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Amplían acusación contra Cristina y piden indagarla nuevamente

La familia Kirchner perdió el manejo pleno de sus hoteles en 2018 cuando el juez Ercolini ordenó la intervención de Idea SA.

- 00:00 Política

A semanas de que el primer tramo de la causa Hotesur SA (firma dueña del hotel Alto Calafate) sea elevada a juicio oral, el fiscal Gerardo Pollicita decidió ampliar la acusación contra Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y los demás 15 imputados.

Apuntará nuevamente contra ellos por nuevas pruebas de lavado de dinero y solicitará que todos sean indagados otra vez. En esta parte del expediente se incluye a la empresa Idea SA, que administró el hotel de los Kirchner cuando Báez dejó de realizar esta tarea.

La familia Kirchner perdió el manejo pleno de sus hoteles en 2018 cuando el juez Julián Ercolini, a pedido de la fiscalía, ordenó la intervención plena de Idea SA firma que gerenciaba entonces los hoteles Las Dunas, La Aldea y el Alto Calafate.

Varios acusados

Esta medida se ejecutó a raíz de la deuda que la empresa mantiene con Hotesur (propiedad de Cristina Kirchner) por más de $ 2 millones, la falta de "colaboración de Idea con el interventor de Hotesur" y la ausencia de libros contables y societarios de la firma que maneja Osvaldo Sanfelice, presunto testaferro K.

En este caso, también están acusados Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), y Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner que decidió sumarse como arrepentido en la causa de los cuadernos.

Idea SA tuvo como único cliente a los Kirchner. Manejó desde su constitución los tres hoteles después que Báez, preso por lavado de dinero, dejó de gerenciar los hospedajes que entonces pertenecían a la ex presidenta. Desde 2016, las acciones fueron transferidas en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner, procesados por maniobras de blanqueo, justamente a través del negocio hotelero con el empresario K.

En el marco de dicha causa, conocida como Hotesur SA, se ordenó primero una veeduría jurídico contable de tipo informativa para determinar el estado de sus bienes y los pormenores de los negocios y actividades que la empresa realizaba, "con la finalidad de conocer y controlar el funcionamiento de las firmas, sin interferir en su administración".

Pero la Justicia entendió luego que una veeduría no era suficiente al momento de garantizar "un eventual decomiso", y cuando el fiscal detectó irregularidades en Idea, se requirió la intervención total de las empresas, con el fin de mantener el patrimonio de las mismas.

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