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Crisis en Venezuela

Por Mg. Pedro José Basbus Magistrado, Profesor Asociado, Cátedra de Derecho Internacional Público, Ucse Especial para EL LIBERAL

- 09:52 Opinión

E l 23 de enero del año 2019 marcará un antes y un después en la historia política de Venezuela.
 No es la primera vez que el país caribeño transita una crisis política. Basta recordar en los albores del siglo XX cuando soportó el bloqueo naval en distintos puertos (vgr. La Guaira, Maracaibo,  Cabello) por potencias europeas (vgr. Reino Unido, Alemania y el Reino de Italia en ese entonces) quienes pretendían el cobro compulsivo de la deuda externa venezolana (que en ese entonces era impagable producto de la irresponsabilidad de sus gobernantes y una crisis política -una más- que azotaba al país) bloqueo que terminaría con la firma del Protocolo de Washington por el cual, luego de la mediación de los EE.UU.,  Venezuela pagaría su deuda en plazos y con  el 30% de sus ingresos de aduana.
 ¿Cómo comenzó a gestarse la actual crisis?
 Las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019 fueron el proceso electoral posterior a la muerte del presidente anteriormente electo Hugo Chávez; que de acuerdo con la Constitución debieron convocarse en los 30 días siguientes al fallecimiento presidencial. Las elecciones se realizaron el domingo 14 de abril de 2013. 
 El Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del Poder Electoral encargado constitucionalmente para el desarrollo de todos los procesos electorales en Venezuela, convocó formalmente el proceso el 9 de marzo de 2013, cuatro días después de la muerte de Chávez. Las principales coaliciones que disputaban en la elección fueron el Gran Polo Patriótico (GPP), que respaldaba la elección de Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, designado por Hugo Chávez en caso de presentarse elecciones presidenciales de él no juramentarse por cualquier eventualidad (en este caso su deceso) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), representada por Henrique Capriles Radonski, del partido Primero Justicia, y candidato a la anterior elección, que además había sido electo en las elecciones primarias de la MUD el 12 de febrero de 2012.
 El proceso de postulaciones se llevó a cabo los días 10 y 11 de marzo, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se recibió la postulación de ocho candidatos, se admitieron siete candidaturas y finalmente participaron seis tras el retiro del abanderado del partido Joven.
 Los partidos de la coalición Gran Polo Patriótico (GPP) respaldaron a Nicolás Maduro, en ese momento presidente interino, como candidato presidencial. Catorce partidos presentaron tarjetones separados con Maduro como candidato: Partido Socialista Unido de Venezuela, Patria Para Todos, Por la Democracia Social, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo, Unidad Popular Venezolana, Partido REDES, Independientes por la Comunidad Nacional, Organización Renovadora Auténtica, Juventud Unidad en Acción Nacional con Bimba, Nuevo Camino Revolucionario, Partido Revolucionario del Trabajo y Corrientes Revolucionarias Venezolanas.
 La coalición  de la Unidad Democrática (MUD) presentó un tarjetón unitario apoyando a Henrique Capriles, excandidato presidencial de la misma coalición para las pasadas elecciones y gobernador del estado Miranda, como candidato presidencial
 Nicolás Maduro ganó estos comicios por el 50.61 % de los votos. El 19 de abril de 2013 inició su mandato formal para culminar el período constitucional 2013-2019.
 Estas elecciones fueron impugnadas por el candidato opositor Capriles quién denunció el fraude eleccionario y solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el recuento de los votos, petición apoyada por distintos países tales como los EE.UU., Francia, España, Paraguay y el Secretario General de la OEA.
 Forzoso es decir que desde el CNE, organismo coptado  por el chavismo, se ratificó la victoria de Maduro, lo que provocaron el rechazo de la oposición, las manifestaciones públicas en contra del nuevo gobierno y la persecución de los opositores por parte de éste.
 Necesariamente debemos decir que Nicolás Maduro no tenía (y no tiene) la impronta de su antecesor Hugo Chávez. Consecuencia de ello fue la imperiosa alianza con el Ejército (Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas) entente por la cual el presidente electo sellaría su destino puesto que debió otorgar ministerios a los uniformados, más allá de ciertas prebendas y actos de corrupción que ello supuso.
