Eskenazi enfrenta diversas causas relacionadas con la corrupción kirchnerista

El grupo empresario Petersen, de la familia Eskenazi afronta en la justicia diversas denuncias relacionadas con la corrupción, ligadas a los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, que se suman a la sospechosa adquisición, en su momento, de YPF.

Con cuatro bancos en su haber y una empresa constructora, como principales actividades, el grupo Eskenazi, hoy administrado por Sebastián, hijo de Enrique, debe rendir cuentas a la justicia, en todos los casos por sospecha de corrupción en negocios ligados con el Estado.

El Grupo Petersen es dueño de los bancos Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa), Banco de San Juan, Nuevo Banco de Santa Fe y Banco de Santa Cruz. Asimismo, como de la empresa constructora Petersen, Thiele y Cruz.

Como se recordará, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, involucró a Sebastián Eskenazi en las coimas de los "cuadernos K", al declarar en la justicia que recibía el dinero negro que manejaba el fallecido Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner. Sin embargo desde el grupo Petersen lo desmintieron. No eran montos menores, se habla de unos 150 millones de dólares.

Manzanares contó que Muñoz se jactaba de haber manejado tanto dinero y que hablaba de una pileta llena de plata. Además, que le contó que había un lugar, que no pudo precisar, cuya llave sólo tenían él (Muñoz) y Sebastián Eskenazi.

Hace pocos meses, Eskenazi, volvió a ser noticia nacional, cuando en noviembre de 2018 se conoció que la Justicia Federal de San Juan condenó al Banco San Juan SA y a la plana mayor de la entidad al pago de una multa de u$s17,7 millones, por una grave simulación de venta de dólares.

La causa se originó en el desprendimiento de otras actuaciones iniciadas en 2008, mediante la cual el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió instruir un sumario. Se basó en presuntos excesos cometidos por la entidad bancaria y sus autoridades en operaciones cambiarias que se institucionalizaban y luego iban al mercado negro.

Además, la conocida empresa constructora Petersen, Thiele y Cruz fue denunciada por Vialidad Nacional por obras en la ruta nacional 3, que va desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, pasando por Santa Cruz, sospechadas de corrupción. El kirchnerismo le había otorgado una licitación para construcción de obras, pero el convenio sufrió cuatro modificaciones y lo que era construcción pasó a ser un mero mantenimiento de la vía.

El caso más resonante fue el de la adquisición de acciones de YPF, sin prácticamente tener que desembolsar dinero, que generó un escándalo de proporciones, que aún repercute atento a la demanda que afronta el país en tribunales de los EE.UU. por maniobras realizadas en oportunidad del ingreso de los Eskenazi.

Todo comienza cuando la española Repsol, propietaria de YPF decidió cederle el 14,9% de las acciones de YPF al grupo Petersen, de la familia Eskenazi en 2011. Luego, había una opción para que los empresarios locales se hicieran de hasta un 25% de la petrolera. Pero esa operación no se llegó a concretar, porque la expropiación -en abril de 2013- se interpuso.

El traspaso de las acciones de Repsol a Petersen estuvo plagado de particularidades: la familia Eskenazi casi no puso dinero para una compra de esta magnitud, y recibió un préstamo por parte del vendedor, para realizar la transacción. A cambio, se comprometió a determinados niveles de giro de dividendos. Que en ese entonces estaban prohibidos o muy acotados por el gobierno de Cristina Kirchner.

Cuando se concretó la expropiación, los Eskenazi no tuvieron más los fondos -ya que los obtenían de la misma YPF- para seguir pagando lo que compraron. Por eso, sus acciones terminaron yendo a distintos bancos que habían oficiado de prestamistas y garantes.

Petersen quedó con un derecho a litigar, que es una oportunidad única para los fondos de inversión. Como no recibió compensación por sus acciones, se declaró víctima de la expropiación estatal. Aunque el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, prometió no pagar nada por la expropiación en el Congreso, terminó oblando u$s 4.800 millones para bajar los litigios de Repsol. Ese torrente de dinero abrió los ojos para las empresas expertas en comprar "juicios".

La empresa que posee el juicio de Petersen contra el Estado nacional reclama por la aplicación de una cláusula. Cuando un accionista se va a quedar con el control de la compañía -el 51% de las acciones-, tiene que hacerle una oferta de adquisición al resto de los accionistas. YPF no cumplió ese procedimiento, porque se amparó en la ley de expropiación.

Tremendas acciones y omisiones por parte del Estado argentino a favor de un empresario, sin dudas dejan margen para la sospecha de favorecer económicamente desde la función pública, abriendo las puertas a la corrupción.