100 millones. Actualmente, en la investigación se habría fijado que hasta el momento el desfalco ascendería a $150 millones. Basbús fue imputado por el supuesto delito de "jefe de asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público y defraudación calificada en perjuicio del Estado provincial"; sobre Zabaleta pesarían cargos por "miembro de asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público y defraudación calificada en perjuicio del Estado", mientras que los dos estacioneros fueron imputados como "miembros de asociación ilícita y defraudación calificada en perjuicio del Estado provincial".

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