 Mientras tanto Venezuela, quinto productor mundial de petróleo, profundizó su crisis económica que ya había comenzado allende el mandato de Chávez desde la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo (recuerde el lector que durante el mandato de Chávez, en los años 2003/2005, el petróleo en sus distintas variedades tuvo un precio que osciló entre los U$S 100/U$S 150 el barril, muy distinto al actual precio de U$S 54 por barril). 
 Esta crisis se agudiza frente a la escasez de productos de la canasta básica, el férreo control de cambios, la inflación galopante,  el cierre de empresas, la caída del PBI, la estanflación, la corrupción política sumado a ello la pérdida de las libertades civiles y políticas en especial el arco de la oposición, lo que motivara la crítica y el rechazo de  distintos países de la comunidad internacional, en especial los EE.UU.
 En este estado de las cosas, arribamos al período 2014/2017 durante el cual Venezuela va agudizar la crisis política ya enquistada.
 En diciembre de 2015, la oposición obtuvo las dos terceras partes de los escaños en la Asamblea Nacional (AN). En enero de 2016, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), elegido por la AN saliente afín al chavismo en diciembre de 2015,  citando irregularidades en la elección de los diputados del estado de Amazonas, declaró “en desacato” a la Asamblea Nacional y negó validez jurídica a todas sus decisiones. Ese mismo año, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inició un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que fue suspendido indefinidamente en octubre de 2016 por el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo que era demostrativo de la profunda grieta abierta en el corazón de la sociedad venezolana.
 De más está decir que esta espiralización de la crisis provocó la migración masiva de casi 2,5 millones de venezolanos a distintos países de la región, la mayor migración latinoamericana que se ha registrado hasta el momento, como asimismo la constitución en el exterior de un Tribunal Supremo de Justicia venzolano, a raíz de las persecuciones llevadas a cabo en contra de sus integrantes y por fuerzas paraestatales afines al gobierno.
 Desde 2015, las encuestas develaron un declive progresivo del número de votantes potenciales al principal partido que ha gobernado durante la crisis, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados del Gran Polo Patriótico. Este desgaste se manifestó de manera particularmente clara en las ya referidas elecciones parlamentarias de 2015. A partir de junio de 2016 todas las encuestas revelaron un fuerte aumento de apoyo hacia la MUD que a principios de 2015 era la primera fuerza en intención de voto, y parecía tener posibilidades de alcanzar el gobierno en las elecciones presidenciales de 2018. 
 También es necesario decir que  la Asamblea Nacional venezolana, que había sido declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, declaró la “ruptura del orden constitucional” en Venezuela en sesión extraordinaria y con posterioridad a ello, el  3 de julio de 2017 la oposición venezolana anuncia la realización de una consulta nacional por medio de la Asamblea Nacional, el cual tendría como motivo consultar a los venezolanos si estaban de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente, ya que para la convocatoria de esta tendría que hacerse un referéndum consultivo donde la población votaría sí y no, cosa que no se hizo por parte del gobierno poniendo en duda la legalidad del proceso constituyente. Esta consulta popular confirmó la participación de 7,6 millones de votantes donde el 98 % votaron tres veces sí en el proceso, rechazando la Asamblea Nacional Constituyente, pidiendo la renovación de poderes públicos y legalidad de la Asamblea Nacional de Mayoría opositora electa diciembre de 2015.
 Y así arribamos a las elecciones presidenciales 2019/2025 llevadas a cabo en mayo del año 2018 en donde se reelige a Maduro para el período citado, en medio de la crisis económica más grande que pudo soportar Venezuela con una inflación estimada en 10.000.000%, la masiva migración de nacionales, la oposición soslayada, perseguida e impedida de participar en la contienda electoral, sus líderes encarcelados, con necesidades básicas insatisfechas y altos niveles de corrupción y acusaciones de narcotráfico. Maduro es reelecto lo que provoca el rechazo de la Asamblea Nacional Legislativa y de distintos países que ya se habían expresado al respecto.
 La Asamblea Nacional desconoce la investidura de Maduro y proclama Presidente Interino de Venezuela a Juan Guaidó, Gobierno que fue reconocido por distintos países entre ellos los integrantes del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Canadá, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, con la ausencia de México.
 Este grupo nace en la Declaración de Lima del 08 de agosto de 2017 por el cual los estados mencionados anteriormente se dieron cita para seguir de cerca el proceso en Venezuela y buscar una salida pacífica a su crisis, ante la imposibilidad de lograr mayorías en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA). De suyo es que este Grupo es crítico del Gobierno de Maduro, reconoció al nuevo presidente interino y solicita elecciones en el breve plazo con la participación de todos los actores políticos.
 La actualidad
 Venezuela hoy es el único país en el mundo que tiene dos presidentes. Uno elegido constitucionalmente, empero este resultado ha sido cuestionado por su ilegitimidad denunciada según lo que se ha citado en parágrafos anteriores.
 Como integrante del Mercosur, Venezuela se encuentra suspendida según  resolución de sus integrantes de fecha 05 de agosto de 2017 por la cual se decide aplicar el artículo 6 del Protocolo de Ushuaia (que establece el compromiso democrático de todos los integrantes del Bloque).
 La Carta de la OEA, luego de la reforma acaecida en Lima en septiembre del año 2001, prevé en sus artículos 18 a 22, la denominada Cláusula Democrática, por la cual la Organización Regional entiende que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de América y, en virtud de ello, puede enviar a sus representantes a los fines de que observen el estado de las cosas en el país cuyo orden constitucional se encuentre en peligro, interceda en su restablecimiento mediante sus buenos oficios y de no ser ello posible, incrementar las sanciones que pueden llegar hasta la suspensión del estado miembro.
 Va de suyo que, por esta cláusula, la alteración del orden constitucional es un obstáculo insuperable para la participación del Estado en el seno de la organización. No obstante, debemos decir que todas las resoluciones que se adopten al respecto en el seno de la Organización de los Estados Americanos, deben contar con la mayoría agravada de los 2/3 de los miembros presentes y votantes, número que hasta la fecha no ha podido lograrse (por ello nace la Declaración de Lima).
 EL Presidente de los EE.UU. ha señalado que “todas las opciones se encuentran sobre la mesa”, en una clara alusión a una (lamentable) intervención militar. Es de desear que ello no acontezca so pena de regresar a los albores del siglo XX en una práctica rechazada por el derecho internacional.
 Partiendo de la base de que cada Estado es soberano para reconocer el nacimiento de nuevos gobiernos y que la temporalidad de hacerlo es parte integrante de esa decisión soberana, la República Argentina ha obrado en consonancia con el eje EE.UU/Brasil. 
 Asimismo debemos indicar que, desde la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas celebrada en el año 2005, se ha puesto en crisis el denominado principio de no intervención cuando existe en el Estado, una verdadera crisis humanitaria por atrocidades masivas o violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
 Mas allá de ello, es dable esperar que cualquier decisión acerca del nuevo gobierno se resuelva mediante el diálogo fecundo de los actores internacionales. Mercosur  ha demostrado su poca viabilidad, sin perjuicio de la sanción impuesta a Venezuela. Unasur no ha emitido opinión al respecto (Argentina y Brasil ya han manifestado su intención de retirarse de esta organización). Resta insistir en la OEA y eventualmente en la  ONU (aunque en esta Organización, en especial en el Consejo de Seguridad, habrá que superar la oposición de Rusia y  China hoy aliados de Maduro).
 No debe olvidarse que en el medio se encuentra el pueblo de Venezuela, el cual ya sufre las consecuencias de las diatribas de sus gobernantes.  l

El 23 de enero del año 2019 marcará un antes y un después en la historia política de Venezuela. No es la primera vez que el país caribeño transita una crisis política. Basta recordar en los albores del siglo XX cuando soportó el bloqueo naval en distintos puertos (vgr. La Guaira, Maracaibo,  Cabello) por potencias europeas (vgr. Reino Unido, Alemania y el Reino de Italia en ese entonces) quienes pretendían el cobro compulsivo de la deuda externa venezolana (que en ese entonces era impagable producto de la irresponsabilidad de sus gobernantes y una crisis política -una más- que azotaba al país) bloqueo que terminaría con la firma del Protocolo de Washington por el cual, luego de la mediación de los EE.UU.,  Venezuela pagaría su deuda en plazos y con  el 30% de sus ingresos de aduana. 

¿Cómo comenzó a gestarse la actual crisis? Las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019 fueron el proceso electoral posterior a la muerte del presidente anteriormente electo Hugo Chávez; que de acuerdo con la Constitución debieron convocarse en los 30 días siguientes al fallecimiento presidencial. Las elecciones se realizaron el domingo 14 de abril de 2013.  

El Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del Poder Electoral encargado constitucionalmente para el desarrollo de todos los procesos electorales en Venezuela, convocó formalmente el proceso el 9 de marzo de 2013, cuatro días después de la muerte de Chávez. Las principales coaliciones que disputaban en la elección fueron el Gran Polo Patriótico (GPP), que respaldaba la elección de Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, designado por Hugo Chávez en caso de presentarse elecciones presidenciales de él no juramentarse por cualquier eventualidad (en este caso su deceso) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), representada por Henrique Capriles Radonski, del partido Primero Justicia, y candidato a la anterior elección, que además había sido electo en las elecciones primarias de la MUD el 12 de febrero de 2012. El proceso de postulaciones se llevó a cabo los días 10 y 11 de marzo, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se recibió la postulación de ocho candidatos, se admitieron siete candidaturas y finalmente participaron seis tras el retiro del abanderado del partido Joven. Los partidos de la coalición Gran Polo Patriótico (GPP) respaldaron a Nicolás Maduro, en ese momento presidente interino, como candidato presidencial.

Catorce partidos presentaron tarjetones separados con Maduro como candidato: Partido Socialista Unido de Venezuela, Patria Para Todos, Por la Democracia Social, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo, Unidad Popular Venezolana, Partido REDES, Independientes por la Comunidad Nacional, Organización Renovadora Auténtica, Juventud Unidad en Acción Nacional con Bimba, Nuevo Camino Revolucionario, Partido Revolucionario del Trabajo y Corrientes Revolucionarias Venezolanas. La coalición  de la Unidad Democrática (MUD) presentó un tarjetón unitario apoyando a Henrique Capriles, excandidato presidencial de la misma coalición para las pasadas elecciones y gobernador del estado Miranda, como candidato presidencial Nicolás Maduro ganó estos comicios por el 50.61 % de los votos.

El 19 de abril de 2013 inició su mandato formal para culminar el período constitucional 2013-2019. Estas elecciones fueron impugnadas por el candidato opositor Capriles quién denunció el fraude eleccionario y solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el recuento de los votos, petición apoyada por distintos países tales como los EE.UU., Francia, España, Paraguay y el Secretario General de la OEA. Forzoso es decir que desde el CNE, organismo coptado  por el chavismo, se ratificó la victoria de Maduro, lo que provocaron el rechazo de la oposición, las manifestaciones públicas en contra del nuevo gobierno y la persecución de los opositores por parte de éste. Necesariamente debemos decir que Nicolás Maduro no tenía (y no tiene) la impronta de su antecesor Hugo Chávez.

Consecuencia de ello fue la imperiosa alianza con el Ejército (Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas) entente por la cual el presidente electo sellaría su destino puesto que debió otorgar ministerios a los uniformados, más allá de ciertas prebendas y actos de corrupción que ello supuso. 

Mientras tanto Venezuela, quinto productor mundial de petróleo, profundizó su crisis económica que ya había comenzado allende el mandato de Chávez desde la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo (recuerde el lector que durante el mandato de Chávez, en los años 2003/2005, el petróleo en sus distintas variedades tuvo un precio que osciló entre los U$S 100/U$S 150 el barril, muy distinto al actual precio de U$S 54 por barril).  

Esta crisis se agudiza frente a la escasez de productos de la canasta básica, el férreo control de cambios, la inflación galopante,  el cierre de empresas, la caída del PBI, la estanflación, la corrupción política sumado a ello la pérdida de las libertades civiles y políticas en especial el arco de la oposición, lo que motivara la crítica y el rechazo de  distintos países de la comunidad internacional, en especial los EE.UU. En este estado de las cosas, arribamos al período 2014/2017 durante el cual Venezuela va agudizar la crisis política ya enquistada. En diciembre de 2015, la oposición obtuvo las dos terceras partes de los escaños en la Asamblea Nacional (AN).

En enero de 2016, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), elegido por la AN saliente afín al chavismo en diciembre de 2015,  citando irregularidades en la elección de los diputados del estado de Amazonas, declaró “en desacato” a la Asamblea Nacional y negó validez jurídica a todas sus decisiones. Ese mismo año, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inició un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que fue suspendido indefinidamente en octubre de 2016 por el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo que era demostrativo de la profunda grieta abierta en el corazón de la sociedad venezolana. 

De más está decir que esta espiralización de la crisis provocó la migración masiva de casi 2,5 millones de venezolanos a distintos países de la región, la mayor migración latinoamericana que se ha registrado hasta el momento, como asimismo la constitución en el exterior de un Tribunal Supremo de Justicia venzolano, a raíz de las persecuciones llevadas a cabo en contra de sus integrantes y por fuerzas paraestatales afines al gobierno. Desde 2015, las encuestas develaron un declive progresivo del número de votantes potenciales al principal partido que ha gobernado durante la crisis, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados del Gran Polo Patriótico.

Este desgaste se manifestó de manera particularmente clara en las ya referidas elecciones parlamentarias de 2015. A partir de junio de 2016 todas las encuestas revelaron un fuerte aumento de apoyo hacia la MUD que a principios de 2015 era la primera fuerza en intención de voto, y parecía tener posibilidades de alcanzar el gobierno en las elecciones presidenciales de 2018.  

También es necesario decir que  la Asamblea Nacional venezolana, que había sido declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, declaró la “ruptura del orden constitucional” en Venezuela en sesión extraordinaria y con posterioridad a ello, el  3 de julio de 2017 la oposición venezolana anuncia la realización de una consulta nacional por medio de la Asamblea Nacional, el cual tendría como motivo consultar a los venezolanos si estaban de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente, ya que para la convocatoria de esta tendría que hacerse un referéndum consultivo donde la población votaría sí y no, cosa que no se hizo por parte del gobierno poniendo en duda la legalidad del proceso constituyente.

Esta consulta popular confirmó la participación de 7,6 millones de votantes donde el 98 % votaron tres veces sí en el proceso, rechazando la Asamblea Nacional Constituyente, pidiendo la renovación de poderes públicos y legalidad de la Asamblea Nacional de Mayoría opositora electa diciembre de 2015. Y así arribamos a las elecciones presidenciales 2019/2025 llevadas a cabo en mayo del año 2018 en donde se reelige a Maduro para el período citado, en medio de la crisis económica más grande que pudo soportar Venezuela con una inflación estimada en 10.000.000%, la masiva migración de nacionales, la oposición soslayada, perseguida e impedida de participar en la contienda electoral, sus líderes encarcelados, con necesidades básicas insatisfechas y altos niveles de corrupción y acusaciones de narcotráfico.

Maduro es reelecto lo que provoca el rechazo de la Asamblea Nacional Legislativa y de distintos países que ya se habían expresado al respecto. La Asamblea Nacional desconoce la investidura de Maduro y proclama Presidente Interino de Venezuela a Juan Guaidó, Gobierno que fue reconocido por distintos países entre ellos los integrantes del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Canadá, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, con la ausencia de México. 

Este grupo nace en la Declaración de Lima del 08 de agosto de 2017 por el cual los estados mencionados anteriormente se dieron cita para seguir de cerca el proceso en Venezuela y buscar una salida pacífica a su crisis, ante la imposibilidad de lograr mayorías en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA). De suyo es que este Grupo es crítico del Gobierno de Maduro, reconoció al nuevo presidente interino y solicita elecciones en el breve plazo con la participación de todos los actores políticos. 

La actualidad 

Venezuela hoy es el único país en el mundo que tiene dos presidentes. Uno elegido constitucionalmente, empero este resultado ha sido cuestionado por su ilegitimidad denunciada según lo que se ha citado en parágrafos anteriores. 

Como integrante del Mercosur, Venezuela se encuentra suspendida según  resolución de sus integrantes de fecha 05 de agosto de 2017 por la cual se decide aplicar el artículo 6 del Protocolo de Ushuaia (que establece el compromiso democrático de todos los integrantes del Bloque). 

La Carta de la OEA, luego de la reforma acaecida en Lima en septiembre del año 2001, prevé en sus artículos 18 a 22, la denominada Cláusula Democrática, por la cual la Organización Regional entiende que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de América y, en virtud de ello, puede enviar a sus representantes a los fines de que observen el estado de las cosas en el país cuyo orden constitucional se encuentre en peligro, interceda en su restablecimiento mediante sus buenos oficios y de no ser ello posible, incrementar las sanciones que pueden llegar hasta la suspensión del estado miembro. 

Va de suyo que, por esta cláusula, la alteración del orden constitucional es un obstáculo insuperable para la participación del Estado en el seno de la organización. No obstante, debemos decir que todas las resoluciones que se adopten al respecto en el seno de la Organización de los Estados Americanos, deben contar con la mayoría agravada de los 2/3 de los miembros presentes y votantes, número que hasta la fecha no ha podido lograrse (por ello nace la Declaración de Lima). 

El Presidente de los EE.UU. ha señalado que “todas las opciones se encuentran sobre la mesa”, en una clara alusión a una (lamentable) intervención militar. Es de desear que ello no acontezca so pena de regresar a los albores del siglo XX en una práctica rechazada por el derecho internacional. 

Partiendo de la base de que cada Estado es soberano para reconocer el nacimiento de nuevos gobiernos y que la temporalidad de hacerlo es parte integrante de esa decisión soberana, la República Argentina ha obrado en consonancia con el eje EE.UU/Brasil.  

Asimismo debemos indicar que, desde la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas celebrada en el año 2005, se ha puesto en crisis el denominado principio de no intervención cuando existe en el Estado, una verdadera crisis humanitaria por atrocidades masivas o violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 

Mas allá de ello, es dable esperar que cualquier decisión acerca del nuevo gobierno se resuelva mediante el diálogo fecundo de los actores internacionales. Mercosur  ha demostrado su poca viabilidad, sin perjuicio de la sanción impuesta a Venezuela. Unasur no ha emitido opinión al respecto (Argentina y Brasil ya han manifestado su intención de retirarse de esta organización). Resta insistir en la OEA y eventualmente en la  ONU (aunque en esta Organización, en especial en el Consejo de Seguridad, habrá que superar la oposición de Rusia y  China hoy aliados de Maduro). No debe olvidarse que en el medio se encuentra el pueblo de Venezuela, el cual ya sufre las consecuencias de las diatribas de sus gobernantes.  

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